Se extiende la sospecha de golpe de Estado en Perú

Lima/(EFE).- ¿Hito anticorrupción o negociado "podrido"? ¿Acto legal o golpe de Estado encubierto? La interpretación de la destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, a manos del Congreso es un tema polémico que solo el tiempo, y unas elecciones libres y justas en abril de 2021, podrán demostrar.

Mientras el país sigue conmocionado por la inesperada decisión del Congreso, que abrumadoramente votó por declarar la "incapacidad moral permanente" del ya exmandatario, las dudas y riesgos que esta supone para la democracia, la vida política, la economía y, en el contexto del embate de la covid-19, la salud del Perú, comienza a exhibirse con mayor claridad. Y el panorama no es nada halagüeño.

Claramente, la medida que hace jefe de Estado a Manuel Merino de Lama, el hasta la fecha poco conocido presidente del Congreso, es impopular. Antes, varias encuestas ya señalaban ese hecho y tras la consumación de la misma, la reacción mayoritaria ha sido de desagrado, sospecha y consternación.

El Gobierno de Merino arranca con una severa crisis de legitimidad, más allá del debate legal sobre si los pasos que dio el Parlamento se ajustan a la Constitución o no

Como poco, y de origen, el Gobierno de Merino arranca con una severa crisis de legitimidad, más allá del debate legal sobre si los pasos que dio el Parlamento se ajustan a la Constitución o no.

"No goza de legitimidad pues no ha sido electo por los ciudadanos, eso es así. Emerge de una situación en donde los ciudadanos no han intervenido", afirmó a Efe la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Transparencia.

A su juicio, la destitución es consecuencia del "uso por parte del Legislativo de una de sus potestades para la toma del poder político", que habilita que un legislador "que solo obtuvo 5.000 votos asume la presidencia".

Un poco más duro fue Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quien indicó a Efe que la vacancia no solo es fruto de la aplicación de "un nefasto artículo de la Constitución", sino que "técnicamente" incumple con esta.

"La vacancia se da solo porque existe la aritmética. Solo había que sumar votos, que llegan por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Pero en la Constitución, solo se puede sacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. En el debate se lo acusó de cualquier cosa, de cualquier tema, con un juicio ético, pero no objetivo", explicó.

Estas tesis se aproximan a las denuncias de "golpe de Estado" y "política podrida" que desde la votación han venido de varios sectores políticos y medios de comunicación, así como de figuras políticas como George Forsyth o Julio Guzmán, precandidatos presidenciales quienes denunciaron "una toma ilegítima" del poder por parte del Congreso.

El Tribunal Constitucional está revisando precisamente el alcance de la "incapacidad moral", un concepto vago, diseñado en el siglo XIX para referirse a problemas mentales y no éticos

Solo han salido en defensa de esta decisión representantes de los partidos que votaron por la vacancia, como Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP) o Podemos Perú (PP), quienes no han dejado de insistir en que el procedimiento se ajusta plenamente a la Constitución.

Cierto es que se cumplieron a la letra los plazos, formas y, sobre todo, el requerimiento de la mayoría cualificada para proceder de 87 votos sobre 130. La moción obtuvo de hecho 105.

Pero dejan de lado que el Tribunal Constitucional está revisando precisamente el alcance de la "incapacidad moral", un concepto vago, diseñado en el siglo XIX para referirse a problemas mentales y no éticos.

Para Tuesta, la existencia de esta opción constitucional abre la puerta a que cualquier mandatario débil como Vizcarra, que no tenía un solo diputado oficialista, quede a merced de parlamentarios, "quienes además son irresponsables y pueden hacer cosas sin control, pues no tienen incentivos de permanencia porque la reelección está prohibida".

La gran pregunta es "¿qué van a hacer ahora con el poder?" estos legisladores, que unifican en el poder Ejecutivo con el Legislativo, pues Merino continuará siendo presidente del Congreso además de jefe del Estado.

"Este gobierno tiene necesariamente que ser un gobierno de transición, actuar como tal. Como prioridad deberá responder a la grave crisis en la que estamos, sanitaria, económica y política... Pero lo fundamental es garantizar las elecciones limpias y transparentes en abril de 2021", indicó Urrutia.

Y es que una de las denuncias contra la acción del Congreso es que precisamente varios grupos detrás de la vacancia desean suspender las elecciones y alargar su mandato, algo que sin embargo Merino parece haber descartado.

En su discurso inaugural como presidente, Merino insistió en que su primer compromiso es "garantizar" y "respetar" el "inamovible proceso electoral en marcha", lo que significa que en abril de 2021 habrá elecciones y un cambio de poder el 28 de julio de ese año.

La lucha contra la corrupción con la que se ha justificado la destitución oculta otros intereses personales

También habrá que prestar mucha atención a los posibles "intereses subalternos" que aparecen en el seno del Legislativo, que son "evidentes" pese a la insistencia de los impulsores de la vacancia de que no hubo "ningún pacto" para repartir cargos y negociar políticas a cambio de la destitución.

"Obviamente la situación no se muestra completa al inicio, pero esto es política y necesariamente tiene que haber negociación. Pensar que no la hubo es ingenuo", indicó Tuesta.

La lucha contra la corrupción con la que se ha justificado la destitución oculta otros intereses personales. Las sospechas apuntan a partidos como Alianza por el Perú, (APP), liderado por César Acuña, o Podemos Perú (PP), regido por José Luna.

Ambos son dueños de universidades, y ambos tienen problemas desde hace años con el organismo público que habilita y juzga los requisitos mínimos de los establecimientos educativos.

Un ministro de Educación que relaje los controles pondrá una grave sombra sobre sus motivos para la vacancia.

Sin embargo, cualquier paso en falso podría tener consecuencias también para los que apoyan al nuevo gobierno, pues "la ciudadanía está observando" una destitución "que es muy impopular" y podría votar en consecuencia en las elecciones de abril.

"Tienen intereses personales en juego... Algunos querrán inmunidad de algún tipo, otros tienen intereses económicos, pero cada partido deberá ahora responsabilizarse de sus acciones y asumir consecuencias de sus actos. Esos actos y consecuencias se harán evidentes en los próximos días", dijo Urrutia.

La vigilancia ciudadana también deberá recaer en el hecho "muy grave", de que se haya roto el sistema de contrapesos ideado en la Constitución.

"Ahora en Perú el legislativo gobierna dos de los tres poderes del Estado", acotó la analista.

Además, la covid-19, sigue causando estragos.

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