Ecuador va a las urnas en medio de un "conflicto armado interno" sin final a la vista

Guayaquil/Los ecuatorianos irán a las urnas este domingo en medio del "conflicto armado interno" que declaró hace un año el presidente Daniel Noboa para luchar contra las bandas criminales, una medida que no ha logrado controlar la violencia y que hasta el momento no tiene final a la vista.

Si bien cifras de la Policía muestran que el número de muertes violentas disminuyó un 15% en 2024 al totalizar 6.964 frente a las 8.237 de 2023, año en el que el país registró la tasa más alta de homicidios en América Latina, el nivel de violencia sigue siendo alto y otros delitos como los secuestros y las extorsiones no hacen más que crecer.

"Hay un balance claroscuro, porque por un lado tenemos una reducción de las muertes violentas, pero lejos de poder decir que Ecuador está en paz, tenemos otros tipos de delitos y de amenazas que nos hacen sentir inseguros", dijo a EFE la docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Carla Álvarez.

La experta en seguridad recordó que la declaración de conflicto armado y de estado de excepción permitió que las Fuerzas Armadas salieran a las calles para apoyar a la Policía en la seguridad y en controlar las cárceles, algo que, a su criterio, no ha sucedido.

"No podemos hablar de una reforma consistente del sistema carcelario ni de que el sistema esté en paz o que haya dejado de ser el epicentro de la criminalidad en el país", agregó.

"No podemos hablar de una reforma consistente del sistema carcelario ni de que el sistema esté en paz o que haya dejado de ser el epicentro de la criminalidad en el país"

Álvarez afirmó que hubo un repunte de la violencia en los últimos meses y que este enero podría ser uno de los más violentos de la historia, por lo que considera que la declaración de "conflicto armado interno" se ha convertido en un "callejón sin salida para el Gobierno".

"Seguimos en franca pelea con estas 22 organizaciones que se declaran (como grupos terroristas) en el primer decreto. No las hemos derrotado, por lo que no podemos retirar la declaratoria. En un año no tenemos resultados concretos como para salir de esa situación", añadió.

Los estados de excepción se han sucedido en el último año con medidas que suspenden derechos como la inviolabilidad del domicilio o incluso el libre tránsito con toques de queda nocturnos. Algunos fueron anulados por la Corte Constitucional al considerar que no se justificaba debidamente la situación de "conmoción y alarma interna" alegada por Noboa.

El último de esos decretos fue expedido el 2 de enero para siete provincias y tres municipios, incluidos Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país. "No vivimos en un Gobierno de normalidad, sino de excepcionalidad sin que nada cambie", señaló Álvarez.

Por su parte, Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, calificó de "acertada" la decisión del Gobierno de declarar al país en "conflicto armado interno", y consideró que los catorce meses que Noboa lleva en el poder ha sido un tiempo "muy corto" para "plantear soluciones estructurales".

"No vivimos en un Gobierno de normalidad, sino de excepcionalidad sin que nada cambie", señaló Álvarez

"Eso no lo puede hacer nadie", aclaró, y añadió que esta medida permitió "identificar la amenaza" para que las fuerzas de seguridad sepan "cuál es el enemigo del país".

"Por eso se crea el Bloque de Seguridad, la Fuerza de Tarea Conjunta y otros grupos, con el propósito de destruir a estos elementos que son una amenaza para el Estado", señaló Pazmiño sobre los mecanismos de coordinación creados por el Gobierno para que policías y militares actúen conjuntamente.

Los secuestros y las extorsiones no han parado de aumentar en los dos últimos años, incluso bajo los estados de excepción.

Hasta el 13 de diciembre de 2024, la Fiscalía contabilizó 22.412 casos de extorsión, en comparación con los 21.812 de 2023 y los 8.397 de 2022. Algo similar sucede con los secuestros, que sumaron 1.844 en 2024, en comparación con los 1.643 de 2023 y los 886 de 2022.

En ciudades como Guayaquil, estos crímenes han causado desplazamientos forzados de familias de barrios populares y cierres de negocios en varias partes de la urbe.

Frente a ello, Álvarez cree que los 16 candidatos que aspiran a la Presidencia no han mostrado "planteamientos serios" en seguridad, pues cree están pensando que "el que hace más ruido es el que va a captar la atención y hacerse con el poder", sin que se pueda saber "quién está reflexionando más de fondo".