La ONU pide investigar al menos 28 asesinatos durante las protestas tras las elecciones venezolanas

Madrid / Caracas/El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, reclamó una "pronta y efectiva investigación" de al menos 28 asesinatos en las protestas organizadas en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio y que continúe la puesta en libertad de los detenidos de forma arbitraria en esa crisis.

"Ello incluye los casos de defensores de derechos humanos (detenidos arbitrariamente) como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como trabajadores humanitarios", indicó Türk este viernes en una actualización sobre la situación en Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Les animo a revisar los casos de los aún detenidos, en línea con las garantías de debido proceso", aseguró en referencia a los cientos de personas que siguen arrestadas.

"Me preocupa que muchos de los detenidos lo han sido de forma arbitraria, incluyendo adolescentes y jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados"

"Me preocupa que muchos de los detenidos lo han sido de forma arbitraria, incluyendo adolescentes y jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados" o personas que simplemente se encontraban en el mismo lugar donde se desarrollaban las protestas, subrayó Türk.

El responsable de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó además su preocupación por el uso en Venezuela de legislación antiterrorista contra manifestantes, así como las denuncias de posibles desapariciones forzadas y maltrato.

"Urjo a las autoridades a cumplir sus obligaciones para garantizar que las condiciones de detención cumplan las leyes internacionales. Deben proveer adecuados alimentos, agua y atención médica a los detenidos, muchos de ellos encarcelados en celdas hacinadas y con necesidad urgente de cuidado sanitario", aseguró.

Türk indicó por otro lado que defensores de derechos humanos, líderes sindicales, responsables de prensa, miembros de la oposición y otros actores sociales son víctimas de amenazas y acoso.

"Muchos de ellos han abandonado Venezuela, por lo que animo a los Estados de la región a garantizar su protección y a adoptar una actitud flexible en lo tocante a documentos de identidad expirados", señaló.

El alto comisionado también denunció el cese de operaciones de varias ONG ante distintas presiones que han incluido detenciones, vigilancia y cancelación de pasaportes, lo que en sus palabras "contribuye a un clima de miedo y tensión social que impide a las organizaciones de la sociedad civil cumplir su importante labor".

En este sentido, agregó, legislaciones restrictivas como la Ley Simón Bolívar o la destinada a regular las ONG "corren el riesgo de infringir gravemente las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política".

"Visité Venezuela hace casi dos años, siento que la población del país ha vivido tiempos muy difíciles, y veo que su sociedad debe sanar, superar las divisiones y la polarización, e iniciar un diálogo inclusivo", aseguró el alto comisionado austríaco.

Türk reiteró que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela ha reanudado parcialmente sus actividades en las últimas semanas, después de que en febrero éstas fueran suspendidas por orden de las autoridades, y está haciendo todos los esfuerzos de su parte para que el retorno sea completo.

"No es con medidas coercitivas, ni con mandatos impuestos, ni con la derrotada máxima presión contra Venezuela y mucho menos con la diplomacia del engaño, que van ustedes, señores imperialistas, a lograr sus objetivos en Venezuela"

"Mi oficina puede jugar un importante papel a la hora de tender puentes entre las instituciones estatales y el pueblo de Venezuela", subrayó.

La actualización de Türk fue rechazada en el turno de réplica por el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, quien aseguró que "posiciones como la que acaba de pronunciar el alto comisionado afectan a la credibilidad del sistema de Naciones Unidas y en particular del sistema de derechos humanos".

"Le exigimos respetar la institucionalidad venezolana y le invitamos una vez más a reflexionar acerca de su rol imparcial y objetivo en la promoción y protección de los derechos humanos", agregó el jefe de misión.

"No es con medidas coercitivas, ni con mandatos impuestos, ni con la derrotada máxima presión contra Venezuela y mucho menos con la diplomacia del engaño, que van ustedes, señores imperialistas, a lograr sus objetivos en Venezuela", proclamó Yánez.

El Congreso español aprobó una proposición no de ley (PNL) este jueves en la que insta este jueves al Gobierno a pedir al Tribunal Penal Internacional (TPI) que dicte una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La solicitud salió adelante con el voto en contra del PSOE y Sumar, los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición.

Esta reclamación está incluida en una proposición no de ley del PP con cuatro puntos que se han sometido a votación por separado. Todos ellos han sido aprobado gracias al apoyo o la abstención de socios del Gobierno, y sólo uno ha contado con el voto a favor de la bancada socialista.

Los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (Junts), socios de investidura de Pedro Sánchez, se han unido al PP, Vox y los partidos regionalistas navarro y canario para instar al Gobierno a emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas. En contra han votado, además del PSOE y Sumar, Podemos y los independentistas vascos (Bildu), catalanes (ERC) y gallegos (BNG).

