Alberto Fujimori, dos décadas de un controvertido legado político

Lima/La trayectoria política del expresidente peruano Alberto Fujimori, muerto este miércoles a los 86 años –el mismo día que la de su principal enemigo, Abimael Guzmán, fundador del grupo armado de orientación maoísta Sendero Luminoso–, acumula más de dos décadas de un controvertido legado del que algunos sectores destacan su rol en la estabilización económica del país y la derrota del terrorismo, y otros recuerdan sus violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

El ex mandatario nació el 28 de julio de 1938 en Lima, en una familia de inmigrantes japoneses y en la capital peruana estudió Matemáticas y Física, antes de continuar estudios de posgrado en Francia y Estados Unidos. A su regreso al país comenzó a trabajar como profesor y rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

En 1989 fundó su partido Cambio 90, con el que ganó la primera vuelta de las presidenciales al escritor Mario Vargas Llosa en junio. Un mes después, en julio de 1990 fue elegido presidente y, apenas dos años más tarde ejecutó un autogolpe de Estado, mediante el que disolvió el Congreso y modificó la Constitución. Esto le otorgó mayor control del país para combatir la inflación y el terrorismo.

En 1993 aprobó una nueva Constitución que le permitía ser reelegido, lo que logró en 1995, tras una intensa campaña contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En 1993 aprobó una nueva Constitución que le permitía ser reelegido, lo que logró en 1995, tras una intensa campaña contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

Durante su segundo mandato, en 1996, MRTA toma la embajada de Japón en Lima y Fujimori ordena una operación militar para rescatar a los rehenes. Esa intervención se saldó con 17 muertos (los 14 asaltantes, dos militares y un rehén), a pesar de lo cual mejora su popularidad.

Pero a finales de los 90 comienzan a surgir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y corrupción en su Gobierno, incluyendo la creación de escuadrones de la muerte y la manipulación de los medios de comunicación.

Fujimori gana sus terceras elecciones en 2000, pero llueven las acusaciones de fraude, una situación que se agrava al difundirse un video que revela la corrupción de su asesor Vladimiro Montesinos. El mandatario aprovecha un viaje internacional para exiliarse a Japón, que le otorga la ciudanía, complicando la extradición solicitada por Perú y rechazada por Tokio.

En 2005, el ex presidente viaja sorpresivamente a Chile, donde es arrestado y se ejecuta su extradición para enfrentarse a cargos por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Es condenado a 25 años de prisión en 2009 por abusos a los derechos humanos, incluidas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Hasta 2018, Fujimori estuvo en prisión con frecuentes problemas de salud y en medio de campañas de sus seguidores, que pedían su libertad por motivos humanitarios. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorga un polémico indulto finalmente, lo que provoca protestas en Perú y el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El indulto fue revocado por la Corte Suprema y Fujimori regresó a prisión, donde se mantuvo bajo un régimen especial por sus problemas de salud hasta su muerte este miércoles. Su fallecimiento impedirá otros juicios abiertos en su contra y por los que miles de víctimas siguen esperando reparación.

Su fallecimiento impedirá otros juicios abiertos en su contra y por los que miles de víctimas siguen esperando reparación

Uno de ellos es el de las esterilizaciones forzosas, un plan diseñado y presentado como "control de la natalidad" que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.

Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo "cuotas" para los médicos a cargo de las operaciones.

Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y ha incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.

En agosto pasado, la Justicia peruana confirmó la anulación de la acusación penal contra el ex presidente, lo que dejó sin efecto todas las diligencias y actos procesales realizadas entre 2021 y 2023. Esta decisión, según reportaron entonces medios locales, ratificó que el caso debía regresar hasta la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía, es decir hasta marzo de 2019.

Otro es el caso Pativilca. Eternamente asociado a Fujimori queda para la historia su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el hombre fuerte de su gobierno, que fue condenado en enero pasado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, precisó entonces que esta condena se considera "compurgada" (ya cumplida) porque el ex asesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la "autoría mediata" (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.

La Fiscalía pidió que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión. Los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la "conclusión anticipada" por lo cual debían seguir siendo enjuiciados.

También estaba pendiente un juicio por la venta de armas a las FARC

También estaba pendiente un juicio por la venta de armas a las FARC. La Procuraduría peruana anunció en enero que la Corte Suprema de Chile –país que, por haber detenido a Fujimori, debe aprobar cada nueva causa– había aprobado una petición para ampliar los delitos por los que el ex presidente fue extraditado en 2007.

