La Justicia venezolana se somete a la Constituyente chavista

Caracas/(EFE).- La Justicia venezolana se puso este martes al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que pidió que establezca penas de más de 50 años de cárcel para quienes incurran en delitos como "traición a la patria" o robo.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, compareció ante los más de 500 constituyentes reunidos en Caracas para "subordinarse" ante el órgano plenipotenciario, que lo ratificó en el cargo, así como al resto de magistrados, algunos tachados de ilegítimos por el Parlamento.

"Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades", dijo.

Homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo podrían ser penados con hasta 50 años de prisión, para lo que habrá que rectificar el máximo de 30 que permite ahora la Constitución

A su juicio, quienes cometan tales faltas "deben cumplir más de 50 años, todo lo cual requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución".

El titular del Poder Judicial también remarcó que la corrupción administrativa "merece el castigo severo de la ley" para impedir que los "enemigos de la patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países".

"Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el Seniat (Hacienda) para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa", expuso.

Solicitó además calificar "el delito de intolerancia ciudadana o delito de odio" como una falta penal y revisar, asimismo, la efectividad de las leyes vigentes, los cuerpos policiales y los sistemas de investigaciones penales.

El juez Moreno, cercano al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, agregó que el Supremo está dispuesto a colaborar con la Constituyente "para una revisión exhaustiva del sistema judicial".

En medio de esta sesión, la presidenta del suprapoder, la excanciller Delcy Rodríguez, anunció que por indicación del jefe de Estado se devolverá a la justicia ordinaria los casos de cientos de civiles detenidos durante las protestas que fueron llevados ante tribunales militares.

Delcy Rodríguez, anunció que por indicación del jefe de Estado se devolverá a la justicia ordinaria los casos de cientos de civiles detenidos durante las protestas que fueron llevados ante tribunales militares

La política chavista indicó que estos expedientes serán revisados por una poderosa Comisión de la Verdad -también dirigida por ella-, que celebrará el miércoles su primera sesión de trabajo para empezar a juzgar a los presuntos responsables de la "violencia política" en el país.

Todas estas acciones y decisiones permitirán, según dijo la exministra de Exteriores, la "revolución del Poder Judicial, poder enfrentar en una segunda etapa de la revolución bolivariana lo que tiene que ver con la justicia".

Por otra parte, el Parlamento acordó citar al fiscal general, Tarek William Saab, para que declare sobre el informe de la ONU en el que se acusa a las autoridades venezolanas de maltrato sistemático y generalizado a miles de manifestantes y de detenciones arbitrarias en los últimos meses.

La Cámara, que no precisó para cuándo fue citado Saab, también acordó transcribir el debate que se realizó sobre el informe de la ONU para que sea añadido a la documentación presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

La diputada y presidenta de la Comisión Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, fue la encargada de abrir el debate y presentar varios casos, "que son ejemplo de la violación a derechos humanos", vinculados a las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron el pasado 1 de abril.

En cuanto al Consejo Nacional Electoral, la Constituyente ratificó en su cargo a Luis Emilio Rondón, el único de sus cinco integrantes crítico con el chavismo.

Se decreta "ratificar al ciudadano Luis Emilio Rondón González (...) como rector principal del Consejo Nacional Electoral", dice el documento de la Asamblea Constituyente que fue aprobado por unanimidad tras ser sometido a votación.

El vicepresidente Pence confía en que "trabajando con los aliados de Latinoamérica podrían lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano"

El pasado viernes la Constituyente ratificó a cuatro de los cinco rectores del CNE, mujeres afines al Gobierno, pero no a Rondón, quien se ha caracterizado por sus críticas al Gobierno de Nicolás Madura y además tachó de inconstitucional la elección de la ANC.

Mientras, la gira del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, continúa y mantiene como uno de sus principales objetivos encontrar la solución al conflicto venezolano. Ayer, la Casa Blanca resaltó que esa solución va a ser "pacífica" y que en ella participarán los países de la región, según una portavoz de Departamento de Estado.

En entrevista con Efe en Miami, Katherine Caro explicó que el tema de Venezuela ha cobrado un "rol muy importante" en el viaje de Pence que comenzó este domingo en Colombia y termina este viernes en Panamá.

Caro señaló que el vicepresidente estaba confiado de que "trabajando con los aliados de Latinoamérica podrían lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano" y que el presidente Donald Trump lo había enviado a la región para hablar con los líderes "a buscar soluciones pacíficas y diplomáticas". "Lo que harán por Venezuela, lo harán juntos", zanjó.

La defensa de "la aplicación de los preceptos democráticos en las Américas" precisamente fue ayer el motivo esgrimido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para conceder a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa.

La SIP indicó que el premio fue concedido a Almagro "por su invalorable defensa e impulso de las libertades de expresión y de prensa como esencia misma de la democracia

El galardón, que será entregado en octubre próximo, honrará también a la prensa independiente venezolana.

Matt Sanders, presidente de la SIP, destacó especialmente el apoyo de Almagro "a las fuerzas democráticas" en Venezuela, "criticado de manera implacable al Gobierno de Nicolás Maduro".La SIP, con sede en Miami, indicó que el premio fue concedido a Almagro "por su invalorable defensa e impulso de las libertades de expresión y de prensa como esencia misma de la democracia, tal como las reconoce la Carta Democrática Interamericana".

El premio también reconoce el trabajo de Almagro en la OEA para combatir la violencia contra la prensa y, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsar los numerosos casos de crímenes impunes contra periodistas.