El peor atentado cometido en Argentina sigue sin condenados 26 años después

Buenos Aires/(EFE).- El ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires sigue sin condenados 26 años después, luego de que este miércoles la Justicia decidiera absolver a quien fuera acusado de acondicionar y vender la camioneta usada en el peor atentado cometido en suelo argentino, que dejó 85 muertos y sigue impune.

El 18 de julio de 1994, un coche bomba arrasó con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina del barrio de Once de Buenos Aires, un hecho que aunque es atribuido a miembros del entonces Gobierno de Irán y de la organización islamista libanesa Hizbulá, no cuenta hasta ahora ni con detenidos ni condenados, a pesar de seguir vigentes diversas órdenes internacionales de arresto.

A esto se suma que, desde su origen, la investigación ha estado plagada de irregularidades y acusaciones de encubrimiento contra altas autoridades, y que en 2015 el fiscal del caso, Alberto Nisman, apareció muerto, sin que aún se sepa si se mató o lo mataron, después de acusar a la en ese momento presidenta Cristina Fernández de encubrir a los sospechosos a cambio de firmar un acuerdo comercial con Irán.

Este miércoles, y a pesar de que la Fiscalía y una de las querellas pedían para él prisión perpetua, el ex vendedor de autos usados Carlos Telleldín, acusado de haber acondicionado y vendido la camioneta que se usó en el atentado a los autores materiales del mismo, fue absuelto por el tribunal de Buenos Aires que desde mayo de 2019 lo sentaba de nuevo en el banquillo.

Con "profunda decepción", la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que reclamaban 20 años de cárcel, anunciaron su rechazo al veredicto y adelantaron que lo apelarán

Con "profunda decepción", la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que reclamaban 20 años de cárcel, anunciaron su rechazo al veredicto -cuyos fundamentos no se conocerán hasta marzo de 2021- y adelantaron que lo apelarán.

"He vendido más de 1.000 autos, ninguna a delincuentes ni personas con antecedentes. Ningún auto fue vendido para cometer delito", aseveró en la última jornada del juicio el hombre, de 59 años, que estudió abogacía y se tituló mientras estaba en prisión preventiva, de 1994 a 2004.

Ese último año acabó el primer juicio por el atentado, que culminó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de Telleldín y la del resto de imputados, entre ellos cinco policías argentinos a quienes se había acusado de integrar la conocida como "conexión local" del ataque.

En ese proceso, el tribunal determinó que se habían cometido ilícitos que invalidaban la causa, entre ellos, el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara a los policías como las personas a las que supuestamente había entregado la camioneta días antes del atentado.

Fue así que recobró la libertad, aunque años después el veredicto fue revocado por la Corte Suprema de Justicia y se le envío nuevamente a juicio oral, que comenzó en mayo de 2019, año en el que en otro proceso fue condenado a tres años y 6 meses de prisión tras quedar probado que recibió esos 400.000 dólares.

La Fiscalía solicitó para Telleldín prisión perpetua y le consideró "partícipe necesario" del ataque, como "cómplice del hecho", razón por la que el Ministerio Público creía que le correspondía la misma pena que tendrían los autores materiales

Pero en la actualidad sigue en libertad por no estar firme la sentencia.

En el juicio que culminó ayer, la Fiscalía solicitó para Telleldín prisión perpetua y le consideró "partícipe necesario" del ataque, como "cómplice del hecho", razón por la que el Ministerio Público creía que le correspondía la misma pena que tendrían los autores materiales.

El fiscal Roberto Salum hizo referencia a que días antes del ataque se produjo la visita de tres personas extranjeras y que la camioneta fue abonada en dólares y retirada por un hombre disfrazado. Telleldín "actuó representándose que podría suceder un hecho de esas características", señaló la acusación pública.

No obstante, Salum sostuvo que el acusado "no debe conocer necesariamente al autor" o su identidad, pero "sí su existencia".

"Hoy, 27 años después (del atentado) vivo lo mismo. Las mismas mentiras, las mismas conjeturas. Realmente no sé ya cómo decir que la camioneta se vendió a una persona que vino por el aviso (anuncio) en forma normal", remarcó este miércoles Telleldín, que reiteró su "inocencia total y absoluta".

El atentado a la AMIA, asociación dedicada a promover el bienestar social de la comunidad judía en el país, la más numerosa de Latinoamérica, se produjo solo dos años después de que otra explosión arrasara la Embajada de Israel de Buenos Aires, que dejó otros 29 muertos y también sigue impune.

El atentado a la AMIA se produjo solo dos años después de que otra explosión arrasara la Embajada de Israel de Buenos Aires, que dejó otros 29 muertos y también sigue impune

"La absolución de quien participó en la entrega de la Trafic que hizo volar la sede de Pasteur 633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la historia del país, es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados", consideró la AMIA.

Hasta ahora, ninguno de los dos juicios en los que se buscó establecer culpables por el atentado ha dejado condenado alguno.

De forma paralela, otro proceso, que culminó en febrero de 2019, absolvió al expresidente Carlos Menem (1989-1999) del supuesto encubrimiento de la investigación del primer juicio, aunque ocho personas fueron condenadas a entre dos y seis años de prisión, entre ellas el primer juez del caso, Juan José Galeano, por malversación de fondos, prevaricación, privación ilegal de libertad y encubrimiento por favorecimiento personal y violación de pruebas.

Y a la espera de fecha de comienzo está el juicio contra Cristina Fernández, actual vicepresidenta, y varios de sus colaboradores de Gobierno, por el presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado, acusación que la política peronista siempre ha rechazado y atribuido a una persecución judicial y política.

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