España concede permiso de residencia por razones humanitarias a casi 6.000 venezolanos en enero
Este mecanismo se puso en marcha hace un año, y hasta ahora se han beneficiado de él un total de 45.655 venezolanos
Madrid/(EUROPA PRESS) -España ha concedido el permiso de residencia por razones humanitarias a un total de 5.988 ciudadanos de Venezuela en lo que va de 2020, según datos del Ministerio del Interior a fecha 4 de febrero. Este mecanismo se puso en marcha hace un año, y hasta ahora se han beneficiado de él un total de 45.655 venezolanos.
Ante la "compleja" situación que atraviesa Venezuela, en enero de 2019 el Ministerio del Interior habilitó la autorización de residencia temporal 'por razones humanitarias' para los venezolanos con el asilo denegado desde el año 2014.
El Gobierno impulsó este mecanismo para "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, y también aprobó un plan para reforzar la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para poder aumentar el ritmo de las resoluciones
Entre otras cosas, el Gobierno impulsó este mecanismo para "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, y también aprobó un plan para reforzar la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para poder aumentar el ritmo de las resoluciones. No obstante, las peticiones pendientes de resolver siguen siendo muy elevadas (el año 2019 cerró con 133.015 sin resolver), teniendo en cuenta que está aumentando el número de peticiones presentadas (en 2019 se batió récord de solicitudes presentadas con más de 118.000).
En este contexto, el año 2020 ha comenzado con ritmo ágil en cuanto a las resoluciones. En enero se elevaron a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) 8.274 expedientes de protección internacional, que se reunió el pasado martes, 4 de febrero. Este órgano colegiado examina las propuestas previamente planteadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
Del total de los 8.274 expedientes instruidos en la CIAR a principios de febrero, 5.988 (el 72,4%) fueron concesiones de razones humanitarias a venezolanos; 209 estatutos de refugiado (previsto para personas que sufren una persecución por parte del Estado por distintos motivos); y 211 se corresponden a protecciones subsidiarias (figura prevista para el solicitante cuya vida esta en riesgo por una situación de conflicto interno en su país).
En todo 2018 se tramitaron 12.889 expedientes, mientras que en 2019 fueron 60.198, es decir, casi cinco veces más. De esas más de 60.00 solicitudes resueltas, 39.776 (el 66% del total) fueron concesiones de protección por razones humanitarias, la mayoría de ellas (39.667) otorgadas a ciudadanos venezolanos, 22 a salvadoreños, 13 a hondureños y 10 a colombianos.
Precisamente los venezolanos lideraron el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: de las 118.264 peticiones de protección internacional en 2019, 40.906 fueron de personas procedentes de Venezuela, lo que supone el 35% del total de solicitudes presentadas.
En todo 2018 se tramitaron 12.889 expedientes, mientras que en 2019 fueron 60.198, es decir, casi cinco veces más. De esas, el 66% fueron concesiones de protección por razones humanitarias
Recientemente la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado 'Más que cifras', donde la entidad resume los principales datos del sistema de asilo de 2019. En este contexto, ha denunciado que, si bien aumentó el ritmo de resoluciones, la tasa de aprobación de solicitudes de asilo descendió durante el año 2019 hasta el 5%, cerca de 20 puntos menos respecto a 2018.
De las 60.198 solicitudes de protección internacional resueltas el año pasado, el 29% (17.266) fueron denegadas y el 5% (3.156) fueron favorables. El 66% restante (39.776) se corresponden con los permisos por razones humanitarias mayoritariamente a venezolanos.
En este contexto, la entidad exigido que se incrementen los índices de reconocimiento del asilo ya que están "muy alejados" del 30% de media europea. Asimismo, emplaza al Gobierno a eliminar los obstáculos para presentar solicitudes de asilo a personas provenientes de países en conflicto como Yemen, Palestina o Siria; y a garantizar el acceso al procedimiento, así como a aumentar la agilidad en las resoluciones.
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