Familiares de presos políticos venezolanos exigen que se permitan visitas a sus parientes

Caracas/Familiares de los presos políticos en Venezuela pidieron este martes a la Defensoría del Pueblo tener acceso a sus parientes, a quienes, denunciaron, no les permiten recibir visitas.

Andreína De Grazia, hija del opositor Américo de Grazia, detenido el 7 de agosto de 2024, denunció, en declaraciones a periodistas, que no ha tenido contacto con su padre desde entonces, por lo que desconoce su estado de salud.

"Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con él", manifestó De Grazia, cuyo padre está acusado de los presuntos delitos de "instigación al odio, incitación a la rebelión".

Asimismo, afirmó que en la misma condición se encuentran los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Roland Carreño, Alfredo Díaz y "muchos más".

"Estamos aquí alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes"

"Estamos aquí alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes", agregó De Grazia, quien entregó, junto a los parientes de otros detenidos, un documento en la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas.

A su lado, Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, aseguró que el opositor permanece detenido desde hace 138 días y que se le ha "negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona".

Por su parte, Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel –quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido–, denunció un "patrón de aislamiento e incomunicación" al que son "sometidos" los presos políticos.

Baduel manifestó que desde hace 16 días no tiene "ningún tipo de información" sobre su hermano Josnars Adolfo Baduel, recluido en la cárcel Rodeo I en el estado Miranda (norte), lugar que ella califica como "un centro de torturas".

"Exijo el cese de los tratos crueles a los presos políticos y a sus familias", expresó Baduel.

A su turno, Aurora Silva, esposa de Superlano, detenido el pasado 30 de julio del año pasado, pidió que se garanticen los derechos fundamentales de los presos políticos.

"No sé si es que mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso es no me dejan verlo", dijo Silva, que reiteró que Superlano "no ha cometido ningún delito", como tampoco "todos los que se encuentran en el Helicoide", la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la capital venezolana.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, cifra en 1.196 los arrestados por motivos de conciencia

Tras las presidenciales del 28 de julio del año pasado, se desató una crisis en el país a raíz de la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, de Nicolás Maduro como ganador, lo que fue denunciado como fraude por la mayor coalición opositora, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, así como por instancias internacionales como el Centro Carter.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, cifra en 1.196 los arrestados por motivos de conciencia, la mayoría detenidos en contexto poselectoral.

Por su parte, los abogados de la venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano –detenida desde febrero de 2024–, pidieron este martes una "medida humanitaria" para que la activista, que sufrió una fractura en el hombro derecho hace seis meses, pueda ser operada por sus médicos de confianza y cumplir con el posoperatorio en libertad.

"Ella tiene que ser operada ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro, y el éxito de esa operación es el posoperatorio (...) en familia", dijo la abogada Theresly Malavé, quien aseguró a periodistas que en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, donde se encuentra recluida, "no existen las condiciones" para ello.

La abogada denunció que la presidenta de Control Ciudadano es víctima de una "especie de aislamiento"

La jurista advirtió que la fractura –detectada "cuatro meses después" de que ocurriera y durante "una jornada médica"– le ha causado "inamovilidad del brazo, porque afecta directamente a los tendones".

"Ojalá el día de hoy (martes) definitivamente le dé su medida (...) humanitaria a Rocío", expresó Malavé, que asegura tener "todas las pruebas" de que "es inocente".

San Miguel, acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar" contra el líder chavista Nicolás Maduro y altos funcionarios del país caribeño, fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

Desde entonces, según Malavé, la "única que ha podido ver a Rocío es su hija", mientras que sus abogados no y "ni siquiera la defensa pública" asignada.

La PUD denunció que a San Miguel "se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso"

En ese sentido, Malavé espera que ella y el abogado Juan González Taguaruco sean "juramentados como defensa de manera definitiva" de San Miguel, así como de su expareja Alejandro González, también acusado.

Además, la abogada denunció que la presidenta de Control Ciudadano es víctima de una "especie de aislamiento" y que "no se ha salvado del patrón de violación de derechos humanos" de "todos los presos políticos en el país".

Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel "entregó información" sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países, que no precisó.

El pasado domingo, cuando se cumplió un año de su detención, la PUD denunció que a San Miguel "se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso".