Las cinco claves para entender la polémica reforma judicial del Gobierno de México

Ciudad de México/La polémica reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanzó un paso clave este miércoles tras aprobarse en el Senado de la República, después de haber superado el trámite en la Cámara de Diputados la semana pasada. El proyecto, no obstante, todavía genera controversias en la opinión pública mexicana, incertidumbre en los mercados e inquietud entre los socios clave como Estados Unidos.

La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país. En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados. En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y la mayor autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales, cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad. También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte sólo sesionaría en pleno.

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y la mayor autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México

Para optar al puesto, sería necesario ser mayor de 35 años, haber ejercido durante diez años como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a la elección. No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

Se prevé además la formación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. La nueva institución podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno. 

La reforma también contempla la posibilidad de incorporar "jueces sin rostro", figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas. Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.

Pese a que en un primer momento se especuló con que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, podría defender una versión más moderada de la reforma, finalmente la política que asume el Gobierno el próximo 1 de octubre respaldó completamente la iniciativa presentada por López Obrador.

Sheinbaum afirmó este miércoles que "se fortalecerá" la justicia en el país tras la aprobación en el Senado de la reforma judicial

Sheinbaum afirmó este miércoles que "se fortalecerá" la justicia en el país tras la aprobación en el Senado de la reforma judicial. "Felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros (de la Suprema Corte) se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país", escribió en sus redes sociales.

Horas antes, en medio de denuncias de intimidaciones a legisladores de oposición, el Senado avaló con 86 votos a favor y 41 en contra la iniciativa constitucional que presentó el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que Sheinbaum implementará en su primer año de Gobierno.

Pese a que la aprobación ocurrió entre inéditas protestas de jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial, quienes irrumpieron en el Senado, la política aplaudió las medidas que deberá implementar en su primer año de Gobierno. La votación cerró 86 votos a favor y 41 en contra.