Cuba recibe 66 migrantes en el segundo vuelo de deportación desde Estados Unidos

La Habana/ Washington/ Miami/(EFE).- Cuba recibió este miércoles un grupo de 66 migrantes irregulares devueltos desde Estados Unidos en el segundo vuelo tras la reciente reanudación de las deportaciones por vía aérea entre ambos países que permanecieron suspendidas desde diciembre del año 2020.

En esta devolución llegaron 60 hombres y 6 mujeres que fueron detenidos por las autoridades de EE UU al llegar a sus costas o al cruzar la frontera con México, según informó el Ministerio del Interior en su perfil de Twitter.

Los primeros cubanos devueltos tras la reanudación de los vuelos de deportación estadounidenses fueron 123 que llegaron a La Habana el pasado 24 de abril, 83 de ellos que habían transitado por rutas irregulares rumbo hasta la frontera sur estadounidense, tras salir legalmente por vía aérea del país. Otros 43 habían abandonado ilegalmente Ia isla por vía marítima y fueron detenidos al llegar a la costa de EE UU, según refirieron medios oficiales.

El Ministerio del Interior señaló entonces que estos vuelos son "resultado de la cooperación bilateral entre Cuba y Estados Unidos en materia migratoria".

Este miércoles, el Gobierno de EE UU promulgó una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes en el contexto sanitario del coronavirus.

La norma califica como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE UU

La norma califica como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE UU, explicaron funcionarios del Gobierno.

La víspera, el Servicio de Guardacostas de EE UU entregó 27 balseros cubanos a las autoridades de la Isla. Con ellos sumaron 3.580 los migrantes irregulares retornados en lo que va de este año desde varios países, incluidos más de 2.600 devueltos por EE UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planteó ayer la posibilidad de que otros países se sumen al acuerdo con España y Canadá para acoger a migrantes latinoamericanos, si bien no detalló negociaciones al respecto con ningún país en concreto.

"Estamos muy contentos y agradecidos de que España esté participando (en el acuerdo)", dijo el líder de la diplomacia estadounidense durante una rueda de prensa con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. También participa Canadá y posiblemente otros países podrían hacerlo", dijo Blinken al ser preguntado si otras naciones europeas se sumarán al plan.

Blinken subrayó que en el caso de España "hay una lógica particular", porque comparte el idioma con los migrantes latinoamericanos y necesita atraer mano de obra a su mercado laboral, lo que lo convierte en un país "especialmente atractivo".

En la rueda de prensa, Albares no dio detalles ni de números ni de plazos para recibir a los migrantes, ni tampoco aclaró el estatus migratorio que recibirán. El ministro español contó que el objetivo del acuerdo es el de demostrar a los migrantes que emprenden largas y peligrosas travesías para llegar a territorio estadounidense o europeo que la migración irregular "no es la única vía existente".

Además, recalcó que países como España necesitan "encontrar mano de obra en sectores muy determinados" y reivindicó que la apertura de mecanismos para migrar de forma regular "es el mejor instrumento para desincentivar la migración irregular".

"Siempre se encontrará a España entre los países que se suman a cualquier iniciativas que ayuden a nuestros hermanos latinoamericanos, con los que compartimos tantas cosas y que coadyuvan al desarrollo económico y la prosperidad", afirmó.

Preguntado por la situación política en Venezuela y Cuba, Albares dijo que su Gobierno quiere "para todos los países de Latinoamérica exactamente lo mismo que para España: prosperidad, democracia y libertad"

Preguntado por la situación política en Venezuela y Cuba, Albares dijo que su Gobierno quiere "para todos los países de Latinoamérica exactamente lo mismo que para España: prosperidad, democracia y libertad".

En cuanto a las sanciones que Washington impone a estos países, el ministro dijo que no opina sobre "las decisiones de otros países".

También en Florida se estrecha el cerco a la inmigración irregular. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles el proyecto de ley SB 1718, que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en esta situación.

En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden, DeSantis dijo que la ley que firmó es en respuesta a lo que describió como "problema masivo en la frontera con México".

El proyecto de ley, de 43 páginas, incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a "inmigrantes no autorizados", entre muchas otras disposiciones.

DeSantis arremetió contra la que definió como "dejadez" por parte de la Administración del presidente de EE UU, Joe Biden, en materia migratoria, una "responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno", dijo.

El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de "combatir los efectos de la política" de Biden.

La norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado

Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.

El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.

E-Verify es un sistema que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.

La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.

También elimina las exenciones de las matrícula educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.

Esta ley y sus disposiciones fueron ayer fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de "discriminatorias y potencialmente inconstitucionales", cuyo "único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes" de Florida.

"Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí", dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

"Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí"

"¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?", se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa "antiinmigrante más extrema del país".

Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es "el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios". El gobernador "no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra" y debería protegerla, agregó.

"Como alguien que llegó a EE UU como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad", subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.

DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un "tremendo desastre" en la frontera sur. "El propio Gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias", apuntó el gobernador.

El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda "antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política".

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