Pese a que no aclaró de qué delitos se trataba, medios locales indicaron que figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999. En este caso es acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).

Por último, también ha pesado una acusación contra Fujimori por el ‘Caso Chavimochic’. En este proceso, el ex mandatario era acusado de haber autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que un amigo suyo, Augusto Miyagusuku, comprara terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en el norteño departamento de La Libertad.

Según la prensa peruana, que citó a la acusación fiscal, la compra de los terrenos fue "producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último".

Adicionalmente, y con menos recorrido hasta el momento, Fujimori era reclamado por otros casos como los de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro (1992) y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima (1997) o el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo Colina.

En Perú, las sombras de la corrupción, los abusos de poder, las investigaciones judiciales y las tragedias personales han perseguido a sus ex mandatarios, con el consiguiente impacto en su sociedad.

En Perú, las sombras de la corrupción, los abusos de poder, las investigaciones judiciales y las tragedias personales han perseguido a sus ex mandatarios

Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue uno de los políticos más influyentes del país, tuvo un primer gobierno marcado por la crisis económica, la hiperinflación y el aumento de la violencia interna debido a la expansión de grupos terroristas como Sendero Luminoso. A pesar de su intento por regresar con un enfoque diferente, su segundo mandato (2006-2011) también estuvo empañado por escándalos de corrupción, incluyendo presuntos vínculos con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Se suicidó en 2019, cuando la Policía iba a detenerlo.

Alejandro Toledo (2001-2006) asumió la Presidencia tras la caída del régimen de Fujimori, como símbolo de la restauración democrática. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por protestas y una gestión económica que no logró aliviar las tensiones sociales. Años después de dejar el poder, Toledo se vio también implicado en el escándalo de Odebrecht. En 2017, huyó a Estados Unidos, donde fue detenido en 2019 y extraditado en 2023 para enfrentar cargos por corrupción.

Ollanta Humala (2011-2016) llegó al poder con un discurso nacionalista y prometiendo un cambio profundo en el modelo económico. Sin embargo, su Gobierno giró hacia posiciones más moderadas, lo que le permitió mantener estabilidad económica, pero generó descontento entre sus bases de apoyo. Tras dejar el poder, Humala fue investigado por presuntos sobornos recibidos de Odebrecht durante su campaña presidencial. En 2017, Humala y su esposa Nadine Heredia fueron detenidos preventivamente mientras eran investigados por lavado de activos. Si bien fueron liberados en 2018, el proceso judicial en su contra sigue abierto.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) era un tecnócrata de trayectoria internacional cuando asumió la Presidencia tras derrotar a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Sin embargo, su Gobierno fue efímero, marcado por la incapacidad de generar consensos en un Congreso controlado por el fujimorismo y los continuos escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht. Finalmente, renunció al cargo y fue sucedido por su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien solo estuvo dos años en el poder y acabó siendo destituido por el Congreso en 2020, bajo acusaciones de incapacidad moral debido a un escándalo de corrupción durante su gestión como gobernador

Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú en julio de 2021 tras una de las elecciones más polarizadas en la historia del país

Tras un breve periodo de interinidad en el que asumieron la presidencia Manuel Merino y Francisco Sagasti, Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú en julio de 2021 tras una de las elecciones más polarizadas en la historia del país, derrotando por estrecho margen a Keiko Fujimori.

Su ascenso al poder representó un cambio radical, ya que Castillo, un maestro rural y líder sindical, prometía reformas profundas para mejorar la situación de las clases trabajadoras y rurales de Perú. Sin embargo, su Gobierno fue marcado desde el inicio por una serie de crisis políticas, enfrentamientos con el Congreso, y acusaciones de corrupción y mala gestión.

En diciembre de 2022, tras varios intentos fallidos de destituirlo, Castillo fue arrestado luego de intentar disolver el Congreso en un movimiento que muchos calificaron como un golpe de Estado.

Su intento de disolver el Parlamento no prosperó, y fue rápidamente destituido por el Congreso, siendo sucedido por su vicepresidenta, Dina Boluarte. Actualmente, Castillo está en prisión preventiva mientras se le investiga por diversos cargos de corrupción y abuso de poder. Su breve mandato dejó al país sumido en una crisis política profunda y un descontento generalizado.