Gobernadores republicanos de EE UU denuncian que el 'parole' se puso en marcha sin su consentimiento

Madrid/Los gobernadores de 25 estados de EE UU, republicanos, han arremetido contra la manera en que se lleva a cabo el programa de parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. “Nuestros estados han asumido involuntariamente un papel de apoyo, sin nuestro consentimiento, aviso previo ni recursos”, dicen los mandatarios de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming en una carta dirigida al presidente, Joe Biden, y a la vicepresidenta y candidata, Kamala Harris.

En el texto, expresan su “profunda preocupación por la falta de coordinación y de intercambio de información” por parte de la Administración federal acerca de una herramienta legal que “afecta directamente a nuestros estados y comunidades locales”. Además, aseveran que los beneficios del parole están “mal fundamentados” y que se ha abusado de su uso.

Tal y como recuerdan en su misiva, desde que se puso en marcha, en enero de 2023, hasta finales de agosto, un total de casi 530.000 personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití habían llegado a territorio estadounidense beneficiados con ese programa. La repercusión de ese proceso, explican, “ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros a todos nuestros estados y comunidades”.

“La inexplicable falta de comunicación de su Administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de los beneficiarios de este parole ha creado una considerable confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general”, increpan al presidente. Y aseveran que, ante la falta de instrucción por parte de las autoridades federales, la Policía y los gobernantes municipales “a menudo se han visto obligados a depender de las noticias y las publicaciones en las redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan, a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados, incluidas las escuelas públicas locales”.

Lo que los gobernantes llaman “abandono de migrantes en nuestras ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso” pone a los propios migrantes en riesgo de sufrir daños físicos

Lo que los gobernantes llaman “abandono de migrantes en nuestras ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso” pone a los propios migrantes en riesgo de sufrir daños físicos. “Tras ser recibidos con un escepticismo comprensible por parte de las comunidades en las que viven ahora, los migrantes han empezado a tener miedo de interactuar con el público”, exponen, lo cual ha creado un “entorno propicio para su explotación y abuso”.

Precisamente, refieren, el programa se suspendió temporalmente en julio ante presuntos abusos y fraudes. El parole se restableció en agosto tras una investigación exhaustiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero los gobernadores cuestionan: “Dado el volumen de migrantes a los que ahora se les permite entrar y viajar libremente dentro de los Estados Unidos bajo el programa, es difícil creer que se haya eliminado todo potencial de fraude y abuso en un mes”.

La responsabilidad de proteger a los migrantes, aseveran, recae en los gobiernos estatales y locales. Por eso, piden a la Administración federal “un informe completo sobre la ubicación y el estatus legal de las poblaciones con parole en nuestros estados”, los nombres y ubicaciones de los patrocinadores así como información sobre la “sólida investigación de seguridad” que afirman realizó DHS.

De igual manera, inquieren cómo el DHS monitorea a los migrantes y a sus patrocinadores y qué asistencia les están brindando.