El Gobierno de Ortega libera a periodistas, campesinos y estudiantes opositores
Con base a la Ley de Amnistía, el Ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 50 personas que estaban detenidas "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública"
Managua/ (EFE).- El Gobierno de Nicaragua liberó este martes a un grupo de denominados presos políticos por la oposición bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional, entre ellos a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Entre los liberados también se encuentran los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta, a quienes un juez afín al presidente del país, Daniel Ortega, había condenado a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente.
Las liberaciones fueron realizadas por el Sistema Penitenciario Nacional, cuyos custodios entregaron a los "presos políticos" ante los familiares, en sus casas
Además, a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nairobi Olivas y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; el dirigente opositor Cristhian Fajardo; Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano, entre otros.
Las liberaciones fueron realizadas por el Sistema Penitenciario Nacional, cuyos custodios entregaron a los "presos políticos" ante los familiares, en sus casas, bajo la observación de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
"Nicaragua, Nicaragua", gritaban los liberados a bordo de un microbús de la CICR, mientras empuñaban sus manos en señal de victoria y levantaban banderas del país y entonaban las notas del himno nacional, según imágenes que circulan en las redes sociales.
La periodista Lucía Pineda brincó de emoción al ser recibida por amigos y gritó "somos libres" y "gloria a Dios", mientras otros compañeros liberados gritaban "Viva Nicaragua libre" y ondeaban la bandera nicaragüense.
"Patria libre para vivir", "Justicia", entre otras consignas proclamaban los liberados, mientras se fundían en abrazos en un ambiente de emoción.
De momento, el Ministerio de Gobernación no ha precisado el número de manifestantes antigubernamentales que fueron liberados.
El lunes, con base a la Ley de Amnistía, el Ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 50 personas que estaban detenidas "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública".
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente esa Ley que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".
La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
La Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario
Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales "a su gente", entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que con las fuerzas de las armas levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas "parapoliciales" con armas de guerra, para atacar a civiles.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
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