CRF acusa a Cuba de "fabricar pretextos" para eludir el pago de su deuda

Londres/Decenas de cubanos se manifestaron esta mañana en la puerta del Tribunal Superior de Londres donde hoy se desarrollaba la segunda jornada del juicio que enfrenta al fondo de inversión CRF I y Cuba por la propiedad de una deuda de 72 millones de euros que el grupo financiero adquirió en 2019.

Los manifestantes portaron banderas cubanas y carteles en los que calificaba de dictadura al régimen y se pedía al tribunal londinense que obligue al Estado a pagar.

En la sesión de hoy, el grupo inversor CRF I, constituido en 2009 en las islas Caimán, ha acusado a las autoridades cubanas de "fabricar pretextos" para no reconocerlo como acreedor y cumplir sus obligaciones.

Raúl Olivera Lozano, antiguo director de operaciones del Banco Nacional de Cuba (BNC) y actualmente preso, ha asegurado este martes que un agente del fondo inversor CRF lo sobornó para obtener la cesión de los derechos contractuales sobre los bonos de deuda pública cubana.

Olivera también dijo que "incumplió sus responsabilidades" al autorizar el 25 de noviembre de 2019 "sin consultar previamente" al Gobierno cubano, como garante, la reasignación a CRF de esos títulos, que antes gestionaba el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC.

Así, insistió en su culpabilidad y explicó que aprobó unilateralmente el traspaso de la deuda tras recibir en octubre de 2019 un promesa de pago de 25.000 libras esterlinas (30.700 dólares) de un consultor de CRF

El ex funcionario de 63 años, condenado en mayo de 2021 por ese presunto caso de soborno, compareció por videoconferencia desde la Habana como testigo del BNC y la República de Cuba en un juicio en Londres instigado por el fondo inversor, que reclama el cobro de las obligaciones.

La jueza Sara Cockerill de la división comercial del Tribunal Superior debe determinar si CRF, registrado en 2009 en las islas Caimán, es el acreedor legítimo de la deuda, derivada de unos contratos de préstamo suscritos por Cuba con dos bancos europeos en los años 80 y que ha ido cambiando de manos.

BNC y la República de Cuba sostienen que la cesión de los derechos al fondo "no fue válida", dado que Olivera incumplió las normas al aprobarla con su sola firma (en lugar de dos) y sin el consentimiento del ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de ministros.

Durante su declaración, el exfuncionario refutó los argumentos del abogado de CRF, Jawdat Khurshid, de que en realidad él sí cumplió con su deber y de que su condena a 13 de años de prisión (junto con otros colegas implicados en la reasignación) es una farsa orquestada por el régimen cubano para "eludir sus responsabilidades".

Así, insistió en su culpabilidad y explicó que aprobó unilateralmente el traspaso de la deuda tras recibir en octubre de 2019 un promesa de pago de 25.000 libras esterlinas (30.700 dólares) de un consultor de CRF, identificado en los documentos como Jeetkumar Gordhandas.

Cuando Khurshid puso en duda su testimonio, con la implicación de que había sido forzado, Olivera pidió que no le tratara de "mentiroso".

Khurshid también alertó a la jueza de que deben tomarse con "cautela y escepticismo" los argumentos de los demandados, el BNC y la República de Cuba, en el sentido de que Olivera actuó ilegalmente al consentir la cesión de los derechos contractuales del ICBC al CRF.

La parte cubana había argumentado inicialmente que Olivera fue sobornado para realizar la operación, delito que invalidaba la cesión, pero posteriormente retiró esta estrategia, en la que involucraba a dos empleados de CRF, Jeetkumar Gordhandas, y ICBC, Don Stevenson, que niegan los hechos.

"El abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves contra Gordhandas y Stevenson no tenían fundamento"

Según los alegatos iniciales de Cuba, a fines de octubre de 2019 Gordhandas se reunió con Lozano y le entregó una suma en efectivo de 200 CUC (equivalente a unos 5.000 pesos cubanos) y le prometió una suma adicional (de 25.000 libras esterlinas o 30.700 dólares) por su ayuda para obtener o acelerar la asignación de la deuda.

Esto se hizo con el presunto conocimiento de Stevenson, con quien supuestamente había acordado el plan a principios de 2019, de acuerdo con esas argumentaciones.

Según Khurshid, "el abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves contra Gordhandas y Stevenson no tenían fundamento".

El abogado también sostiene que esta estrategia, junto con el encarcelamiento de la directiva del BNC involucrada en la asignación de la deuda, demuestran que las autoridades cubanas "han estado dispuestas a fabricar pretextos (independientemente de las consecuencias) para tratar de evitar sus obligaciones con CRF".

El BNC y la República de Cuba, personados en este caso, sostienen por su parte que es nula la cesión aprobada por Lozano con una sola firma (en lugar de dos) y sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, y rechaza reconocer a CRF como acreedor legítimo, al considerarlo un "fondo buitre" que quiere lucrarse cobrando a un país en dificultades económicas.

Entre los llamados a declarar en el desarrollo del proceso estará el viceministro primero de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, según informó el diario oficial Granma. También lo harán declarará en calidad de testigo Joscelín Río Álvarez, actual presidenta del Banco Nacional de Cuba (BNC).

Entre los representantes de las autoridades cubanas, destaca el vocero del régimen Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que está reportando para Granma la visión oficial de la vista oral.

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