Las autoridades mexicanas se preparan para el aumento de migrantes deportados desde EE UU

Ciudad Juárez / Washington/El inminente aumento en las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, y a organizaciones religiosas al tiempo que se preparan para atender a miles de migrantes retornados de distintos países en los próximos días.

Enrique Serrano, coordinador del Consejo Estatal de Población, informó este miércoles de que el Gobierno federal está trabajando en la instalación de un campamento temporal en Ciudad Juárez con capacidad para 2.500 personas.

“Son carpas (estructura portátil para proteger o albergar una o más personas al aire libre) que están siendo instaladas cerca de la frontera y esperamos que queden listas para este fin de semana”, explicó Serrano a medios.Hasta el momento, las deportaciones se han mantenido en niveles habituales.

El Gobierno federal está trabajando en la instalación de un campamento temporal en Ciudad Juárez con capacidad para 2.500 personas

“El lunes (primer día tras la decisión del presidente Donald Trump) se registró la deportación de 56 personas, pero esto es parte de los procesos normales que se han venido dando en los últimos tiempos. Todavía no tenemos deportaciones (masivas) importantes”, comentó.

Además, dijo que esperarán en los próximos días la programación, estimación o cifras de personas deportadas por esa zona de parte del Gobierno estadounidense. El funcionario aclaró que su organismo no tiene autoridad migratoria, pero colabora estrechamente con las instituciones responsables.

“Somos un organismo de apoyo social para poblaciones desplazadas y migrantes en general en todo el estado de Chihuahua”, indicó.

En cuanto a los servicios ofrecidos a los migrantes, Serrano destacó que se brinda atención integral con alimentos, atención a los niños, juegos, acceso a telefonía y servicios de internet, entre otros.

Por su parte, el sacerdote Juan Carlos López Morales, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, calificó la instalación de las carpas como una medida emergente necesaria, pero reconoció sus limitaciones.

“Es una respuesta a una situación emergente. Sabemos que un campamento temporal no es completamente un lugar digno para vivir. Estamos entendiendo que es por una situación extraordinaria”, declaró.

"Sabemos que un campamento temporal no es completamente un lugar digno para vivir. Estamos entendiendo que es por una situación extraordinaria”

El sacerdote también comentó que la Iglesia está preparada para colaborar en esta crisis migratoria, utilizando las estructuras existentes, como la Casa del Migrante.

“Invitaron a todas las instancias de la Iglesia católica, colegios, parroquias, oratorios, casas y refugios a disponer de los espacios ante la posibilidad de que un número grande de migrantes llegue en los próximos días. Estoy seguro que un albergue, un refugio temporal no es lo ideal”, remarcó.

López Morales expresó su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México.

“Nos preocupa ese tema porque las disposiciones que se acaban de dictar dan mucha posibilidad a la violación de los derechos. Por ejemplo, la libertad religiosa se pierde en el sentido de que se autoriza las redadas en los templos”, explicó.

Sobre el despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos, el prelado señaló que “tal vez sea el recurso que tiene más a la mano el presidente Trump para poner el orden que él quiere poner en las fronteras”.

Y dijo que al final “cada país tiene el derecho a organizar sus límites, sus fronteras, tiene el derecho y la obligación de cuidarlas como crea más conveniente”.

“Cada país tiene el derecho a organizar sus límites, sus fronteras, tiene el derecho y la obligación de cuidarlas como crea más conveniente”

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la medida del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el martes dio vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias de aquel país, previamente considerados lugares “protegidos”.

La decisión llegó un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE UU.

En México preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4% del producto interior bruto (PIB) de México, que en 2024 habría recibido un récord estimado de 65.000 millones de dólares.

Además, este miécoles la Cámara de Representantes aprobó una ley que da luz verde a las autoridades migratorias para detener inmigrantes indocumentados que cometan robos y otros delitos menores, y se erigió de esta forma en la primera ley que firmará el presidente Donald Trump en su segundo mandato.

La iniciativa fue aprobada en el pleno de la Cámara con 262 votos a favor, que incluyen a los de la bancada republicana más 46 legisladores del Partido Demócrata, y 156 votos en contra.

La propuesta legislativa había superado ya el lunes su primer trámite parlamentario, al ser aprobada en el Senado con 64 votos favorables (entre los que se incluyeron 12 de senadores demócratas), y 35 en contra.

La normativa lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024. José Ibarra, un migrante venezolano, fue declarado culpable por este crimen.

Los arrestos contemplados en esa ley incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas

Los arrestos contemplados en esa ley incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas. Los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El texto también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.

La propuesta, cuyo autor es el congresista republicano por Georgia Mike Collins, ha sido criticada por expertos en ley migratoria y activistas, quienes señalan que atenta contra el debido proceso y allana el camino para los planes de deportaciones masivas de migrantes que ha prometido el nuevo presidente, Donald Trump.

Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de 3.000 millones de dólares adicionales en presupuesto y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60.000 camas para poder ejecutar esa ley.