La amenaza a los derechos humanos recorre América Latina
Redacción Internacional/(EFE).- El panorama de los derechos humanos en América Latina es preocupante en algunos países de la región.
VENEZUELA
Venezuela atraviesa la peor situación en materia de Derechos Humanos en los últimos 30 años, según informes de ONG que han sido replicados por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos.
En los últimos años, más de 2 millones de venezolanos se han visto obligados a dejar su país, un hecho que, según dijo a Efe el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, refleja que "hay un contexto de ausencia de democracia" y "un retroceso en materia de derechos civiles y políticos".
A ello se suma "la peor situación de pobreza y de exclusión en las últimas décadas" que explica la crisis migratoria porque "los venezolanos no tienen posibilidades de garantizar su integridad con el fruto de su trabajo".
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ONG y familiares de más de 400 presos políticos han solicitado en siete ocasiones la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela para que constante, aseguran, la "violación" de los derechos humanos.
NICARAGUA
Nicaragua vive un 2018 marcado por la llamada "insurrección cívica" antigubernamental. Organismos humanitarios han computado hasta ahora entre 325 y 545 muertos -29 niños entre ellos-, 1.315 personas "secuestradas" por la Policía y paramilitares, 610 "presos políticos", cientos de desaparecidos, 4.533 heridos, y más de 25.000 exiliados.
El Gobierno tan solo reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes", y niega que en Nicaragua haya presos políticos.
Tanto la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional responsabilizaron al Gobierno de cientos de muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, mientras el Gobierno de Ortega asegura que el país "está normal".
MÉXICO
México está sumida en una espiral de violencia agudizada por la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). El pasado año fue el más violento en dos décadas y se prevé que 2018 vuelva a marcar un máximo. Solo en los nueve primeros meses se han cometido 21.283 homicidios, 18 % más que en 2017.
Asimismo, hay más de 37.000 desaparecidos, numerosos feminicidios -organizaciones civiles registraron 1.420 asesinatos a mujeres entre 2014 y 2017, aunque no todos se investigan como feminicidios- y el exrelator especial de la ONU Juan Méndez llegó a decir que la tortura es "generalizada".
México también es considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 47 comunicadores fueron asesinados y la impunidad de estos crímenes se sitúa en el 99,2 %, de acuerdo con Artículo 19.
CUBA
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado reiteradamente la falta de libertades civiles en Cuba, el único país comunista de América, donde solo es legal el gobernante Partido Comunista, los únicos medios de comunicación permitidos son los estatales y el derecho de asociación está estrictamente regulado.
Los presos políticos se cifran en unos 120 -a los que el Gobierno cubano no reconoce como tales- y en lo que va de año se han producido cada mes más de doscientas detenciones temporales arbitrarias, según datos recopilados por la disidencia interna, ya que a la isla no tienen acceso organizaciones civiles extranjeras.
El único caso actual de un líder de la disidencia entre rejas es el del médico Eduardo Cardet, quien sustituyó al frente del Movimiento Cristiano de Liberación a Oswaldo Payá, fallecido en un polémico accidente en 2012.
Cardet lleva dos años en prisión -de una condena de tres años- acusado de un delito de atentado contra la autoridad que él y su familia niegan, y ha sido declarado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.
En términos de libertad de prensa, en los últimos años y con el aumento del acceso a internet desde Cuba han surgido varios medios independientes "alegales" que tratan, con éxito pero también sorteando continuas dificultades, de contar la realidad cubana sin filtros ni censura.
ESTADOS UNIDOS
Históricamente, EE UU ha visto con escepticismo los tratados internacionales que salvaguardan los derechos humanos porque considera que podrían limitar su soberanía; razón por la que Washington, por ejemplo, no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ve aún con mayor escepticismo esos organismos multilaterales y ha iniciado el proceso para retirarse como miembro de pleno derecho de la Unesco y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En cuestiones migratorias Trump ha intentado atajar la entrada irregular de inmigrantes mediante la construcción de un muro fronterizo, la firma de decretos legislativos y el despliegue de tropas en la frontera.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos se han posicionado en contra de las políticas migratorias implementadas por Trump, desde la separación de niños en la frontera hasta las restricciones al derecho al asilo.
