La Fiscalía investiga a Machado por “instigar a la insurrección” con su carta a los militares venezolanos

La Fiscalía de Venezuela anunció este lunes que abrirá una investigación penal contra María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, por "instigación a la insurrección", luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la "represión" ordenada por el mandatario, Nicolás Maduro. La acusación ha sido rápidamente secundada por el régimen cubano, que llama a las manifestaciones en las calles venezolanas una “reedición de intento de golpe de Estado usando la fórmula de Guaidó en 2019”.

No es casualidad que, de igual manera, el diario oficial Granma recoja las declaraciones de Vladimir Padrino, ministro de Defensa, reafirmando “la más absoluta lealtad y apoyo incondicional a Nicolás Maduro”, al que considera “legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral”. Es vital para el régimen venezolano garantizar el apoyo de los militares, y de ahí que el mandatario anunciara ascensos de oficiales este domingo. “En este país habrá paz”, cita Granma a Vladimir Padrino. 

Padrino es, precisamente, una de las figuras militares de las que desconfía Nicolás Maduro, de acuerdo a una nota publicada por el Nuevo Herald. “Lo tienen cercado; lo están vigilando por todos lados”, declaró al diario miamense el ex jefe de inteligencia de Maduro, Manuel Christopher Figuera, quien trabajó de cerca con Padrino antes de exiliarse.

"Padrino es el que está en posición de actuar, tiene la máxima autoridad sobre el monopolio de las armas de la nación"

Según esta fuente, para controlar a miembros del Ejército que podrían “tener dudas”, el mandatario venezolano ha recurrido a agentes cubanos. “Padrino es el que está en posición de actuar, tiene la máxima autoridad sobre el monopolio de las armas de la nación, pero también es el único que podría negociar independientemente una salida, si no es que se deja matar”, dijo Figuera.

En un comunicado, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que se iniciarán las averiguaciones ante esta "abierta incitación" a los uniformados a "la desobediencia de las leyes", toda vez que los líderes opositores les pidieron "hacer respetar" los resultados de las elecciones del 28 de julio que, aseguran, dan como ganador a González Urrutia y no a Maduro, como anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración", dice el escrito, publicado en X por el fiscal.

Según el régimen, Machado y González Urrutia actúan "al margen de la Constitución y la Ley" al hablar de un ganador distinto a Maduro en las elecciones en este "írrito documento".

La carta de la oposición, publicada este lunes, reitera la denuncia de fraude electoral por parte del Gobierno y la represión desatada en respuesta a las protestas en contra de la proclamación del líder chavista, la cual también ha sido cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.

"Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir"

Al respecto, Estados Unidos aclaró este lunes que, si bien ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el vencedor de las elecciones, aún no lo reconoce como presidente del país.

"Todavía no estamos en ese punto. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Miller instó además al oficialismo y a la oposición a que "inicien discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia".

El portavoz reiteró el llamado para que el CNE, que proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio sin aportar evidencia alguna, publique de una vez las actas de votación con los resultados.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las supuestas actas de escrutinio de las presidenciales. La presidenta del máximo tribunal, la chavista Caryslia Rodríguez, indicó que empezarán el "proceso de peritaje del material consignado" en un lapso de hasta 15 días, que pueden ser prorrogables.

Igualmente, dijo que serán citados los candidatos presidenciales, así como representantes de los partidos políticos para que consignen todos los "instrumentos electorales" que se encuentren en sus manos, así como para que respondan a un interrogatorio.

Entre los citados están el presidente Maduro, así como el opositor González Urrutia. Además, fueron convocados el representante de la antichavista Mesa de la Unidad Democrática (ahora Plataforma Unitaria Democrática, PUD), José Luis Cartaya, el secretario general del Movimiento por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, el gobernador del estado de Zulia (oeste), Manuel Rosales, así como el candidato Enrique Márquez. También, los chavistas Diosdado Cabello, Hipólito Abreu, Ilenia Medina, Ricardo Sánchez y Didalco Bolívar.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense subrayó que cualquier prueba que presente el CNE requerirá de "un escrutinio minucioso"

Asimismo, solicitó "todos los elementos" que prueben "el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático" de la institución, que representó un "impedimento a la oportuna transmisión de los resultados electorales", reza la sentencia.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense subrayó que cualquier prueba que presente el CNE requerirá de "un escrutinio minucioso" debido al "potencial de alteración y manipulación" una semana después de que las elecciones tuvieran lugar.

El secretario de Estado, Antony Blinken, reconoció el 1 de agosto la victoria electoral de González Urrutia, al dar veracidad a las actas de votación obtenidas por la plataforma opositora y que darían una victoria abrumadora a su candidato.

Los presidentes de las grandes potencias de izquierda de la región, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; y el de México, Andrés Manuel López Obrador, pidieron al CNE en un comunicado conjunto que haga públicas las actas y que haya una verificación de los resultados. Sin embargo, su postura puede esconder, según temen algunos analistas, la intención de anular las elecciones y ayudar a Maduro en una salida negociada.

Mientras tanto, al menos 91 adolescentes han sido detenidos en el país en la última semana. Foro Penal, una asociación de abogados en defensa de los presos políticos en Venezuela, aseguró en X que estos arrestos han sido verificados hasta el día de hoy y forman parte del total de 1.010 personas tras las rejas por manifestarse, en casi todas las regiones del país, en rechazo a la proclamación de Maduro.

Al respecto, el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, explicó a EFE que estas detenciones han mostrado patrones contrarios a la normativa legal, como que los centros de reclusión sean comandancias policiales o sedes militares, en lugar de espacios especializados para la atención de menores de edad.

Asimismo, prosiguió, otro rasgo que se repite es la violación de los lapsos establecidos en cuanto a la presentación en tribunales de los adolescentes, que debería realizarse en un máximo de 24 horas desde la detención, pues hay casos de detenidos que llevan hasta seis días sin conocer de qué están siendo acusados.

Los familiares de los adolescentes han denunciado, según Trapani, que los arrestos se produjeron con exceso de violencia física y psicológica, así como que ha habido falta de comunicación de los detenidos con sus representantes o defensores.

El abogado recordó que, de acuerdo a la legislación venezolana, una persona menor de 14 años es inimputable, por lo que llamó la atención sobre un caso de un niño de 13 años que, según los registros que manejan las organizaciones de derechos humanos, figura entre los aprehendidos.

Según la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela, un adolescente de 15 años murió debido al "uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios que contenían la manifestación" en la que participó, en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia.

La emisora estatal de EE UU Voz de América también denunció este lunes que en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, han ocurrido “múltiples desapariciones forzosas de venezolanos y expulsiones de extranjeros”.

Al menos 14 periodistas fueron deportados del país entre el 25 de julio y el 2 de agosto, según denunció en X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La mayoría de los periodistas fueron inadmitidos en Maiquetía y devueltos a su país de origen. Otros fueron detenidos por fuerzas de seguridad, incluso en sus hoteles y puntos de control policiales y militares, para trasladarlos al aeropuerto y expulsarlos, según sus testimonios, reportajes de prensa y reportes de los Gobiernos de sus países respectivos.

En total ha habido al menos 1.010 arrestos y 11 muertes por la represión durante la crisis postelectoral en Venezuela, según los informes de Foro Penal.