El Gobierno de Cuba sigue deteniendo a opositores, artistas y periodistas, según un informe

México/(EFE).- El Gobierno de Cuba practica detenciones arbitrarias y encarcela a opositores, artistas y periodistas independientes, además de prohibir la entrada de observadores internacionales de derechos humanos, según el informe anual sobre 2019 de Amnistía Internacional (AI), publicado este jueves.

"Un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, las autoridades seguían utilizando arraigados mecanismos de control para silenciar las voces críticas", se afirma en el texto.

La organización internacional acusa al Gobierno cubano de seguir "deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición política".

AI asegura haber identificado a seis presos de conciencia en Cuba aunque estos representarían "sólo una parte de las personas que probablemente estaban recluidas por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias"

AI asegura haber identificado a seis presos de conciencia en Cuba aunque estos representarían "sólo una parte de las personas que probablemente estaban recluidas por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias", y recuerda que la ONG Cuban Prisoners Defenders certificó en un listado al menos 71 personas encarceladas por motivos políticos.

El informe menciona específicamente el caso del periodista Roberto Quiñones, corresponsal del diario Cubanet, con sede en Miami, que permanece recluido en una cárcel cubana tras ser condenado por resistencia y desobediencia por un "más que dudoso" incidente con las autoridades cuando cubría un evento el año pasado.

También alude a José Daniel Ferrer, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (Unpcu), en prisión desde finales de 2019 por una supuesta agresión que él y su entorno niegan.

Amnistía Internacional denuncia que, para reprimir las voces críticas, el Gobierno cubano recurre a la estrategia de imputar delitos no reconocibles internacionalmente, como "desacato" o "peligrosidad". Otros periodistas independientes cubanos sufren "hostigamiento y detenciones arbitrarias", además de la censura parcial de sus portales en la Isla, según la ONG.

En 2019 el Gobierno de Cuba "no ratificó tratados internacionales clave de derechos humanos y se negó a fortalecer la independencia del poder judicial o alinear la legislación penal cubana con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos", recoge el informe.

El texto asegura que Cuba siguió siendo el único país del continente americano al que se prohíbe la entrada de Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos.

"Al concluir el año, la población cubana soportaba escasez de alimentos, medicinas y combustible", refleja el informe

Amnistía Internacional también aludió a la agudización de la crisis económica en la Isla el año pasado que, al igual que la mayoría de analistas, atribuyó al endurecimiento del embargo de EE UU y la reducción de la ayuda de Venezuela. "Al concluir el año, la población cubana soportaba escasez de alimentos, medicinas y combustible", refleja el informe.

La organización consideró "muy alarmante" la situación de derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países.

Precisamente las multitudinarias protestas en diferentes países de la región marcaron un convulso 2019 en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con atención especial en países como Chile, Venezuela y México, entre los más impactados.

"Tristemente la radiografía de 2019 es muy alarmante", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, que recordó que países de la región ocupan los primeros lugares de los listados de tasas de homicidio "inclusive en comparación con países que se encuentran en conflicto armado".

De hecho, la propia organización reportó que en 2019, unas 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado.

Recordó que el ejercicio de los derechos humanos de las grandes mayorías en distintas naciones quedó a un lado "ante la incapacidad de los Estados de poner en práctica políticas públicas que benefician a la ciudadanía" esto junto con la violencia, desigualdad, inestabilidad institucional, problemas a los que se sumó la impunidad.

Guevara señaló que "la mayoría de las violaciones a los derechos humanos quedó en la impunidad en un gran porcentaje" y que los casos de violaciones a los derechos que se investigan "son investigaciones que llevan a encubrir a los perpetradores".

Guevara señaló que "la mayoría de las violaciones a los derechos humanos quedó en la impunidad en un gran porcentaje"

Explicó que estos factores combinados llevaron a una situación de "hartazgo generalizado y de descontento social" que originó protestas en diversos países, desde Haití hasta Chile pasando por cada uno de los países de América Latina como Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y México, donde destacaron los liderazgos de mujeres y jóvenes y de movimiento históricamente relegados como los movimientos indígenas o los feministas.

Pero la respuesta que obtuvieron de los Estados de los gobiernos "fue una respuesta violenta y represiva que buscó castigarlos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y la salida pacífica".

