Gobierno español pide a los secesionistas catalanes que vuelvan a la legalidad

Madrid/(EFE).- El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidió este domingo a los promotores del referéndum ilegal en Cataluña que "recuperen la razón" y vuelvan al marco legal, son dañar el Estado de Derecho.

En declaraciones a la cadena La Sexta, Zoido calificó de "sinrazón" el proceso independentista y la consulta que se lleva hoy a cabo en la región catalana en medio de gran tensión y con fuerte presencia policial para requisar, por orden judicial, el material destinado a la votación, lo que ha generado varios incidentes.

Por ello, el titular de Interior reclamó a los secesionistas y en concreto al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "paren esta auténtica locura" a la que están llevando al pueblo catalán.

"Si querían tener una foto ya la han conseguido, ahora que vuelvan a recuperar la razón", añadió el ministro, para quien las fuerzas de seguridad únicamente "quieren restablecer el orden y que prime la democracia".

Zoido subrayó que está "en manos" de Puigdemont que la normalidad y el orden vuelvan a Cataluña: "El día en que el estado de Derecho se quiebre, ese día valdrá todo. Merece la pena defenderlo y que dentro del marco legal podamos buscar salida, pero no con la ley del más fuerte".

Recordó que durante las primeras horas de la mañana se han "neutralizado" unos setenta centros de votación y se ha bloqueado el sistema diseñado para votar de forma electrónica en una actuación marcada por "la proporcionalidad".

Y agregó que la Policía y la Guardia Civil han encontrado situaciones "complicadas" y tan solo en una de ellas, en un centro de Barcelona, ha tenido que utilizar métodos de defensa de forma breve y prudente al verse en una situación de "acorralamiento".

La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha provocado momentos de tensión con los manifestantes independentistas ante las puertas de varios centros electorales

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han desplegado por los colegios electorales de Cataluña para impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra y después de que el Govern haya implantado por sorpresa un censo universal.

La Policía Nacional y la Guardia Civil intervienen

La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha provocado momentos de tensión con los manifestantes independentistas ante las puertas de varios centros electorales, donde los agentes han retirado por la fuerza a algunas personas.

Ante esta situación, el Ministerio de Interior ha apelado a la tranquilidad en las calles y ha pedido colaboración y respeto en los colegios para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la orden judicial de impedir la celebración del referéndum de forma pacífica.

Cuarenta y cinco minutos antes del comienzo de la votación, prevista para las 9.00 horas, el conseller de la Presidencia, Jordi Turrull, ha anunciado las nuevas instrucciones para participar en la consulta, que permiten a los 5,3 millones de catalanes llamados a las urnas votar en cualquier punto electoral, incluso aunque sea sin sobres y con papeletas imprimidas en casa.

Posteriormente, el Gobierno ha asegurado que las fuerzas de seguridad ya han bloqueado el sistema informático anunciado a primera hora de la mañana por Turull.

El Ejecutivo ha dado por "desbaratado" el referéndum ilegal y ha señalado que lo que se está viviendo hoy en Cataluña es una jornada de "bochorno electoral".

Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los cambios anunciados por la Generalitat certifican que "han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática". "Sin censo, con papeletas de casa, sin sobres y en el colegio que a cada uno le de la gana. Si el 6 y 7 fue un bochorno democrático, lo de hoy es un bochorno electoral", ha señalado.

Frente a las acusaciones de organizaciones sociales como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, que han criticado la "violencia del Estado" en el desmantelamiento de las votaciones, el Ministerio del Interior ha defendido la actuación "absolutamente profesional y templada" que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir el referéndum.

En una rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado que el Ejecutivo "se ha visto obligado a hacer lo que no quería hacer".

Ha explicado que el objetivo del operativo policial es "exclusivamente cumplir con las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dicen que hace falta respetar el marco legal democrático vigente que nos ha dado a todos los catalanes la convivencia en paz, libertad e igualdad de los últimos 40 años".

Una opinión muy diferente ha mostrado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha llamado "cobarde" al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por "inundar de policía" la capital catalana.

El pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), donde tenía previsto votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido uno de los escenarios más problemáticos en estas primeras horas.

Medio centenar de policías y guardias civiles han entrado hacia las 9:15 horas en el pabellón para requisar las urnas y el material para votar.

Más de un centenar de personas que estaban concentradas en el exterior del pabellón han intentado impedir entrar en el colegio, momento en que los agentes han intervenido y varios de los concentrados han caído al suelo.

Puigdemont ha decidido finalmente no acudir al colegio electoral de Sant Julià de Ramis, donde está empadronado, y ha ido a votar a Cornellà de Terri, a una quincena de kilómetros de Girona.

La posición de la prensa

La Vanguardia hace un "llamamiento a la serenidad" en una pieza titulada "Por el bien de todos". En el artículo, el diario aprecia "riesgo" de que el clima de desencuentro político "se traslade a la calle y se agrave en ella".

A juicio de La Vanguardia "no hay razones para dar apoyo alguno a una convocatoria de parte e ilegal" y que "es obvio que no reúne los mínimos requisitos democráticos ni presenta las garantías imprescindibles".

Considera el diario radicado en Barcelona que el 1-O será "muy probablemente" una "gran movilización popular" y concluye que el encaje de Cataluña en España "precisa de una revisión".

El Periódico expone en "Democracia, ley y convivencia" que el independentismo ha superado en los últimos meses "todos los límites imaginables" en el plano legal, político y cívico. Y califica de "fiasco", al margen de lo que hoy ocurra, el intento de organizar un referéndum "sin una clara mayoría en el Parlament, sin el acuerdo con el Estado y sin ningún aval internacional".

El diario editado en Barcelona lamenta que la consulta promovida por la Generalitat no haya conducido "a ninguna otra parte que a la pérdida del autogobierno catalán" y que el "empecinamiento en la desobediencia" del Govern haya trasladado el conflicto político a las calles y haya puesto en jaque la convivencia.

Según su editorial, cualquier intento de los dirigentes promotores del 1-O de presentar unos resultados que avalen una declaración unilateral de independencia dejaría a los líderes "invalidados" para "asegurar la convivencia y afrontar el diálogo que ha de llegar".