Los cubanos en Tijuana se niegan a que el Título 42 les arrebate su sueño americano

México/La noche del pasado 20 de mayo, Yoel Fanjul Pérez cruzó por Yuma en compañía de su hermana y dos sobrinos. Se fundieron en un abrazo, habían llegado a Arizona (EE UU) casi dos meses después de abandonar Cuba. "Un oficial tomó nombres, pidió el país de origen y los apuntó en un listado", dice a 14ymedio.

A Fanjul lo separaron de su familia al llegar a una prisión. "Me pusieron con gente de Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua", cuenta este joven originario de Nuevitas, Camagüey. Los subieron a una guagua el día 21 y ese mismo día lo retornaron por "un lugar desconocido".

Desde entonces permanece cerca del albergue que instalaron para ucranianos en la Unidad Deportiva Benito Juárez, en el estado fronterizo de Tijuana. El móvil que le devolvió la Patrulla Fronteriza estadounidense le permite a Fanjul estar en contacto con su hermana. "Están bien y ya fueron liberados".

Fanjul realiza una comida al día, se asea con el agua que le dan los encargados del deportivo en un bote y duerme entre cartones a un costado del refugio improvisado. El domingo se unió a la vigilia de protesta encabezada por migrantes en el puente internacional en Tijuana, que conduce a San Ysidro, EE UU.

Ha escuchado historias de gente que ha estado 14 meses esperando asilo, otros llevan seis. "¿Qué hago?", se pregunta. Su hermana le dice que no "entre en desesperación" y le recuerda que tiene permiso de visitante con estancia por 180 días. Se lo otorgaron el día 3 de mayo en la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.

El día de la vigilia, apenas se acercó al lugar en que tendría lugar, le entregaron una pancarta en que se leía: "No más Título 42", que supuestamente vería su fin el 23 de mayo. A su lado una venezolana originaria de Zulia, de nombre Gabriela sostenía otra con la leyenda: "Defender el asilo".

El 20 de mayo el juez de Luisiana, Robert Summerhays, impidió a la Administración del presidente Joe Biden finiquitar el Título 42, una medida de deportación rápida contra indocumentados amparada en la pandemia que fue impuesta en el 2020, durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

El juez de Luisiana "fue impuesto por Trump y todavía estamos pagando esos rezagos de su Administración", dice a 14ymedio el director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez. "No nos queda más que lamentar y esperar a que Biden busque otra vía para poder recibir las solicitudes de asilo".

Alrededor de 5.000 migrantes permanecen en los 25 albergues que hay en Tijuana, cuando en el 2019 la cifra no alcanzaba los 3.000. Hasta el mes de abril 1.275 habían solicitado refugio, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. "Un 70% de estos solicitantes es posible que se queden en el estado", dice Lucero. El problema, acepta el funcionario, es que "una vez que se elimine el Título 42 no quiere decir que todos van a ingresar".

La vigencia del Título 42 genera desesperanza. Están varados miles de migrantes. El personal de Aduanas y Protección de Fronteras atiende al día a 150 solicitantes por razones humanitarias, gente con problemas médicos, que tengan alguna discapacidad y "casos graves de persecución".

Jessé, migrante y, a la vez, colabora en la organización Espacio Migrante, explicó a Efe que la problemática que percibe es que nuevamente "se van a conjuntar una serie de problemas y riesgos para los migrantes", lo que les implica vislumbrar nuevas posibilidades para su atención.

"Aquí vivimos problemas que tienen que ver con arrestos de la policía por perfil racial, muchas personas que tienen problemas de salud mental y que no están siendo tratados, y en la parte médica muchos no cuentan con el seguro para acudir a los hospitales, a lo que se les suma los costos de rentas que suben cuando son personas de color", resaltó.

Eddy y Yunior vivieron a inicios de mayo dos retornos. "En México nos asaltaron. Tenemos miedo de regresar a Cuba", se les escucha decir a agentes de la Patrulla Fronteriza para evitar ser retornados por la frontera de Tijuana, en un video publicado en redes.

César, el primo de Eddy y Yunior, compartió el material en el que además manifestaban su temor por el régimen de la Isla. "Queremos asilo político en los Estados Unidos", expuso uno de ellos.

Ninguno de los argumentos convenció a los oficiales. Eddy y Yunior fueron regresados a México. En el video compartido por César hizo notar que era el segundo retorno de sus primos "después de pedir asilo, sin ser escuchados ni analizar sus casos".

Había temor por no saber si se podía cruzar por tercera ocasión a EE UU "por Piedras Negras u otro lugar", comenta a 14ymedio César. "Realmente no se sabía, es un limbo todo eso". Finalmente lograron ingresar y actualmente se encuentran en Miami.

Las ciudades de Piedras Negras y Acuña, en el estado fronterizo con Texas, están siendo la vía de acceso para el cruce de migrantes por el Río Bravo. En días pasados se evidenció que la Patrulla Fronterizo quedó desbordada ante el arribo de cientos de cubanos, venezolanos, colombianos, haitianos, guatemaltecos y hondureños.

Este lunes, el gobernador republicano Greg Abbott acudió a Eagle Pass y tras el recorrido aéreo y ser informado del Operativo Espejo que se realiza en coordinación con las autoridades de Coahuila, endureció las medidas contra migrantes. Habló de detenciones bajo "cargos de allanamiento" y penas de un año a quienes sean encontrados culpables de este delito.

Abbott prometió condenas más severas a coyotes y narcotraficantes. Nuevamente habló de colocar más cercas con alambre de púas en los límites del Río Bravo. Hasta el momento, dijo, Texas ha enviado un total de 45 autobuses con migrantes hasta Washington.

Organizaciones civiles y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González, alertaron este martes del "incremento exponencial" de la militarización contra los migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos.

Mientras que en 2019 había 8.715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, la cifra creció más del triple para abril de 2022, a más de 28.500, indicó el informe "Bajo la bota" de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

"Ha habido un incremento exponencial de dicha militarización, sobre todo a partir de la firma de acuerdos migratorios que han sido impulsados por Estados Unidos y aceptados, en concreto, por México", expuso Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, al presentar la investigación.

El reporte acusó al Gobierno de México de convertirse en un "muro militar contra la migración", mientras que Estados Unidos ha "externalizado su frontera". Se documentó la presentación de al menos 354.367 migrantes ante el Instituto Nacional de Migración (INM) entre enero de 2021 y marzo de este año. El relator de la ONU manifestó que "la detención migratoria debe ser de último recurso", por lo que denunció "una distorsión entre derechos humanos y seguridad".

El reporte también cita que en la última década más de 70.000 migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en México, con base en el informe Especial sobre la Situación que Guarda el Tráfico y el Secuestro en perjuicio de las Personas Migrantes en México 2011-2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Otras estimaciones de la investigación apuntan a cerca de 20.000 migrantes secuestrados al año.

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