La Casa Blanca está dispuesta a llevar al Supremo el bloqueo de la Ley de Enemigos

Washington/ Caracas/La Casa Blanca está dispuesta a llevar al Tribunal Supremo de EE UU el bloqueo de la Ley de Enemigos –que permite las deportaciones sin una audiencia–, según publicó este domingo el medio Axios.

Un juez federal bloqueó ayer temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada el sábado mismo por el presidente de EE UU, Donald Trump, para acelerar las deportaciones contra miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

"Esto llegará a la Corte Suprema. Y vamos a ganar", anotó un alto funcionario de la Casa Blanca a Axios.

En tanto, los asesores de Trump sostienen que el juez federal de distrito James Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir esta orden. La orden judicial estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso.

En tanto, los asesores de Trump sostienen que el juez federal de distrito James Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir esta orden

De acuerdo con Axios, el Gobierno de Trump afirmó haber ignorado la orden judicial emitida el sábado para enviar dos aviones cargados de presuntos pandilleros venezolanos porque los vuelos sobrevolaban aguas internacionales y, por lo tanto, la sentencia no aplicaba.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó ayer de que fueron trasladados a El Salvador unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ha ofrecido encarcelar a cambio de un precio "justo".

"Uy... Demasiado tarde", dijo Bukele este domingo en X acompañando su frase del emoticono de una cara riéndose a carcajadas y una copia de la noticia del bloqueo judicial difundida por el diario New York Post.

La ONG venezolana Provea rechazó estas deportaciones "sin garantizar el debido proceso". Con esta operación, a su juicio, se intensifican los "ataques contra los venezolanos" por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este grupo de deportados, según Provea, son "sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de DD.HH.), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa".

En ese sentido, la ONG expresó que son trasladados a un destino donde "sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace".

Además, señaló que ese traslado a un "sistema carcelario sin garantías" se efectuó pese a la orden del juez Boasberg.

"¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal", afirmó Provea.

"¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza?"

Asimismo, afirmó que la migración venezolana "es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas" de Nicolás Maduro –investido en enero para un cuestionado tercer mandato–, que "han cerrado cualquier salida democrática".

Marco Rubio dijo este domingo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua "en sus excelentes cárceles a un precio justo", lo que en su opinión "también ahorrará dinero" a los contribuyentes de EE.UU.

La Ley de Enemigos Extranjeros, que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE UU y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos y expulsados.

Este domingo, la Administración de Maduro dijo que Washington "criminaliza, de forma infame e injusta", a los migrantes venezolanos.

A través de un comunicado, expresó su "contundente" rechazo a la invocación de una "ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal", y denunció de forma "enérgica" que sus connacionales en EE UU están siendo sometidos a persecución.