Despedidos empleados públicos que firmaron para el revocatorio contra Maduro
Caracas/(EFE).- El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró el jueves que han recibido al menos unas 200 denuncias de funcionarios que fueron despedidos por firmar para la solicitud de un referendo revocatorio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
"Representantes de 200 funcionarios del Seniat (Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) denunciaron (...) que están siendo botados, están siendo excluidos, están siendo perseguidos, por haber firmado pidiendo la convocatoria del referendo revocatorio", dijo Torrealba en su programa de radio trasmitido por internet.
"No solo son 200 personas, son 200 familias venezolanas afectadas por esta situación", dijo el principal portavoz de la alianza que agrupa a la mayoría de los partidos que se oponen al Gobierno de Maduro y que promueven la interrupción de su mandato con la convocatoria del referendo.
Esta denuncia se suma a otra hecha ayer también por Torrealba en la que aseguraba que a un grupo de estudiantes que recibían becas financiadas por el Gobierno les fue suspendido el subsidio por haber firmado para esa solicitud del revocatorio.
Según Torrealba, entre estos supuestos sancionados y despedidos también hay funcionarios de los cuerpos policiales y otros organismos públicos
Según Torrealba, entre estos supuestos sancionados y despedidos también hay funcionarios de los cuerpos policiales y otros organismos públicos.
"Bueno, ellos firmaron porque les dio la gana, porque es su derecho constitucional, lo hicieron porque como ciudadanos nadie le va a cortar las alas ni el alma, tienen un criterio y lo expresaron", argumentó el opositor en defensa de los funcionarios que supuestamente fueron despedidos arbitrariamente.
La MUD aseguró haber presentado a fines de abril pasado más de 1,8 millones de firmas de venezolanos para legitimar a la alianza opositora como virtual solicitante de un revocatorio. Esas firmas fueron sometidas a un riguroso proceso de verificación que dejó a unos 600.000 personas excluidas de la lista y cerca de 1,3 millones que debían ratificar su firma registrando su huella digital en puntos autorizados.
Finalmente los opositores, en el periodo de cinco días que les fue permitido, lograron validar unas 400,000 de esas firmas, y aunque fueron mucho menos de las recogidas, es el doble del mínimo exigido por las autoridades para pasar este primer nivel.
El oficialismo había pedido insistentemente en las últimas semanas que los funcionarios con cargos de responsabilidad a los que se les descubriera haber participado firmando para respaldar la iniciativa del referendo debían ser despedidos.
Aunque los dirigentes opositores exigieron al Poder Electoral que mantuviera la confidencialidad de los datos de los participantes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) permitió al chavismo acceder a todas las firmas, una vez que este pidió tener acceso al proceso.