El Gobierno fija en 197 los muertos en Nicaragua y ataca a varios entes humanitarios

Managua/(EFE).- El Gobierno de Nicaragua fijó este martes en 197 los muertos en las protestas contra el Ejecutivo de Daniel Ortega que comenzaron el pasado 18 de abril, y acusó a los organismos humanitarios de manipular, con fines políticos, la cifra de fallecidos, que diferentes entidades sitúan entre 265 y 448.

"Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, continúan manipulando, con fines políticos, los datos de personas fallecidas por diversas causas, haciéndolas aparecer como si todas se ocasionaran en el contexto del intento de golpe de Estado", denunció el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en alusión a las revueltas populares.

En una comparecencia ante medios oficiales de comunicación, el canciller sostuvo que esos organismos han ofrecido una cantidad superior de muertos para promover "una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en perjuicio" del Gobierno y del pueblo nicaragüense.

Según el reporte oficial, elaborado por la Policía Nacional han fallecido en Nicaragua 450 personas: 197 "en el contexto del intento del golpe de Estado y 253 fallecidos producto de actividad delictiva común"

Según el reporte oficial, elaborado por la Policía Nacional y que considera a los muertos como "víctimas del terrorismo golpista", entre el 19 de abril y el 25 de julio han fallecido en Nicaragua 450 personas: 197 "en el contexto del intento del golpe de Estado y 253 fallecidos producto de actividad delictiva común".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en 317 los muertos en Nicaragua, entre ellos 21 policías y 23 niños, niñas o adolescentes, entre el 18 de abril y el 30 de julio.

En tanto, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, contabilizó hasta el 31 de julio un total de 265 fallecidos, entre ellos 13 menores de edad.

Mientras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reporta 305 personas muertas y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) 448 personas, cifras que no son reconocidas por el Ejecutivo.

"De todas las 197 víctimas solamente hay cinco estudiantes universitarios, cuatro estudiantes de secundaria, y un estudiante de primaria", frente a 22 oficiales, indicó, por su lado, el inspector general de la Policía Nacional, Jaime Vanegas.

El jefe policial afirmó que los organismos han incluido a 253 personas que han fallecido por la actividad delictiva común "para desprestigiar, difamar y dañar la imagen" del Gobierno

El jefe policial afirmó que los organismos han incluido en sus informes a las 253 personas que han fallecido en ese mismo lapso por la actividad delictiva común "para desprestigiar, difamar y dañar la imagen" del Gobierno.

"Estos datos estadísticos señalan a quienes alentaron, dirigieron y ejecutaron estas sangrientas acciones terroristas, con el objetivo de cambiar inconstitucionalmente el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional democráticamente electo, cuyos responsables hemos venido denunciando y deben comparecer ante la justicia", dijo, por su lado, el canciller Moncada.

El 19 de julio, Ortega calificó de "golpistas" a los obispos y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.

El 7 de junio la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el mandatario lo rechazó.

Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están fijadas para 2021, pero diferentes sectores de la sociedad civil han pedido un adelanto electoral y una reforma constitucional, lo que ha sido rechazado por Ortega, que denuncia un intento de "golpe de Estado".

Human Rights Watch criticó el despido de decenas de médicos nicaragüenses en una aparente represalia por haber participado en las protestas contra el Gobierno o haber expresado diferencias con su gestión

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo que exigirán que "los golpistas paguen" por sus "crímenes".

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Mientras, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó el despido de decenas de médicos nicaragüenses en una aparente represalia por haber participado en las protestas contra el Gobierno o haber expresado diferencias con su gestión.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega en la Presidencia.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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