La destitución de los médicos que atendieron a manifestantes agudiza la crisis en Nicaragua
A las protestas se unió la médico nicaragüense Tania Fonseca Terán, hija del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador
Managua/(EFE).- La destitución de unos 40 médicos de un hospital público en Nicaragua que atendieron a personas que protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega agudizó este viernes una crisis que ha dejado entre 295 y 448 muertos desde abril.
La decisión de las autoridades del estatal Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), situado en la ciudad de León, alentó nuevas protestas contra Ortega.
A las protestas se unió la médico nicaragüense Tania Fonseca Terán, hija del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador (1936-1976), quien fue vista llorando y consolando a los médicos despedidos por el Gobierno de Ortega, líder actual del partido "rojinegro".
El despido causó una fuerte reacción por parte de la comunidad médica de Nicaragua, que aglutina a 37 asociaciones galenas, que denunció la "grave situación" que atraviesa el gremio, y condenó los despidos "de los colegas que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas".
Las organizaciones gremiales también demandaron la "liberación inmediata de los médicos secuestrados en las instalaciones policiales y el cese de la persecución, estigmatización y criminalización del ejercicio médico".
La prohibición de la atención de los manifestantes heridos es una violación de los derechos humanos por parte del Gobierno que ya ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La prohibición de la atención de los manifestantes heridos es una violación de los derechos humanos por parte del Gobierno que ya ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Horas antes la Policía Nacional anunció la captura del guardia de seguridad privada Pierson Gutiérrez Solís, sospechoso del asesinato de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, quien murió el lunes en Managua tras recibir varios disparos.
A Gutiérrez "le fue ocupada (decomisada un) arma de fuego, tipo carabina M4", detalló la Policía, que no explicó cómo un guardia de su tipo portaba un fusil de asalto automático en versión carabina fabricado por la empresa Colt de Estados Unidos.
Horas después del asesinato de Lima, el rector de la Universidad Americana (UAM), donde la brasileña estudiaba sexto año de medicina, Ernesto Medina, denunció que ella fue víctima de los disparos de "un grupo de paramilitares".
El Gobierno de Brasil ha pedido a Managua investigar el caso en profundidad.
"Vamos a insistir porque nos parece una cosa inaceptable", dijo sobre el caso este viernes el ministro de Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes.
El alcalde del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, de oposición, fue acusado por el Ministerio Público de terrorismo y otros delitos, y se enfrentará a un juicio, junto con otros dos hombres, el 15 de agosto.
Por otra parte, el periodista del Noticiero Acción 10 Paco Espinoza fue arrestado mientras cubría la crisis. La semana pasada había denunciado que tenía orden de arresto tras haber respondido a una amenaza de muerte de grupos afines el Gobierno.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, denunció hoy la existencia de una "tercera fase" de represión en Nicaragua con un carácter "más crudo" que consiste, a su juicio, en el uso de las instituciones para criminalizar a los manifestantes.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias"
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias" ocurridos en la crisis, lo que Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
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