Amnistía Internacional denuncia “el terror” de los continuos allanamientos ilegales en Venezuela

Madrid/Amnistía Internacional publica este lunes un informe en el que analiza los allanamientos ilegales que se producen de forma continua en Venezuela y que definen como "noches del terror".

La organización defensora de los derechos humanos ha tenido conocimiento de al menos 47 denuncias por este motivo, a la vez que documenta una serie de operativos llevados a cabo por varios organismos de seguridad sin órdenes judiciales y en distintas ciudades del país, tras entrevistar a 60 personas que han sufrido la arbitrariedad de las intervenciones.

El documento se ampara en la propia legislación venezolana, que indica que las fuerzas de seguridad necesitan una orden judicial para entrar en un domicilio, excepto en dos casos: para impedir la perpetración o continuidad de un delito y cuando afecta a personas perseguidas para su aprehensión. Además, recoge los estándares internacionales que legitiman el uso de la fuerza, y que obedecen a principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

"A pesar de este marco constitucional, legal e internacional, las autoridades venezolanas han llevado a cabo -con llamativa frecuencia- allanamientos sin órdenes de los tribunales, y con uso desmedido de la fuerza. Estas acciones ilegales han vulnerado los derechos de integridad, vida privada y libertad personal que el Estado debe respetar y garantizar", denuncia el informe.

Amnistía Internacional también denuncia las sustracciones de la propiedad privada que sufren las víctimas de estos allanamientos ilegales

Amnistía Internacional también denuncia las sustracciones de la propiedad privada que sufren las víctimas de estos allanamientos ilegales, así como la eliminación de pruebas que puedan documentar el actuar de las fuerzas policiales. Pone como ejemplo la destrucción de vídeos de las cámaras de vigilancia de viviendas afectadas por estos registros o la intimidación a personas que grababan los hechos con sus celulares.

"Sonaban las rejas cuando las tocaban, (...) intentaron abrirlas, (...) cuando estaba yo escondida con mi vecina y su hija, gritaban '¡Abran, abran que llegaron los chavistas, abran!' (...) Llegó el coco'", cuenta a la ONG sobre las agresiones verbales de las que fue objeto una víctima de estos asaltos, y en el que la alusión al "coco" -un monstruo de los cuentos infantiles- no es una casualidad.

El informe también recoge amenazas sexuales que se producen en contextos como este: "Bajen ahora, malditos guarimberos (...) los vamos a violar a todos".

Las búsquedas policiales se centran sobre todo en jóvenes de entre 15 y 25 años, que son detenidos sin orden judicial y sin que una comisión de flagrante delito lo justifique. Además, cabe añadir que la justicia militar se está imponiendo frente a la civil violando toda legalidad, y que los colectivos (grupos armados progubernamentales), cuya actuación se ha documentado desde 2014 por Amnistía, campan a sus anchas en estas operaciones con la complicidad del Gobierno y haciendo uso de la violencia y las armas.

Este clima de terror ha provocado un impacto en los ciudadanos, que se sienten desprotegidos e inseguros a la hora de denunciar y reclamar justicia, pues sienten que los poderes del Estado, lejos de protegerlos, los acosan o los ignoran.

Por todo ello, desde la ONG piden el cese de estas operaciones, que el orden público pase a manos de las fuerzas de seguridad civiles, que se detenga "de forma urgente" el uso excesivo de la fuerza, que se investigue tanto a los colectivos como a los funcionarios que llevan a cabo estas actuaciones, que las causas se deriven a tribunales civiles, que se libere inmediatamente a las personas que no han sido retenidas de forma legal y que se garanticen los derechos y libertades individuales de sus ciudadanos, así como el derecho a su legítima defensa.

La Noche del Terror

En cada comunidad visitada por Amnistía Internacional, las personas relataron historias muy similares sobre los allanamientos, y que llamaban comúnmente como "la noche del terror".

Estos relatos empezaban con la irrupción en comunidades y viviendas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o de la Policía Nacional Bolivariana, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), e incluso en algunos casos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los residentes solicitaron a los funcionarios constancias de las órdenes judiciales con las que actuaban, sin embargo la respuesta por parte de los agentes fue negativa y procedieron sin justificar de forma alguna la falta de orden de allanamiento.

Al efectuar estas irrupciones violentas, las fuerzas de seguridad gritaban amenazas intimidatorias, causando terror tanto en adultos como en niños que estaban resguardados en sus viviendas.

Todos los allanamientos en las comunidades y viviendas se realizaron con violencia, rompiendo verjas y portones de seguridad y abriendo apartamentos y viviendas para el ingreso de los funcionarios. Además, los agentes dispararon hacia las viviendas de forma indiscriminada con armas y municiones contra disturbios (bombas lacrimógenas y perdigones), causando sofocamiento en muchas personas que incluso requirieron atención médica por los efectos de los gases lacrimógenos y también por los impactos de las municiones que estaban siendo disparadas.

Todos los allanamientos en las comunidades y viviendas se realizaron con violencia, rompiendo verjas y portones de seguridad y abriendo apartamentos y viviendas

Ante los riesgos de ser impactadas por una bomba lacrimógena o perdigones, las personas que se encontraban dentro de las viviendas permanecieron acostadas en el piso durante las largas horas que duraban los operativos, apagando las luces y escondiéndose de los funcionarios que acechaban en las zonas comunes y pasillos.

Para entrar a las viviendas particulares, los funcionarios disparaban contra las cerraduras, rompiendo las rejas y usando otros artefactos para forzar las puertas. En casos donde las personas permitían la entrada de los funcionarios, también causaban destrozos y continuaban amenazando a todas las personas presentes. También destrozaban las cámaras de seguridad que tenían algunos condominios.

Una vez dentro de los hogares, los funcionarios exigían que se indicara dónde estaban los jóvenes que estaban protestando, sin orden de aprehensión y sin identificar a la persona que supuestamente buscaban. Es decir, se realizaban redadas masivas que tenían como fin identificar y detener a jóvenes de género prioritariamente masculino que podrían haber estado manifestándose.

En el proceso, y haciendo uso de sus armas de manera intimidatoria, muchos funcionarios se llevaban objetos de valor de las viviendas, como "botines de guerra"

En el proceso, y haciendo uso de sus armas de manera intimidatoria, muchos funcionarios se llevaban objetos de valor (relojes, computadoras, teléfonos móviles, tabletas, etc.) de las viviendas, como "botines de guerra".

De acuerdo a distintos relatos, todos ellos concordantes, estos operativos podían durar varias horas y prolongarse durante toda la noche, mientras numerosos funcionarios asediaban al tiempo la zona, sin limitar el uso de la violencia y sin justificar sus acciones en alguna orden judicial.

En algunos casos, mientras esto ocurría, grupos de civiles armados adeptos al Gobierno se trasladaban en motos y acechaban a las comunidades y a los vecinos, con consignas pro Gobierno y con amenazas hacia las personas que volvieran a manifestarse. En ciertas ocasiones, vecinos denunciaron la coordinación entre las actuaciones de los funcionarios del Estado y de los grupos de civiles armados.

El terror creado durante estas largas noches que se vivieron en muchas ciudades de Venezuela trascendió a esos momentos. Las personas relataron cómo las afectaciones han traído secuelas: presentan problemas para dormir, se sienten inseguros en su propia casa y totalmente desprotegidos frente a las arbitrariedades que cometieron las mismas autoridades que debían resguardar su seguridad.