Demandan a Airbnb en EE UU por alquilar una propiedad confiscada por la Revolución cubana
Javier García-Bengochea alega que la plataforma "traficó con la propiedad de manera consciente, voluntaria, intencional y continua"
La Habana/El médico estadounidense Javier García-Bengochea ha demandado a la plataforma Airbnb por poner en alquiler en La Habana una propiedad confiscada por Fidel Castro en 1960. Según informa el Nuevo Herald, la demanda fue presentada este lunes en el tribunal del distrito central de Florida, con sede en Orlando.
El inmueble objeto de la demanda es un edificio de seis departamentos –“magnífico” y “elegante”, como se definía en el anuncio de Airbnb–, situado en el número 1212 de la Avenida 33, en Miramar, construido en 1939 por la familia Parreño. Uno de sus integrantes, Alberto Parreño, fallecido en 1972 y primo del demandante, fue quien le heredó a este las propiedades.
En 1970, explica el Herald, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó la reclamación de Alberto Parreño, entonces ya ciudadano estadounidense, sobre un tercio del terreno y el edificio, valorando su pérdida en 66.666 dólares de los años sesenta (equivalentes a casi 700.000 dólares hoy).
La querella emprendida por Javier García-Bengochea, administrador del patrimonio familiar, alega que Airbnb “continuó anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022”, después de notificársele que estaba sujeta a un reclamo, y que “traficó con la propiedad de manera consciente, voluntaria, intencional y continua”, al menos desde 2017.
Asimismo, el médico, especialista en neurocirugía y residente en Jacksonville, reclamó al Departamento de Estado en 2009 que estuvieran alquilando un ático en un edificio también propiedad de su familia para alojar a diplomáticos estadounidenses.
No es la primera vez que el médico, especialista en neurocirugía y residente en Jacksonville, demanda amparándose en el Título III de la Ley Helms-Burton
No es la primera vez que el médico, especialista en neurocirugía y residente en Jacksonville, demanda amparándose en el Título III de la Ley Helms-Burton, activado por la Administración de Donald Trump en 2019.
En 2019, lo hizo contra varias navieras por utilizar los terrenos que acogen el puerto de Santiago de Cuba, heredados por García-Bengochea en el año 2000 de su primo Desiderio Parreño, y este a su vez de su hermano Alberto. El proceso se saldó, en aquella ocasión, en favor de las empresas de cruceros.
No sucedió así en un caso similar, el de Mickael Behn, quien demandó a Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises por usar las instalaciones en el puerto de La Habana, originalmente propiedad de su familia, y logró que los jueces condenaran a las navieras a pagar más de 400 millones de dólares en compensación.
A principios de 2022, Airbnb enfrentó otro tipo de problema relacionado con la Isla al ser demandada por violaciones del embargo a Cuba y se vio obligada a pagar 91.172,29 dólares al Gobierno estadounidense. Además, tuvo que comprometerse a abordar "sus deficiencias en el cumplimiento de las sanciones" e introducir "compromisos adicionales diseñados para minimizar el riesgo de recurrencia de una conducta similar en el futuro".
Entre esos compromisos, estaba bloquear IP para la concesión de permisos a personas ubicadas en Cuba y que estuvieran actuando como anfitriones en la plataforma, recopilar información sobre el país de residencia y el instrumento de pago de los usuarios, para determinar si son “nacionales o residentes” de la Isla y garantizar que los anfitriones certifiquen que son empresarios privados y no "funcionarios del Gobierno cubano o miembros del Partido Comunista".
Desde entonces, Airbnb –fuertemente defendida por el propio régimen de la Isla– ha seguido operando con normalidad y, actualmente, tiene anunciados, según presume en su web, más de 1.000 alquileres en La Habana. No, sin embargo, los apartamentos objeto de la demanda de Javier García-Bengochea.
En sus condiciones, Airbnb deposita en el anfitrión –como denomina la plataforma a quien alquila el inmueble– toda la carga de cumplir con la legislación vigente en el país o ciudad del inmueble y se presenta como un mero espacio digital de anuncios, sin ninguna responsabilidad con cada uno de los apartamentos o habitaciones que se promocionan en su página. Sin embargo, es un hecho que la plataforma ha lucrado con esa propiedad, ya que cobró una comisión.