Envían a juicio a 252 pandilleros por más de 200 casos de homicidio y otros delitos en El Salvador
La Fiscalía no indicó la fecha en que quedó programado el comienzo del proceso
San Salvador/Una corte contra el Crimen Organizado en El Salvador envió este viernes a juicio a un grupo de 252 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) por más de 200 crímenes, entre estos 42 homicidios, 43 de desaparición y asesinato de personas y 7 de feminicidios, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) en la red social X.
De acuerdo con la FGR, los procesados son miembros de diferentes clicas (grupos) de la MS13 y operaban "en distintas zonas" de los municipios de Santa Tecla y La Libertad, ambos cercanos a la capital, San Salvador. Indicó que los pandilleros también son procesados por un caso de homicidio agravado, 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, 86 casos de extorsión y casos de posesión de droga y agrupaciones ilícitas.
Las pandillas operaban "en distintas zonas" de los municipios de Santa Tecla y La Libertad, ambos cercanos a la capital
La Fiscalía no indicó la fecha en que quedó programado el comienzo del juicio, tampoco especificó si esta sería la primer vista pública masiva en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para "combatir" a las pandillas. Además, no precisó si los 252 procesados fueron capturados en el marco de la medida de excepción, implementada desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales.
La medida de excepción, que ha dado pie a la detención de más de 86.000 pandilleros y supuestos colaboradores de estas bandas, se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
