Una explosión pone al descubierto una casa con al menos 60 migrantes secuestrados
México/(EFE).- Una explosión por acumulación de gas puso este lunes al descubierto una casa de seguridad donde un grupo criminal tenía privados de la libertad a por lo menos 60 migrantes centroamericanos en el municipio de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas, informaron las autoridades.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas, formado por instituciones de seguridad federales y estatales, indicó en un comunicado que como consecuencia de la explosión, cinco de los migrantes resultaron con quemaduras, aunque solamente tres tuvieron que ser hospitalizados.
Los migrantes hospitalizados fueron identificados como Domingo Mastum, de 36 años; Ángel Diego Valdo Chois, de 16 años, y Pascual Izet Guachia, de 31 años. Todos son originarios de Guatemala y se informó que dos de ellos se encontraban en estado de salud crítico.
Los lesionados fueron auxiliados por personal de Protección Civil Municipal, elementos de Fuerza Tamaulipas y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de ellos refirió a las autoridades que llevaban privados de su libertad más de una semana y que casi todos eran de Guatemala.
Todos son originarios de Guatemala y se informó que dos de ellos se encontraban en estado de salud crítico
La explosión se registró a las 15.30 horas en un domicilio en la colonia Bermúdez del municipio fronterizo de Reynosa.
De acuerdo con testimonios de vecinos, tras registrarse el estallido salieron corriendo del inmueble por lo menos 60 migrantes.
Las autoridades realizan recorridos por ese sector para dar con los migrantes que lograron escapar de su encierro después de la explosión.
Durante años Tamaulipas, en el noreste de México, ha sido escenario de violentos choques entre grupos del crimen organizado, principalmente el cártel del Golfo y los Zetas, y de éstos con las fuerzas de seguridad.
El estado también ha sido marcado por atroces crímenes contra indocumentados, entre ellos la matanza de 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, ocurrida en agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, atribuida a los Zetas.
Ante el recrudecimiento de la violencia, el Gobierno federal implementó en 2014 una nueva estrategia de seguridad que involucra un despliegue mayor de fuerzas federales y la depuración completa de los cuerpos de seguridad del estado.