EE UU y México desmantelan una red de tráfico de inmigrantes que operaba en la frontera

Nueva York/Ciudad de México/El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico ilegal de personas que operaba a lo largo de la frontera con México y que estaba vinculada a un cártel del país latinoamericano.

El Gobierno especificó en un comunicado que anoche, “gracias a la amplia cooperación bilateral entre EE UU y México, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una prolífica organización transnacional de tráfico de extranjeros” que actuaba en Juárez (Chihuahua), a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, este grupo utilizaba corredores de contrabando -rutas ilegales para trasladar personas evitando las leyes migratorias- en la zona de Anapra (Chihuahua) y Santa Teresa (Nuevo México) y empleaba a ciudadanos mexicanos, de los cuales muchos son o han sido miembros de diversos cárteles.

Esta organización es presuntamente responsable del tráfico ilegal de un gran número de personas, entre los que se incluirían niños, desde Centroamérica a El Paso (Texas), anotó el Gobierno. “El grupo delictivo también habría secuestrado a extranjeros que pretendían entrar ilegalmente en Estados Unidos, así como extorsionado a sus familias para obtener dinero antes de completar su viaje”, agregó.

Los mexicanos Brian Alan Torres González y Soledad Morales Nava fueron detenidos y señalados como los presuntos traficantes de inmigrantes

En la operación de desmantelamiento se detuvo también a los presuntos traficantes de inmigrantes Brian Alan Torres González y Soledad Morales Nava, dos ciudadanos mexicanos que serán procesados en el país latino con pruebas aportadas en parte por EE UU.

La acción fue coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA, por sus siglas en inglés), una división del Gobierno que actúa contra los grupos de tráfico y trata de seres humanos más prolíficos y peligrosos que operan en México y en otros países latinos y que ha detenido ya a más de 350 facilitadores del tráfico de personas.

Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE, en inglés) de El Paso colaboró también con la investigación, trabajando con la Patrulla Fronteriza estadounidense, destacó el departamento.

Por otra parte, la organización Amnistía Internacional (AI) alertó este jueves que el derecho al asilo es “inexistente” en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que viola las obligaciones nacionales e internacionales de EE UU en materia de derechos humanos.

“El derecho a solicitar asilo simplemente no existe en la frontera, y las personas en situación de vulnerabilidad están atrapadas junto con las organizaciones que trabajan allí —que a su vez ahora pueden ser objeto de represalias y criminalización a manos del gobierno estadounidense— y que luchan por evitar un desastre humanitario aún mayor”, denunció directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de AI Estados Unidos, Amy Fischer.

El Gobierno de Trump, subrayó Fisher, ha convertido esta frontera en “una zona abiertamente hostil para los derechos humanos y muestra un desprecio absoluto por la humanidad y la dignidad de las personas en movimiento”.

El Gobierno de Donald Trump ha convertido esta frontera en “una zona abiertamente hostil para los derechos humanos”, denunció AI

Al publicar el informe Vidas en el limbo: Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo, la ONG advirtió que miles de personas, incluidas infancias no acompañadas, están “atrapadas en México”, tras la cancelación de las citas CBP One para pedir asilo en Estados Unidos, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace un mes.

También señaló que las acciones ejecutivas de Trump y de la creciente militarización de la frontera por parte del Gobierno mexicano han provocado la “demolición total” del derecho de refugio por Estados Unidos en su frontera con México, lo “que no deja ninguna vía” para las personas que lo requieran.

AI también alertó de que el financiamiento a muchas ONG en la frontera ha puesto en crisis el trabajo humanitario que se enfrenta a la falta de recursos para seguir funcionando.

Asimismo, resaltó que el envío de 10.000 militares mexicanos a la frontera “ha alimentado el clima de miedo entre las personas migrantes y solicitantes de asilo y ha dado lugar a detenciones y deportaciones masivas”.

Finalmente, la ONG urgió al Gobierno de EE UU a adoptar soluciones que se ajusten a sus obligaciones en materia de derechos humanos, y pidió al Gobierno de México dejar de “colaborar con las nocivas políticas de Estados Unidos sobre inmigración” y garantizar la seguridad de las personas solicitantes de asilo en tránsito por el país.