AI dijo que el contexto de las protestas una 210 personas perdieron la vida por las represiones violentas además de miles de personas resultaron heridas por el uso excesivo de la fuerza y en muchos casos el uso letal de la fuerza como sucedió en Haití, Honduras y Chile, éste último "una sorpresa negativa".

Para Guevara, además de los saldos inmediatos en pérdida de vidas humanas, de miles de personas heridas y detenidas arbitrariamente se sumó el fortalecimiento del aparato estatal represor en casos tan radicales como el de Venezuela con el Gobierno de Nicolás Maduro. "A las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el uso de la tortura que son delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad por la generalización y la sistematización se sumaron los 4,8 millones de personas que abandonaron el país", expuso.

Dijo que ese escenario se replicó en Centroamérica con el fenómeno de la expulsión de personas que salen de sus países de origen "por la violencia generalizada y la incapacidad de los Estados de protegerlos".

Lo único que encuentran es una segunda ola de violaciones a los derechos humanos en los países de tránsito y de destino como cuando pasan por México hacia Estados Unidos. Señaló que la implementación de políticas "crueles e inhumanas" de la Administración Trump y que "lamentablemente se ha expandido" en la región en países como México.

Guevara dijo que el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus promesas de cambiar la política migratoria y de refugiados para tener una política humanitaria, "se convirtió no sólo en el oficial de deportación de Trump, sino ahora en el oficial de detención".

Guevara dijo que el Gobierno del presidente de México, a pesar de sus promesas, "se convirtió no sólo en el oficial de deportación de Trump, sino ahora en el oficial de detención"

Estados Unidos, bajo el programa conocido como Remain in México (Quédate en México), envía de vuelta a quienes están pendientes de asilo y según las estimaciones de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), actualmente más de 60.000 se encuentran bajo el paraguas de este programa.

La directora para la Américas de AI dijo que las cifras de personas detenidas en México han ido en aumento, pero "lo más escalofriante es ver la cifra de niños y niñas detenidos en centros de detención migratoria en México, según agencias, unos 16.000".

Para Guevara, "al final, Trump logró construir su muro que no necesariamente ha sido físico sino el de la Guardia Nacional (de México)", un nuevo cuerpo de seguridad compuesto en su mayoría por militares.

Dijo que además de imponer políticas crueles en Estados Unidos, Trump ha expandido su control en otros países a través de acuerdos bilaterales, incluso, ha firmado acuerdos con países de Centroamérica que son expulsores de personas refugiadas (...) por lo que sus políticas están afectando el ejercicio de derechos en el caso de migración y refugio" en la región.

Guevara consideró que a los discursos divisorios y de odio no sólo Trump sino de otros presidentes como Jair Bolsonaro (Brasil), Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Juan Orlando Hernández (Honduras) se van añadiendo a la lista más gobernantes que están violando derechos humanos, pero ante ellos está el poder de las personas.

"A pesar de este contexto tan adverso no podemos dejar de reconocer que las personas siguen tomando las calles y además son los jóvenes, mujeres y hombres, los que ahora están al frente de estas movilizaciones", dijo Guevara y puso como ejemplo a Chile donde han impulsado el proceso de reforma a su Constitución.

Además dijo que las mareas verdes y moradas de movimientos de mujeres y movimientos feministas en Argentina y México "han contagiado a toda la región" junto con los movimientos de resistencia históricos como los movimientos de pueblos indígenas".

Al menos 3.500 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente era muy superior, ya que 10 países sólo proporcionaron datos

La organización recordó que la violencia por motivos de género continuó siendo generalizada en América Latina y las defensoras de derechos humanos "estaban expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y tortura a causa de múltiples formas de discriminación".

Amnistía refirió que en noviembre de 2019, el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su información más actualizada sobre feminicidios (homicidios de mujeres por motivos de género) basada en cifras oficiales de 16 países de América Latina y el Caribe.

Según estos datos, al menos 3.500 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente era muy superior, ya que 10 países sólo proporcionaron datos de mujeres que habían sido asesinadas por su pareja o expareja.

Para la representante de AI, el cambio que se requiere "es el poder de las personas, de la gente de seguir demandando y exigiendo sus Estados, pero sobre todo, el poder de la gente de plantearse qué tipo de gobiernos quieren tener y las personas marcarán la diferencia porque estos líderes nefastos que están promoviendo el odio, la división, las violaciones a los derechos humanos estarán en el lado incorrecto de la historia y son las personas las que les harán rendir cuentas", finalizó.

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