Carnival, primera empresa demandada en EE UU bajo la Ley Helms-Burton
Hoy se cumplen tres años de la llegada del primer crucero estadounidense al puerto de La Habana en más de medio siglo
Miami/La Habana/La empresa de cruceros Carnival fue demandada este jueves judicialmente en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que, tras la revolución de 1959, fueron expropiadas a sus dueños sin compensación.
Se trata de las primeras demandas amparadas en el título III de las Ley Helms-Burton de 1996, que permaneció en suspenso durante veintitrés años y que hoy entró en vigor por decisión del Gobierno de Donald Trump, que busca propiciar así un cambio político en Cuba.
Precisamente hoy se cumplen tres años de la llegada del primer crucero estadounidense al puerto de La Habana en más de medio siglo, cuando el Adonia, de la empresa Fathom, filial de Carnival, llegó a la terminal "Sierra Maestra" el 2 de mayo de 2016 con 704 pasajeros a bordo.
Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.
Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero
En una improvisada rueda de prensa a las puertas de los tribunales de Miami y bajo la lluvia, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación.
Portavoces de Carnival contactados por Efe se limitaron a señalar: "Continuamos operando nuestro calendario previsto de cruceros a Cuba".
Behn se mostró muy emocionado e incluso lloró al referirse a la propiedad "robada" a su abuelo. "Gracias a la 'Ley Libertad' podemos demandar", subrayó Behn.
La entrada en vigor del título III fue anunciada por la administración Trump el pasado 17 de abril, terminó con dos décadas de suspensión continuada del título III y representa un duro golpe para la inversión extranjera en la lsla, imprescindible en medio de la improductividad de la economía nacional y de la agudización de la crisis interna.
Si bien este título siempre fue parte de la Ley, firmada en 1996, la presión internacional, fundamentalmente de la Unión Europea, había evitado su activación hasta que la administración de Donald Trump decidió ponerlo en vigor, tras varios aplazamientos.
Si bien este título fue siempre parte de la Ley, firmada en 1996, la presión internacional, fundamentalmente de la Unión Europea, había evitado su activación hasta que la administración de Donald Trump decidió ponerlo en vigor
"A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar", dijo el asesor del presidente norteamericano, John Bolton, el pasado mes en Miami.
Esta decisión de EE UU afecta también a importantes empresas europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas, que operan bajo el régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas, especialmente las incluidas en la "lista negra" que ha redactado el Departamento del Tesoro estadounidense.
En muchos casos, las operaciones se realizan en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados tras la llegada al poder de Fidel Castro y, en otros, se hacen en vinculación con entidades pertenecientes al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, una cifra que, con los intereses acumulados desde hace más de 60 años, ascendería a 8.521 millones.
Por su parte, una familia cubana que se vio obligada a escapar de la Isla, prepara otra demanda contra las empresas españolas Meliá y Blau que administran varios hoteles en terrenos expropiados en la provincia de Holguín, con una extensión de más de 40.000 hectáreas.
Los hoteles implicados en la demanda son Meliá Sol Río de Luna y Mares, Paradisus Río de Oro, Blau Costa Verde y Playa Costa Verde.
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