Además, la CIDH ha expresado preocupación por las represalias que EE.UU. ha tomado contra los inmigrantes indocumentados que lideran movimientos sociales en defensa de sus derechos.
Una de esas víctimas es el mexicano Enrique Balcázar, quien implementó en el estado de Vermont la campaña "Leche con dignidad", con la que los trabajadores inmigrantes de la cadena de suministro de productos lácteos piden condiciones dignas de trabajo, incluido seguro médico e indemnizaciones por despido.
Gracias a Balcázar, los trabajadores lograron en 2017 un acuerdo con la famosa casa de helados Ben & Jerry's, originaria de Vermont, para mejorar las condiciones laborales.
Sin embargo, Balcázar cuenta a Efe que en 2017 recibió una orden de deportación y opina que el Gobierno busca "callarlo" y "desarticular" el movimiento de resistencia que ha fraguado.
BRASIL
Los asesinatos contra los homosexuales crecieron un 30% en Brasil en el último año, desde 343 en 2016 hasta 445 en 2017, un promedio de una víctima a cada 19 horas, lo que lo convierte en el país donde más se comete este tipo de crimen del mundo.
Los datos también dejan mal parado a Brasil en lo relacionado con feminicidios. De las 2.795 mujeres víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, 1.133 casos se registraron en Brasil, país que encabeza la lista según la Cepal.
En Brasil, país donde más se cometen homicidios contra la población LGTB en el mundo, sobrevivir es un "reto" por los discursos de odio que promueven grupos religiosos fundamentalistas.
Así lo aseguró a Efe Felipe Carvalho presidente de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) y quien alertó que esa población cada vez tiene más miedo de morir.
"Buena parte de la población LGTBI del país corresponde a gente muy vulnerable, que trabaja en las calles, que se prostituye. La situación que estamos viviendo en los últimos años es cada vez peor y ahora sobrevivir es un reto", precisó.
Los pueblos indígenas temen un aumento de la violencia en el campo y de los ataques que sufren en las disputas por la tierra con la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro, que fue elegido con un discurso de total oposición a la concesión de más tierras para los indios.
"Ya aumentaron los ataques de paramilitares. Con certeza la situación va a agravarse. Las comunidades están muy tensas. Nuestros chamanes y caciques no entienden la situación y dicen que van a resistir. El conflicto es inminente", afirmó a Efe el abogado Wilson Matos da Silva, un guaraní residente en la aldea Jaguapirú y coordinador regional del Observatorio de los Derechos Indígenas (Odin).
En el campo de la defensa del medio ambiente, Brasil es el país donde más se matan defensores ambientales en el mundo. Para Antonia Melo, defensora ambiental del estado amazónico de Pará, la coyuntura actual es "muy peligrosa" y con el Gobierno de Bolsonaro "esa situación no va a mejorar". El futuro que se avecina es "negro" para los defensores ambientales, agregó.
"Bolsonaro es un ser "supra arcaico, dictatorial, que apoya la violencia y la dictadura, y con el que no tenemos ninguna esperanza de que esta situación vaya a mejorar. Al contrario, con él nos sentimos más amenazados e intimidados", aseguró la militante a Efe.
GUATEMALA
El Gobierno de Guatemala trabaja en la actualidad en la solución de 1.501 conflictos agrarios derivados de ocupaciones o disputas territoriales tras el fin de la guerra civil en 1996.
A las disputas que surgen por la tenencia de la tierra se suman los conflictos que tienen que ver con el uso de bienes naturales y los impactos sociales y ambientales de proyectos energéticos y extractivos en las comunidades indígenas afectadas, otro de los graves problemas del país.
