El Gobierno venezolano considera inaudita e infame primera decisión de Trump sobre el país

Caracas/(EFE).- El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este martes la "inaudita e infame" decisión de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, al que acusa de "desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".

Esta es la primera medida del Gobierno del republicano Donald Trump -que tomó posesión de la presidencia el 20 de enero- relacionada con Venezuela y supone la constatación de que las relaciones entre ambos países -sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 2010- seguirán al menos igual de tensas que durante el mandato de Barack Obama.

El propio vicepresidente calificó como una "miserable agresión" las sanciones, que dijo recibir "como un reconocimiento" a su "condición de revolucionario antiimperialista"

El primero en reaccionar fue el propio vicepresidente venezolano -exministro de Interior y exgobernador- quien calificó como una "miserable agresión" las sanciones, que dijo recibir "como un reconocimiento" a su "condición de revolucionario antiimperialista".

Maduro, por su parte, ordenó a su canciller, Delcy Rodríguez, que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, le entregue una nota de protesta y le "exija que aclare y se retracte de estas acusaciones".

"Que (EE UU) pida excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo (...) Venezuela va a activar todos los mecanismos legales, políticos, diplomáticos, nacionales e internacionales para contrarrestar, para desmontar esta infamia", afirmó Maduro junto a El Aissami en cadena estatal de radio y televisión.

El mandatario consideró también que dichas sanciones son "una venganza del narcotráfico" contra El Aissami por haber capturado a 102 capos durante su gestión como ministro -entre 2008 y 2012- y obedecen a una "conspiración" de la oposición venezolana "que se fue a Washington a pedir estas medidas".

El secretario del Tesoro de EE UU, Steve Mnuchin, explicó que las sanciones han resultado en la congelación de "decenas de millones de dólares" en sus activos bajo jurisdicción estadounidense "que tendrán un impacto muy grande" para El Aissami y su entorno.

Con las sanciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, quiso "enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está de su lado", agregó Mnuchin.

Sin embargo, la jefa de la diplomacia venezolana señaló que estas acusaciones son una "agresión gravísima" que "pretende vulnerar la esfera soberana" del país caribeño y violentar "el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad y a los derechos humanos del vicepresidente".

La Cancillería de Venezuela tildó de "mentira grotesca" los señalamientos y aseguró que representan un "falso positivo" en contra de un "venezolano decente y digno"

En un comunicado, la Cancillería de Venezuela tildó de "mentira grotesca" los señalamientos y aseguró que representan un "falso positivo" en contra de un "venezolano decente y digno".

Para Caracas, estas acciones de EE UU carecen de legalidad internacional y "vulneran flagrantemente el Derecho Internacional Público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones (...) constituyendo una grave afectación y agresión contra nuestra Patria".

El Gobierno venezolano destacó que El Aissami es "un prominente experto criminólogo, reconocido por su destacada gestión al frente de la seguridad ciudadana" durante la presidencia de Hugo Chávez, y "por su firme combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano".

Por parte de la oposición, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, calificó de graves las acusaciones de EE UU, que podrían, según dijo, "comprometer las relaciones de nuestro país con el único país que nos paga cash por el petróleo".

Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, instó a Trump a actuar con acciones y no únicamente con palabras, y a exigir que se aplique la ley en Venezuela donde, aseguró, está instaurada una "dictadura".

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, acordó iniciar una investigación sobre las acusaciones de narcotráfico y solicitar al Gobierno norteamericano las pruebas sobre el caso.

Jesús Torrealba calificó de graves las acusaciones de EE UU, que podrían, según dijo, "comprometer las relaciones de nuestro país con el único país que nos paga 'cash' por el petróleo"

Asimismo, durante un debate en el que solo participaron opositores al Gobierno de Maduro, el Parlamento exhortó a la Fiscalía venezolana a abrir una investigación sobre las denuncias hechas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El chavismo, en cambio, salió en defensa de El Aissami principalmente a través de la red social Twitter donde publicaron decenas de mensajes con la etiqueta #VamosPaLanteTareck.

El diputado chavista Pedro Carreño calificó de "patraña" las acusaciones y aseguró que EE UU no habla de sus cárteles porque es un "narcoestado", mientras que el actual titular de Interior, Néstor Reverol, afirmó que este ataque "es señal de que vamos avanzando".

EE UU sancionó también al empresario Samark José López Bello, por ser el testaferro del vicepresidente venezolano y proporcionar "material, apoyo financiero, bienes y servicios" al narcotráfico, según explicó el lunes un alto funcionario estadounidense en una llamada telefónica con periodistas.

EE UU sancionó también al empresario Samark José López Bello, por ser el testaferro del vicepresidente venezolano y proporcionar "material, apoyo financiero, bienes y servicios" al narcotráfico

López Bello rechazó esas acusaciones y afirmó que ejercerá acciones legales al respecto.

"El listado injustificadamente incluye a un empresario legítimo como Samark López, quien ha jugado un rol fundamental ayudando a promover el futuro de Venezuela", señaló el empresario en un comunicado publicado en su página web.

Mientras, en Bogotá, el presidente de la Asamblea, Julio Borges, pedía ayuda a los países de la región para poner fin a lo que calificó como la muerte de la democracia bajo la "dictadura" del actual gobernante, Nicolás Maduro.

En su intervención ante el Senado colombiano, Borges pidió que "la región se movilice para que en Venezuela se restituya la Constitución, que haya elecciones libres y se respeten los derechos humanos y las instituciones como la Asamblea Nacional".