La Fiscalía de la Corte Penal enfría la posible denuncia de países de la OEA a Venezuela

La Haya/(EFE).- La eventual denuncia de uno o más países de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad "no abriría automáticamente una investigación", explicaron este lunes a Efe fuentes de la Fiscalía.

Un panel de expertos de la OEA hizo público la semana pasada un informe señalando supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y en sus conclusiones instó al secretario general de ese organismo, Luis Almafro, y a sus países miembros a que remitieran el documento a la CPI.

Almagro, uno de los grandes impulsores de la iniciativa, ya ha enviado el informe a La Haya y reclamado públicamente que estados miembros de la OEA le acompañen en su denuncia.

En una entrevista reciente, aseguró que cuatro países ya han mostrado interés en seguir sus pasos y denunciar directamente a Venezuela, siendo uno de ellos Chile

En una entrevista reciente, aseguró que cuatro países ya han mostrado interés en seguir sus pasos y denunciar directamente a Venezuela, siendo uno de ellos Chile, lo que activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI.

Ese artículo ha sido utilizado anteriormente por Uganda, la República Democrática del Congo, Mali y la República Centroafricana para investigaciones en sus propios territorios, pues no se veían con los medios suficientes para procesar en su jurisdicción nacional a sospechosos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Sin embargo, en los 16 años de historia de la CPI, no existen precedentes de que un Estado Parte haya activado dicho artículo para denunciar supuestos delitos cometidos en un tercer país.

Si eso ocurriera con Venezuela, se abriría "casi automáticamente una investigación", ha asegurado el exfiscal del tribunal, Luis Moreno Ocampo, que asesoró a Almagro al principio de las audiencias celebradas en la OEA.

Fuentes de la CPI consultadas por Efe matizaron hoy esa afirmación y explicaron que, en caso de que el informe de la OEA sea remitido por uno o más países, "no se abriría automáticamente una investigación".

El comienzo de ésta seguiría dependiendo de la Fiscalía del tribunal internacional, comandada por la jurista Fatou Bensouda y que actúa de manera independiente

Añadieron que el comienzo de ésta seguiría dependiendo de la Fiscalía del tribunal internacional, comandada por la jurista Fatou Bensouda y que actúa de manera independiente.

Las mismas fuentes recordaron que Venezuela ya forma parte de un examen preliminar -paso previo a la investigación formal-, abierto por iniciativa propia de la Fiscalía de La Haya en febrero de este año.

Al ser una corte de último recurso, ese examen preliminar analiza cuestiones como la complementariedad del caso -comprobar si la Justicia venezolana ha hecho investigaciones genuinas sobre los hechos denunciados-, su gravedad o si los delitos entran en su jurisdicción.

"Todos esos pasos deben ser llevados a cabo por la Fiscalía", por lo que la denuncia directa de un país de la OEA a Venezuela "no cambia nada de eso", indicaron las fuentes.

Lo único que sería diferente desde el punto de vista legal es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar la investigación formal, podría hacerlo directamente sin pedirle autorización a una Sala de Cuestiones Preliminares.

En caso de que no existiera la denuncia directa de un Estado Parte, la Fiscalía tendría que solicitar dicho permiso a los jueces

En caso de que no existiera la denuncia directa de un Estado Parte, la Fiscalía tendría que solicitar dicho permiso a los jueces.

El informe de expertos de la OEA remitido por Almagro se incorporará a otras denuncias recibidas en La Haya por la situación en el país caribeño, como las hechas por la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, o por un grupo de senadores de Colombia y Chile.

El examen preliminar actual no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.

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