La comunidad internacional pide proteger los derechos de González Urrutia tras la orden de captura

Caracas / Bogotá/Varios Gobiernos de América, como Colombia y Brasil, y de Europa, así como diversas organizaciones internacionales, rechazaron la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia y pidieron a las autoridades garantizar y proteger los derechos del abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela.

Brasil y Colombia expresaron su "profunda preocupación" por la orden de detención en contra de González Urrutia y señalaron que esa "medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que Gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia"

En el comunicado conjunto, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes han intentado mediar en la crisis poselectoral venezolana, consideraron que esa decisión "dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas".

El portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Matthew Miller, aseguró que la orden emitida es "una acción arbitraria y motivada políticamente que demuestra lo extraordinariamente lejos que (el presidente) Nicolás Maduro está dispuesto a ir para intentar mantener el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio".

Petro y Lula consideraron que esa decisión "dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas"

En un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay señalaron que esa medida es "otro intento de silenciar" a González Urrutia y agregaron que "desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política".

"Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia", señalaron.

El Ejecutivo peruano afirmó que "este amedrentamiento evidencia, una vez más, el desconocimiento de la voluntad popular y el recrudecimiento de la represión gubernamental".

El Gobierno de Chile rechazó la orden de detención tras condenar "cualquier forma de represión en contra de los opositores al régimen dictatorial en Venezuela" e hizo "un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas".

Argentina, por su parte, denunció que "en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de Estado".

Mientras tanto, el Gobierno de Ecuador consideró que "los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso".

El Gobierno de Paraguay expresó su "más firme condena" a "estas acciones arbitrarias de amedrentamiento" contra González Urrutia y "los miembros de la oposición venezolana" y exigió "garantías sobre su integridad física y el cese de las persecuciones políticas".

El Gobierno español condenó "cualquier intento de cercenar" los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incluidos los líderes de la oposición, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al referirse a la orden de detención contra el dirigente opositor.

Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recalcó que la persecución política "constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país".

Luis Almagro recalcó que la persecución política "constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país"

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó "categóricamente" la orden de detención contra el abanderado de la oposición mayoritaria y exhortó "a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos".

El Gobierno de Italia también condenó "enérgicamente" la orden de captura contra el opositor, convocó a la jefa de misión de la Embajada de Venezuela en Roma para expresar su preocupación por la crisis e instó de nuevo a las autoridades venezolanas a hacer públicas las actas electorales con el fin de proceder a "su inmediata verificación independiente".

El secretario general de la ONU, António Guterres, "sigue muy de cerca" la situación en Venezuela, "incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

El equipo de campaña de González Urrutia tildó la medida de "ilegal, inconstitucional e inmoral", y aseguró que se trata, "en realidad, de un intento de apresar a más de ocho millones de venezolanos que votaron por él, sin contar a los más de cuatro millones de venezolanos en el exterior a quienes se les impidió ejercer su derecho al sufragio" en los comicios del 28 de julio.

La Justicia venezolana acusa a González Urrutia de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".

La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado "el 83,5% de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa para demostrar lo que consideran "fraude" electoral, pues afirman que González Urrutia ganó los comicios por amplio margen sobre el actual presidente del país, Nicolás Maduro.

Además, el Gobierno de Venezuela atribuyó a la oposición un "acto de sabotaje" que presuntamente se produjo este martes y que provocó un incendio en una estación de tren en el sur de Caracas, afectando "al servicio" de transporte ferroviario.

Además, el Gobierno de Venezuela atribuyó a la oposición un "acto de sabotaje" que presuntamente se produjo este martes y que provocó un incendio en una estación de tren

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez, explicó que el incendio se registró a las 18:38 hora local en "el cuarto de electricidad" de la estación de Caracas del llamado Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, que conecta la capital con algunas zonas del estado Miranda (norte), el cual fue "controlado en tiempo récord".

En un contacto telefónico con el canal estatal VTV, el funcionario, quien afirmó que el servicio está "completamente normalizado", adelantó que aportarán "evidencias a los órganos de seguridad del Estado para dar con los responsables".

En este sentido, dijo que cuentan con "registro fotográfico" y "filmaciones" –de lo que no ofreció detalles– para una "investigación precisa" de estos hechos que buscan "afectar la tranquilidad del pueblo" venezolano.

"No es la manera de hacer política, son mecanismos que irrumpen (con) lo que es la tranquilidad de un pueblo (...) que está claro de cuál es el rumbo que debemos tener. (...) Vamos a seguir avanzando para evitar que la extrema derecha afecte la tranquilidad", agregó.

El pasado viernes, el Gobierno acusó a la "extrema derecha" –como suele referirse al sector mayoritario de la oposición– de un apagón que dejó sin luz a Caracas y los 23 estados del país durante varias horas.

Desde las primeras declaraciones, las autoridades señalaron a la líder opositora María Corina Machado y al ex candidato presidencial del mayor bloque antichavista, Edmundo González Urrutia, como presuntos responsables de este "ataque criminal", sin mostrar pruebas.

Los ministros de Comunicación, Freddy Ñáñez, y de Interior, Diosdado Cabello, denunciaron que el apagón forma parte de un "plan golpista" por el que acusan a los líderes opositores, al tiempo que advirtieron que "habrá justicia" por este caso.

Entre tanto, sigue la represión a la oposición en medio de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Según Human Rights Watch (HRW), que ha recibido "reportes creíbles" de 24 asesinatos y que ha podido verificar de forma independiente once de ellos, la represión es "brutal".

En un documento publicado este martes en Bogotá, la ONG aseguró que le entregaron "reportes creíbles sobre 24 asesinatos" en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El organismo defensor de derechos humanos dijo que recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los identificó en redes sociales.

En ese sentido aseguró que documentó "de forma independiente" 11 de estos casos para lo cual revisó actas de defunción, verificó videos y fotografías y además entrevistó 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales.

"Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del Gobierno"

"Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del Gobierno", aseguró.

HRW puntualizó que para hacer esas documentaciones "analizó y verificó 39 videos y dos fotografías" de las protestas encontrados en diversas redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales.

Los investigadores de HRW confirmaron los "lugares exactos en los que se filmaron estos videos; analizaron las sombras, patrones meteorológicos y fechas de carga del material en redes sociales para determinar la hora en la que ocurrieron los hechos".

También consultaron con patólogos forenses y expertos en armas, que analizaron las heridas de las víctimas y las armas identificadas en los videos y fotografías.

De acuerdo con las autoridades de Venezuela, más de 2.400 personas han sido detenidas en las protestas, mientras que el Foro Penal, una ONG que da asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, registró más de 1.580 "presos políticos", detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes.

En ese asunto, dice HRW, los fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como "incitación al odio", "resistencia a la autoridad" y "terrorismo".

Además, HRW aseguró que las autoridades venezolanas violan los derechos humanos de manifestantes, transeúntes y líderes de la oposición luego de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la victoria a Nicolás Maduro, pero la oposición reclama el triunfo.

HRW documentó que en Venezuela las autoridades y los colectivos, civiles armados partidarios del Ejecutivo "han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno".