La FARC lleva al Congreso el asesinato de militantes y líderes sociales

Bogotá/(EFE).- La indignación por el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de las FARC llegó este lunes al Congreso colombiano en un debate de control político al Gobierno promovido por el partido que surgió de la antigua guerrilla tras la firma del acuerdo de paz en 2016.

Al primer debate del partido FARC en su año de estreno en la política asistieron la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, el alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, y funcionarios de la Fiscalía.

El senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como Carlos Antonio Lozada, promotor del debate, que se desarrolló en la Comisión Primera de la Cámara Alta, dijo que la acción de fuerzas oscuras se ha cobrado la vida de 133 reincorporados a la sociedad de las FARC entre 2016 y lo que va de año.

Según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2017 fueron asesinados 43 desmovilizados, 75 en 2018 y 13 este año

Según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2017 fueron asesinados 43 desmovilizados, 75 en 2018 y 13 este año.

A pesar de los crímenes a cuentagotas de líderes sociales y de exguerrilleros, el Gobierno colombiano insiste en que no se trata de algo sistemático y que dichos asesinatos tienen como causa ditintos factores, que van desde disputas de tierras hasta problemas personales.

Gallo, que se remitió al informe de Indepaz, agregó en su exposición que entre enero de 2016 y abril de este año han sido asesinados en Colombia 681 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

"Si el Estado no es capaz de garantizarle la vida a todos sus ciudadanos, es un Estado ilegítimo, pues del derecho a la vida se desprenden los demás derechos", dijo el senador al pedir en tono vehemente al Gobierno y a las instituciones judiciales que no solo establezcan la autoría material de los asesinatos sino también de quienes los encomiendan.

Insistió en que, a la luz de las cifras, el Gobierno colombiano no solo ha desatendido los compromisos que se derivan del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 sino que los miembros del partido FARC y los defensores de derechos humanos han sido estigmatizados por funcionarios estatales que son quienes deben velar porque haya justicia.

El senador, que estuvo casi 30 años en las filas de las FARC, aseguró que resulta preocupante que el actual Gobierno haya "frenado o reemplazado" la implementación de los mecanismos que estipula el acuerdo para la protección de líderes y defensores de derechos humanos.

"Si el Estado no es capaz de garantizarle la vida a todos sus ciudadanos, es un Estado ilegítimo, pues del derecho a la vida se desprenden los demás derechos"

"El tiempo se pasa sin que el Gobierno implemente" lo acordado, dijo Gallo, quien añadió que desafortunadamente eso lo tienen que medir "en cifras de muertos, de sangre".

En esa dirección criticó al exfiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de "entorpecer", "mutilar", la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, dirigida por la abogada Martha Janeth Mancera.

Por su parte el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, se refirió al "robusto plan" del Gobierno para garantizar la protección de los campesinos y líderes comprometidos en los programas de sustitución de cultivos de coca.

Ese plan incluye mejoras en los esquemas de seguridad, que están a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio de Interior, y que, según el funcionario, tienen en cuenta las características de los territorios para hacer más efectivas las medidas.

En esos esfuerzos están comprometidos además los ministerios de Justicia y Defensa, así como el Ejército, la Policía, la Armada, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales.

"Como resultado tenemos algunas adecuaciones al plan de seguridad: talleres de autoprotección, redes de apoyo para la reacción en el momento de una situación, mecanismos de comunicación, reservar la vocería de los líderes y hacer que los canales de denuncia no sean visibles", especificó Archila.

La preocupación por los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC ha sido notificada al presidente colombiano, Iván Duque, por la ONU, la Unión Europea y otros organismos internacionales que han advertido del daño que esos crímenes pueden causar al acuerdo de paz.

La queja se produjo el mismo día en que la Procuraduría General abrió una investigación contra el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por presuntas irregularidades en operaciones militares, a raíz de la denuncia del diario The New York Times, que apunta a que estas podían poner en riesgo la vida de civiles.

Martínez dijo que es "respetuoso de la competencia de la Procuraduría" y recordó que el "Ejército y su comandante se rigen por los estándares de respeto y protección del orden constitucional"

La entidad detalló que con la indagación se busca "determinar la existencia de supuestas irregularidades" denunciadas por el diario neoyorquino.

Al respecto el general Martínez escribió en Twitter que estará "presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley". Añadió que es "respetuoso de la competencia de la Procuraduría" y recordó que el "Ejército y su comandante se rigen por los estándares de respeto y protección del orden constitucional".

El pasado 18 de mayo el NYT afirmó en un artículo que el Ejército ordenó a las tropas duplicar el número de rebeldes muertos en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles, reencarnando los "falsos positivos", como se conocen las ejecuciones extrajudiciales en el país, que tuvieron su auge en la década pasada, cuando militares asesinaban a civiles que luego vestían como guerrilleros para ser presentados como muertos en combate para obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.

También la Justicia se pronunció ayer sobre el caso de Jesús Santrich. El Tribunal Superior de Bogotá negó al exjefe de las FARC la libertad, que había sido solicitada por la defensa del exguerrillero tras la petición de extradición de EE UU, que lo acusa de narcotráfico.

La decisión fue adoptada por Sala Penal, que no aceptó los argumentos jurídicos presentados por la defensa, según la cual las autoridades colombianas desconocieron un habeas corpus que ordenó la libertad del exguerrillero el pasado 17 de mayo, un día después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) mandatara su salida de la cárcel donde estaba recluido en Bogotá.

Santrich fue recapturado segundos después de salir de la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Fiscalía, que dijo tener nuevas pruebas en su contra por delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

El Tribunal determinó que el exintegrante de la mesa de negociación de las FARC en el proceso de paz de La Habana sí recuperó su libertad después que la JEP le otorgara la garantía de no extradición

El Tribunal determinó que el exintegrante de la mesa de negociación de las FARC en el proceso de paz de La Habana sí recuperó su libertad después que la JEP le otorgara la garantía de no extradición, pero la orden de captura en su contra emitida por un juez por narcotráfico es posterior a la firma de la paz.

La imputación a Santrich por los supuestos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico está suspendida por una coalición de competencias presentada por la defensa que alega que el caso debe ser estudiado por la Corte Suprema de Justicia porque el exjefe guerrillero es congresista y, por consiguiente, debe ser juzgado por ese alto tribunal.

Santrich iba a ocupar uno de los cinco escaños asignados al partido FARC en la Cámara de Representantes en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz, pero el 20 de julio, fecha en que comenzó el periodo legislativo, no pudo hacerlo por estar preso.

El exjefe de las FARC fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE UU por narcotráfico. Líderes del partido político FARC han rechazado la recaptura de Santrich y afirmaron que esto se convierte en un ataque al proceso de paz firmado con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.

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