Desde 1954, la historia reciente ha estado marcada por el saqueo de tierras a comunidades indígenas, adjudicaciones anómalas a grandes terratenientes o tierras arrasadas. Usurpaciones que vivieron su auge bajo el militarismo de la guerra (1960-1996).
La FAO, por su parte, indica en su último informe que entre 2005 y 2015 se dieron 37.234 conflictos asociados o derivados de la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra, en un país de unos 16 millones de personas de los que el 50,5% vive en el área rural y el 59,3% en condiciones de pobreza.
Precisamente en mayo pasado, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió romper el ciclo de racismo, exclusión y discriminación que existe contra los pueblos originarios, quienes sufren "una segregación racial de facto" y mencionó la tenencia de la tierra.
"La principal causa de la situación es la inseguridad de la tenencia de la tierra. Guatemala no ha adoptado legislación ni mecanismos para la protección de los derechos de los pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales", proclamó, y criticó la criminalización contra los líderes que buscan soluciones pacíficas.
Este abandono y criminalización provoca graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido el asesinato de sus líderes para exigir la recuperación de sus tierras.
"Ya no podemos salir a las calles porque allí anda la policía", asegura a EFE Sandra Tuc, una de las dirigentes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
HONDURAS
En Honduras la tenencia de la tierra sigue siendo un problema debido a la mala distribución que aducen campesinos organizados y pueblos indígenas, que con frecuencia denuncian ser víctimas de desalojos, a veces con saldo de muertos, por parte de guardias de seguridad privada de terratenientes, con el apoyo de policías y militares.
Muchos campesinos sobreviven con lo poco que pueden cultivar, por lo general maíz y fríjoles, en un pedazo de tierra que les permite su patrón, con el agravante de que cuando la sequía es prolongada, o llueve demasiado, no hay cosecha o en su mayoría se pierde.
El pasado día 3 la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos y la Plataforma Agraria Regional del Aguán, en el caribeño departamento de Colón, informó de que sus familias (28) fueron "desalojadas de sus tierras el 29 de noviembre por miembros de la Policía y el Ejército".
Los campesinos afectados, según indicó la Plataforma Agraria Regional del Aguán, aducen que las tierras les pertenecen, pero que una juez, identificada como Soe Guifarro, está obedeciendo "a intereses económicos y lazos familiares con los supuestos reclamantes de la tierra".
Entre los pueblos indígenas y otras comunidades también hay oposición a proyectos de explotación minera e hidroeléctricos, aduciendo daños al medioambiente.
Un caso más conocido es el de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 y por el que fueron acusadas y condenadas siete personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). "No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia", dijo la madre de la ambientalista, Austra Bertha Flores, tras conocer el veredicto el 29 de noviembre.
COSTA RICA
La lucha de los indígenas térrabas, del sur de Costa Rica, consiguió parar la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís, que iba a ser la hidroeléctrica más grande de Centroamérica con 650 megavatios y una inversión calculada en 2.100 millones de dólares. El líder indígena Pablo Sibar calificó como "una victoria esperada por años" la decisión.
La Sala Constitucional de Costa Rica emitió en agosto pasado un histórico fallo que legalizará el matrimonio gay, al derogar artículos de leyes que impedían este tipo de uniones.
"Se escribe una página nueva para la historia de Costa Rica y para los derechos humanos a nivel centroamericano", dijo entonces el representante de la organización Movimiento Diversidad, Geovanny Delgado.
BOLIVIA
Bolivia tiene pendiente el esclarecimiento de las desapariciones durante las dictaduras militares.
En 2017, el Gobierno boliviano creó una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las dictaduras de 1964 a 1982, incluida la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Tras la muerte en abril pasado del dictador Luis García Meza (1980-1981), las familias de las víctimas expresaron su temor de que los crímenes ocurridos en ese periodo permanezcan impunes.
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