La Asamblea acusa a Maduro de "golpe de Estado" y la canciller afirma que la OEA apoya la violencia

Washinton/Caracas/(Con informaciones de EFE).- El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, acordó este miércoles responsabilizar al presidente del país, el chavista Nicolás Maduro, del supuesto “golpe de estado” perpetrado por el desconocimiento del Poder Legislativo a través de las sentencias del Tribunal Supremo, que le mantiene en “desacato”.

El acuerdo, que fue aprobado solo con el voto de los opositores, condenó “la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Venezuela, y el golpe de estado cometido, lo cual se ha visto confirmado por las más de 50 sentencias inconstitucionales y actos en contra del Parlamento”, indica el texto.

Con las sentencias que dejaron sin funciones a la Asamblea Nacional quedaron “explicitas las intenciones de desmantelar la institucionalidad democrática y asegurar una completa concentración de poderes” en Maduro, añade el escrito leído antes de la votación.

El diputado opositor y expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, que presentó el acuerdo al pleno, aseguró que aunque se hayan revocado las dos sentencias con las que el Poder Judicial asumió las funciones de Poder Legislativo, persiste el desconocimiento al Parlamento y por tanto el “golpe de estado”.

“Sigue el golpe de estado continuado, aunque no existieran estas dos sentencias, existen otras 50 [...] sentencias que nos declaran en desacato permanente”, afirmó el legislador para referirse a un conjunto de decisiones anteriores que han dictaminado que las sentencias del Parlamento son nulas por persistir en “desacato”.

Los parlamentarios acordaron también rechazar la conducta del defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab

Los parlamentarios acordaron también rechazar la conducta del defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, quien, aseguraron, “ha puesto otra vez de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo nacional y su complicidad con la violación de derechos humanos”.

Para los opositores, el establecimiento del orden constitucional en Venezuela “supone respetar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y su ejercicio, convocar a la brevedad elecciones en el país y liberar a los presos políticos”.

El texto además acuerda hacer un exhorto a los venezolanos a que “se mantengan movilizados y en protesta permanente”, hasta “la recuperación del orden constitucional”.

Por su parte, La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que llevará la resolución aprobada el lunes sobre su país en la Organización de Estados Americanos (OEA) a "otras instancias internacionales" y pedirá un Consejo Permanente para evaluar la gestión del secretario general, Luis Almagro.

"Vamos a llevar a otras instancias internacionales lo que ha ocurrido aquí, porque en última instancia se está vulnerando el sentido del multilateralismo", afirmó Rodríguez en una breve rueda de prensa en la que declinó aclarar cuáles serán esas instancias.

La canciller pedirá la convocatoria de un Consejo para "evaluar el comportamiento" de Almagro, al que minutos antes había acusado de "apoyar la violencia"

Además, anunció que en los próximos días pedirá la convocatoria de un Consejo para "evaluar el comportamiento" de Almagro, al que minutos antes había acusado de "apoyar la violencia" de los "factores extremos" en las protestas opositoras de este martes en Venezuela y de ser una "ficha" de Estados Unidos para "una intervención" en el país.

También cuestionó "qué sentido tiene una Asamblea General" de la OEA, como la que acogerá México en junio próximo, porque tras los últimos acontecimientos "lo que va a llegar son los desechos de la organización".

Aunque dijo que "tomará acciones en consecuencia", tras ser preguntada por si Venezuela se plantea no acudir a la cita, respondió que "va a participar" pero llamó a "la reflexión sobre el sentido que debería tener considerando la gravedad de los últimos meses pero particularmente el tema" del lunes.

Este lunes, en una de las sesiones más tensas que se recuerdan en la OEA, se adoptó "por consenso", según la terminología de la organización, la resolución más dura del organismo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El texto declara que en Venezuela "hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático" y exige al Gobierno "restaurar la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.