El embajador del Gobierno de Zapatero en Venezuela cobró cerca de 4 millones de euros de PDVSA

Madrid/La Habana/La Policía española registró este lunes por orden judicial las oficinas en Madrid del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, en el marco de una investigación relacionada con el expolio a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Morodo, quien fuera embajador en Venezuela durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cobró al menos 3,8 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana a través de Suiza y Panamá mediante asesorías ficticias. PDVSA (Petróleos de Venezuela) articuló la mayor parte de estas operaciones a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en el país helvético y controlada por su hijo, Alejo Morodo, a través de testaferros.

El registro forma parte de una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el registro forma parte de una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, aunque no trascendió si se están practicando más registros o alguna detención.

Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por venezolanos de la petrolera pública de ese país, en este caso por unos hechos relacionados con el que fuera embajador de Venezuela en España que se remontan a entre los años 2012 y 2015.

El diario español El Mundo, que tuvo acceso a los documentos de la investigación, precisa que los abonos realizados por el Gobierno de Hugo Chávez al hijo del diplomático socialista tuvieron lugar de manera prácticamente inmediata a que su padre abandonara el cargo, en agosto de 2008. Desde ese momento y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de "asesoría jurídica". Concretamente los Morodo simularon trabajos para implantar la empresa venezolana en Europa, concretamente en España y Portugal, pero no prestaron servicio alguno.

Los pagos más importantes fueron enviados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de cuenta en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente numeración: CH 67048351435769620100. También libró facturas a la petrolera venezolana mediante su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.

La petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del ex presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción durante los últimos años por las autoridades de Estados Unidos

La petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del ex presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción durante los últimos años por las autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense le atribuye el cobro de sobornos y la utilización de sociedades corporativas de la empresa para blanquear dinero procedente del narcotráfico. La familia Morodo responde que realizó trabajos de asesoría empresarial para que PDVSA llegara a Europa, pero no pueden justificar haber realizado servicios por un importe tan elevado.

Morodo, embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, fue diputado en el Parlamento Europeo de 1989-1994 por el Centro Democrático y Social (CDS) y después fue nombrado embajador de España en Portugal, cargo que ocupó de 1995 a 1999.

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