El Gobierno de Maduro se justifica ante Bachelet
La alta comisionada emitirá su informe este viernes sobre la situación de los derechos humanos
Caracas/(EFE).- Los miembros del Gobierno de Nicolás Maduro reconocieron este jueves ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la crisis que vive Venezuela, aunque la atribuyeron a las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2017.
La segunda jornada en Caracas de la expresidenta chilena estuvo ocupada principalmente en reuniones a puerta cerrada en la sede de la Cancillería venezolana con ministros de Maduro y con representantes de otros poderes afines al chavismo.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, afirmó que "el ataque a Venezuela ha sido un ataque sistemático, así se lo hemos informado (...) desde el punto de vista del imperialismo norteamericano, ha sido un ataque contra toda la economía nacional y ese ataque se ha visto afectado precisamente en los niveles de ingreso de la República".
Tarek Saab entregó a Bachelet un informe en el que responsabiliza a los opositores a Maduro de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160
Por su parte, el fiscal general, Tarek Saab, entregó a Bachelet un informe en el que responsabiliza a los opositores a Maduro de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160, según datos oficiales.
Saab, que no señaló a los culpables de las 83 muertes restantes, resaltó que esta "cifra alarmante" se debe a "ciudadanos que militando en partidos políticos adversos al Gobierno venezolano han cometido graves daños".
A lo largo del día en varios puntos de Caracas se registraron protestas de trabajadores públicos y familiares de presos políticos, quienes denunciaban la crisis y la violación de sus derechos para llamar la atención de Bachelet.
Los manifestantes se concentraron en lugares donde consideran que se evidencia la crisis humanitaria que vive el país, como los hospitales, los alrededores de instituciones en las que se esperaba la presencia de la Alta Comisionada, así como en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cancillería.
A pocos metros del Ministerio para Relaciones Exteriores, mientras Bachelet se reunía a puerta cerrada con representantes de los poderes públicos, un grupo de trabajadores petroleros reiteró la exigencia del pago de una deuda laboral que reclaman 587 empleados de Petróleos de Venezuela desde hace año y medio.
Los trabajadores de salud protestaron frente a la Maternidad de Caracas y el pediátrico J.M. de los Ríos, dos instituciones de referencia del país, para exigir a Bachelet que visite los centros médicos
Simultáneamente, en la sede del PNUD organizaciones civiles y de derechos humanos pidieron la liberación de los presos por motivos políticos y la atención a la crisis humanitaria.
El director de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero, afirmó que "sigue pendiente" la exigencia de que liberen a los 687 "presos políticos".
Además, los trabajadores de salud protestaron frente a la Maternidad de Caracas y el pediátrico J.M. de los Ríos, dos instituciones de referencia del país, para exigir a Bachelet que visite los centros médicos públicos para que observe la severa escasez de material sanitario y medicinas.
Por la tarde, la expresidenta chilena sostuvo un encuentro con víctimas de violaciones de los derechos humanos en la Universidad Metropolitana (este de Caracas).
Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una joven que murió en las protestas de 2014, pidió a Bachelet que "oiga a las madres venezolanas".
Orozco afirmó que "hay 306 personas fallecidas por la protestas" de las que 275 eran hombres y 31 mujeres,lamentó que Venezuela soporte "el 99 % de impunidad" y acusó a miembros de las Fuerzas Armadas de ser responsables de casi el 66% de estos hechos.
La coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, solicitó que una delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos "haga un monitoreo permanente" del país
Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una joven que murió en las protestas de 2014, pidió a Bachelet que "oiga a las madres venezolanas"
Por su parte, Omar Mora Tosta, abogado defensor de varios presos políticos" dijo que estos y "los perseguidos en el país son personas secuestradas por el poder", pues "la decisión que los encarcela arbitrariamente es política, y la decisión que los excarcela también lo es".
La visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos se produce en uno de los momentos de mayor tensión política en Venezuela y en medio de una aguda crisis económica que ha pulverizado el poder adquisitivo y ha provocado una crisis humanitaria.
Según la ONU, en Venezuela siete millones de personas necesitan asistencia humanitaria de manera urgente.
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