Todos ellos han sido aprobado gracias al apoyo o la abstención de socios del Gobierno, y solo uno ha contado con el voto a favor de la bancada socialista

El hemiciclo se ha dividido de la misma manera en el punto en el que se urge al Gobierno a presentar en un mes un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad.

La petición de que España se adhiera a la demanda presentada en 2018 y solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Maduro "y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad", ha salido adelante con los votos de PP, Vox, y UPN y gracias a las abstenciones de PNV, Junts y CC.

En el punto en el que se emplaza al Ejecutivo de coalición a "respaldar los informes de Naciones Unidas en los que se recogen las graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela", los partidos del Gobierno se han dividido. En concreto, el PSOE ha votado a favor con PP, Vox, Junts y PNV, mientras que Sumar, Podemos y el BNG han votado en contra y los independentistas de ERC y Bildu se han abstenido.

Las PNL no son vinculantes en el ordenamiento jurídico español, aunque sirven para fijar posiciones de la cámara, en este caso del Pleno.

En Venezuela, este jueves el Gobierno informó de que en las últimas 72 horas se excarceló a 103 personas –que se suman a otras 225 liberadas en noviembre–, detenidas en el contexto de las protestas en contra del resultado oficial de los comicios del 28 de julio en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador.

"Se informa al país de que en las últimas 72 horas (10, 11 y 12 de diciembre) se han producido 103 excarcelaciones, que se suman a 225 medidas cautelares otorgadas el pasado 26 de noviembre del presente año", señaló la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz en un comunicado publicado en Telegram.

"Se informa al país de que en las últimas 72 horas (10, 11 y 12 de diciembre) se han producido 103 excarcelaciones, que se suman a 225 medidas cautelares otorgadas el pasado 26 de noviembre del presente año"

Añadió que esta medida se llevó a cabo tras una solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los "órganos del sistema de justicia" de revisar las causas vinculadas a "hechos de violencia y delitos cometidos en el marco de la elección del 28 de julio".

El pasado 20 de noviembre, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que, entonces, el sistema de justicia evaluaba la posibilidad de excarcelar a más personas arrestadas tras las presidenciales, de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de la crisis postelectoral.

Por el momento, se desconoce si, con las últimas excarcelaciones, se ha cumplido la meta del Ejecutivo o si se plantean más.

En un acto de formación de un "comité de víctimas del fascismo", integrado por familiares de personas fallecidas y heridas tras los comicios, reiteró que si no hay "elementos de convicción" para demostrar la responsabilidad penal de alguno de los detenidos, ese ciudadano "será liberado".

Por su parte, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de "presos políticos", computaba hasta este martes un total de 1.913 detenidos por estos motivos, la gran mayoría apresados tras las presidenciales, así como 165 excarcelaciones, según dijo el miércoles a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de esta organización.

Las liberaciones de esta semana se dieron a la vez que se produjeron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, la del activista y ex concejal de Caracas Jesús Armas y la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf.

Las liberaciones de esta semana se dieron a la vez que se produjeron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió este jueves conocer el paradero de Armas. "Han pasado más de 48 horas desde el secuestro de Jesús Armas. ¿Dónde está Jesús? Él es un activista de derechos humanos y luchador social", escribió la PUD en su cuenta de X.

Igualmente, la líder opositora María Corina Machado denunció que, hasta el momento, la familia no ha podido ver ni saber "dónde está" Armas. "El régimen es responsable de su integridad", añadió.

Machado sostuvo que el exconcejal es un "activista social, defensor de derechos humanos, profesor universitario y miembro" del comando de campaña del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

El miércoles, la pareja de Armas, Sairam Rivas, acompañada por los padres del activista, aseguró que no saben "absolutamente nada" de su paradero desde las 21:00 hora local del martes, luego de que, según testimonios citados por la mujer, fuera "sacado de forma abrupta" de un café en una zona de Caracas e "ingresado por la fuerza en una camioneta".

Desde las afueras de la sede del Ministerio Público, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que "respete la integridad física, mental, psicológica y la salud" del también presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, quien necesita recibir un tratamiento médico "permanente" al ser asmático y sufrir "fuertes alergias".

"Hacemos responsables al régimen y a las autoridades en Venezuela de cualquier cosa que le pueda pasar a Jesús Armas con su salud y su integridad", expresó Rivas, para quien la detención de su pareja forma parte de la "política de puerta giratoria", con la cual, según denuncian organizaciones no gubernamentales, se llevan a cabo nuevas detenciones luego de excarcelaciones.