El Comité para la Protección de Periodistas denuncia la censura contra caricaturistas en Venezuela y Ecuador
Nueva York/(EFE).- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) alertó hoy sobre la censura y los ataques que sufren los caricaturistas en muchos países del mundo, incluidos Venezuela y Ecuador.
En un amplio informe publicado hoy, el CPJ repasa la situación de los dibujantes satíricos, amenazados en algunos casos por extremistas como los que atentaron contra el semanario francés Charlie Hebdo y en otros por Gobiernos y dirigentes políticos.
"Debido a que la labor de los caricaturistas tiene la capacidad de trascender fronteras e idiomas, así como simplificar situaciones políticas complejas, las amenazas a que se enfrentan los caricaturistas de todo el mundo (...) superan con mucho el extremismo islámico", señala el documento.
El texto, elaborado por el responsable de la organización para el sudeste asiático, Shawn W. Crispin, repasa varios casos emblemáticos del acoso al que se enfrentan los dibujantes en países como Malasia, Siria y Suráfrica, con procesos judiciales impulsados por las autoridades, amenazas y violencia.
Rayma Suprani fue despedida después de publicar una imagen utilizando la firma del difunto presidente Hugo Chávez
El CPJ también incluye casos en los que los medios de comunicación parecen haber cedido a las presiones del Gobierno y pone como ejemplo lo ocurrido a la caricaturista Rayma Suprani en Venezuela, despedida de El Universal después de publicar una imagen utilizando la firma del difunto presidente Hugo Chávez.
Según dijo Suprani al CPJ, que apunta varios despidos desde que el periódico cambió de propietarios en 2014, el dibujo molestó porque "desmontaba toda una iconografía sagrada que el Gobierno quiere vender a los venezolanos".
El informe también incluye el caso del caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla, conocido como Bonil, que según la organización se enfrentó a la censura gubernamental con sus caricaturas del Gobierno del presidente, Rafael Correa.
El CPJ documentó cómo la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), un organismo estatal que sigue el contenido de los medios, dictaminó en 2014 que Bonil debía "rectificar" una caricatura que hacía alusión a un registro policial en la casa de un periodista que investigaba una demanda gubernamental contra la petrolera Chevron.
A su periódico, El Universo, le aplicaron una multa equivalente a un porcentaje de sus ingresos trimestrales, una suma de aproximadamente 95.000 dólares, añade el documento.
Según el CPJ, las redes sociales han aumentado en los últimos años la visibilidad y el alcance de las caricaturas y, con ello, los riesgos para sus autores.