La defensa de Morales ve una "persecución política" en el caso por supuesta trata de personas

La Paz/La defensa del ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este jueves que hay una “clara persecución política” contra el también líder del oficialismo por parte del Gobierno de Luis Arce, después de que una fiscal denunciara que fue destituida por investigar y ordenar captura por presunta trata y tráfico de personas.

En declaraciones a EFE, uno de los abogados de Morales, Orlando Ceballos, afirmó que “no ha habido denuncia escrita”, ni oral, y acusó al Gobierno de ser “autocrático”, “policial” y de usar “a instancias judiciales y del Ministerio Público con el único propósito de la eliminación jurídica”.

“Esto es una clara persecución política, es la vendetta por la grandiosa 'Marcha para salvar Bolivia' y hoy Evo Morales se encuentra, en cuanto a sus derechos y garantías, enormemente amenazado”, manifestó.

“Esto es una clara persecución política, es la vendetta por la grandiosa 'Marcha para salvar Bolivia' y hoy Evo Morales se encuentra, en cuanto a sus derechos y garantías, enormemente amenazado”

La citada marcha fue una caminata de 187 kilómetros liderada por Morales hacia La Paz para exigir al Gobierno atención a problemas como la escasez de dólares y combustibles, pero también para que se reconozca un congreso partidario en el que fue nombrado por sus seguidores como “candidato único” para las elecciones generales de 2025.

Ceballos consideró que el Ejecutivo “está haciendo un uso ruin de los mecanismos coercitivos y coactivos del Estado” e insistió en que el expresidente “no tiene la más mínima garantía de que sus derechos” sean respetados por la Justicia o la Fiscalía.

Según el ex magistrado, si bien la orden de aprehensión en contra de Morales “ha quedado sin efecto” por instrucción de una jueza de la ciudad oriental de Santa Cruz, hay “un viraje peligroso del Estado policial, del Gobierno policíaco que ha utilizado a una fiscal departamental” para activar el caso.

Ceballos aseguró que la ahora destituida fiscal departamental de la región sureña de Tarija, Sandra Gutiérrez, incumplió con las normas procesales e insistió en que el objetivo de éste y otros casos abiertos recientemente contra el exmandatario tienen“ la única finalidad de detener a Evo Morales”.

También dijo que “el pueblo y las organizaciones sociales van a cuidar” al también líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte Evo Morales, en una presunta alusión al caso, señaló esta jornada en la red social X que no le “extraña” ni le preocupa“ porque ”todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual“ lo ”amenazaron“, ”persiguieron“, ”encarcelaron“ y supuestamente ”intentaron“ matarlo.

“¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron”, sostuvo.

“¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron”

El miércoles, Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por negarse a frenar una investigación contra Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas y por la que existía una orden de aprehensión que quedó sin efecto por una orden judicial.

Sin embargo, este jueves Lanchipa negó haber frenado la investigación y aseguró que la fiscal que lo denunció fue destituida por errores procedimentales y "conducta negligente".

"El suscrito fiscal General del Estado en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado", dijo Lanchipa en una declaración a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial.

El fiscal, que está próximo a cumplir su gestión de seis años, confirmó que efectivamente se abrió una investigación "en contra del señor Juan Evo Morales Ayma por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas" a partir de un informe de inteligencia de la Policía recibido el pasado 25 de septiembre.

Justificó que por la "naturaleza propia del caso y la complejidad que el mismo conlleva" instruyó crear una comisión con personal de la Dirección de la Fiscalía Especializada de Delitos en Razón de Género "para el apoyo y fortalecimiento de la labor" que venía cumpliendo el equipo de la región sureña de Tarija, donde se abrió el caso.

Según Lanchipa, se buscó que el caso "se lleve en el marco del debido proceso, el respeto al principio de objetividad del Ministerio Público y garantizando la no revictimización".

Según Lanchipa, se buscó que el caso "se lleve en el marco del debido proceso, el respeto al principio de objetividad del Ministerio Público y garantizando la no revictimización"

También aseguró que las "órdenes de aprehensión" emitidas por los fiscales de Tarija "no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público, sino por una determinación de una juez de Garantías Constitucionales" de la ciudad oriental de Santa Cruz.

El funcionario consideró que esta anulación judicial dejó en evidencia que había "diferentes inconsistencias procesales en la tramitación de la causa, coligiéndose así una conducta negligente en el cumplimiento de funciones por parte de la exfiscal departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez)".

Lanchipa fue designado fiscal general del Estado en 2018 por la mayoría parlamentaria del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y también fue jefe de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) entre 2011 y 2013, durante el Gobierno de Morales.

En el diferendo intervino también el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, que considera que Lanchipa destituyó a los fiscales indebidamente y afirmó que su despacho investiga actualmente tres casos por supuesta violación que involucran a Morales.

“El fiscal Lanchipa debe rendir un informe al pueblo boliviano, él tiene que decir por qué ha cesado de sus funciones a la fiscal departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez) y a fiscales de materia que están investigando el hecho”, afirmó Del Castillo en una rueda de prensa en La Paz.

“Estamos investigando, estamos recibiendo denuncias de manera formal e informal, haremos lo que esté en nuestras manos y, si existen elementos de convicción, vamos a pedir las sanciones correspondientes”, dijo.

Del Castilo también cuestionó que la jueza que debía ordenar la captura contra Morales anulara dicha solicitud y, además, que el proceso lo haya derivado de la región oriental de Santa Cruz a la población de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político de Morales y una de las principales áreas cocaleras del país.

“El Ministerio de Gobierno va a ser parte de este proceso para que sea reconducido, para que esta niña pueda obtener justicia, no necesitamos revictimizar a esta persona, necesitamos justicia”, añadió el ministro.

El caso que afecta a Morales "habría ocurrido" en una provincia de Tarija, cuando la supuesta víctima "tenía 15 años", si bien no hay mayores detalles al haber una menor de edad involucrada.

"Judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado"

El caso surge en medio de la pelea interna en el MAS entre las facciones afines a Morales y al presidente Arce por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, por su parte, manifestó este jueves su preocupación por lo que calificó de "campaña de lawfare". "A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales", expresó el Grupo de Puebla en un comunicado.

En su opinión, esto busca "judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado".

"Hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales", señaló el Grupo de Puebla, que invitó a Arce "a no permitir que su gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano".