Decretan el estado de excepción en El Salvador después de registrarse 62 homicidios en un solo día

San Salvador/(EFE).- El Salvador vivió este domingo su primer día de régimen de excepción que suspende diversas garantías constituciones, incluida la de la asistencia letrada en caso de detención, para controlar una escalada de homicidios y el presidente Nayib Bukele ordenó el aislamiento de pandilleros en las prisiones.

El Congreso, sin estudiar ni discutir la iniciativa solicitada por Bukele, aprobó la madrugada el régimen de excepción ante el "incremento desmedido" desde el viernes de los asesinatos, que colocaron al sábado 26 de marzo como el día más mortífero de la historia reciente salvadoreña con 62 homicidios.

Para encontrar una cifra similar hay que retroceder hasta agosto de 2015, cuando en un solo día fueron asesinadas 51 personas.

Los derechos suspendidos por el Congreso son la libertad de reunión y asociación, el derecho a la asistencia letrada y la inviolabilidad de la correspondencia

"He sancionado (firmado) y publicado en el Diario Oficial, el decreto de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, el cual entra en vigencia este mismo día (domingo) y tendrá una validez de 30 días" (sic), publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Bukele aseguró que "las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuándo sea necesario". "Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal. Dios nos bendiga a todos", agregó.

El mandatario afirmó que los "servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente. A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. "Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas", indicó Bukele.

Los derechos suspendidos por el Congreso son la libertad de reunión y asociación, el derecho a la asistencia letrada y la inviolabilidad de la correspondencia.

También se suspendió la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se amplió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.

El decreto que da vida a este régimen señala que las autoridades competentes para aplicar las medidas son Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa. El documento no señala si las Fuerzas Armadas tendrán o no prerrogativas como la de intervenir las telecomunicaciones.

La Policía ha incrementado los registros en zonas controladas por pandillas, según sus publicaciones en redes sociales.

Bukele ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, "decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad", para que estén "todas las celdas cerradas 24/7"

Bukele ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, "decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad", para que estén "todas las celdas cerradas 24/7".

"Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus 'homeboys' (compañeros) no podrán ver ni un rayo de sol", publicó el mandatario. Luna respondió en Twitter que "inmediatamente se cumple la orden, estos criminales NO verán la luz del sol".

En anteriores crisis de asesinatos, Bukele ha ordenado la misma medida y esta ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas.

Luna es uno de los dos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente facilitar y organizar "varios encuentros secretos con la participación de líderes de pandillas encarcelados".

"Estos encuentros formaron parte de esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con líderes de pandillas", apuntó EE UU en un comunicado en diciembre pasado.

Úrsula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), advirtió en Twitter que según la "Opinión Consultiva 09/87" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las garantías judiciales "no pueden ser suspendidas" en un régimen de excepción.

"La razón es simple: si se suspendieran, cualquier ciudadano/a estaría a merced de los superpoderes excepcionales del Estado, sin ninguna protección frente a posibles abusos", indicó la letrada.

"La razón es simple: si se suspendieran, cualquier ciudadano/a estaría a merced de los superpoderes excepcionales del Estado, sin ninguna protección frente a posibles abusos"

Apuntó que las garantías judiciales reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluyen el derecho a que se comunique la acusación y a tener una defensa técnica.

El Salvador registró en 2015 el año más sangriento de su posguerra y se colocó como el país más violento del mundo, desde ese año las cifras de asesinatos comenzaron a disminuir paulatinamente.

La caída se acentuó con la llegada de Bukele al Gobierno, en junio de 2019 ,y el mandatario atribuyó esto a su Plan de Control Territorial, que se mantiene en secreto.

Esta crisis de criminalidad se dio en momentos en los que el Gobierno tiene a más de 16.000 soldados en labores de seguridad y más de 22.000 miembros de la Policía, y además cuenta con el respaldo incondicional del Parlamento, que le aprobó 109 millones de dólares para su plan de seguridad.

También tiene a magistrados en la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Rodolfo Delgado, que se han mostrado cercanos a su gestión. El Gobierno no ha señalado los motivos que llevaron a las pandillas a incrementar los homicidios.

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