Carnival niega haberse beneficiado del puerto confiscado de Santiago de Cuba
La compañía rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad era confiscada
Miami/(EFE).- La multinacional de cruceros Carnival negó las acusaciones presentadas por un cubanoestadounidense en un tribunal de EE UU que considera que la empresa se benefició del puerto de Santiago de Cuba confiscado a su familia tras la Revolución de 1959.
Carnival, la primera empresa demandada al activarse en mayo pasado una porción de la Ley Helms-Burton de 1996 que permite estas querellas, negó las quejas presentadas por el neurocirujano Javier García Bengoechea.
En un documento judicial de 21 páginas, publicado este martes por el Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, Carnival rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad era confiscada.
En ese sentido, rechazó también su responsabilidad en torno a un resarcimiento económico. De igual forma, la compañía, que en 2016 comenzó a viajar a la Isla con sus cruceros, dijo que objetaría la solicitud de un juicio con jurado.
"Carnival fue la primera línea de cruceros que traficó en nuestras propiedades, merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados"
En la demanda, García Bengoechea asegura que es el "legítimo" propietario del puerto de Santiago de Cuba, que le fue expropiado a su familia por el Gobierno comunista en 1960.
"Carnival fue la primera línea de cruceros que traficó en nuestras propiedades, merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados", aseguró el médico tras presentar la denuncia en mayo en un tribunal de Miami.
Por lo menos 18 demandas contra empresas, especialmente turísticas, se han presentado en Estados Unidos, 16 de ellas en Florida, desde que se activó el Título III, según el Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba.
Según el presidente de dicho consejo, John Kavulich, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero además hay otros muchos más reclamos "no certificados" que se podrían demandar.
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