El Gobierno venezolano pide a los militares responder de forma “contundente” a los “enemigos”

Caracas/El Gobierno de Venezuela pidió este sábado a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) responder de manera “contundente” a los “enemigos” que, afirma, están dentro y fuera del país, que recibe “amenazas todos los días”.

El ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, instó a los militares a dar respuestas que sean también “inmediatas” a “aquellos que quieran buscar la violencia como vía de tomar el poder político”, así como a quienes “quieren apoderarse de los recursos” del país petrolero.

El funcionario señaló que hay “enemigos” que “llaman a la violencia” y han cometido “actos terroristas” contra “su propio pueblo”, aunque no especificó a quiénes se refería.

El ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló que hay “enemigos” que “llaman a la violencia” y han cometido “actos terroristas”

Por eso, indicó que el objetivo es “garantizar que el país siga siendo libre, soberano e independiente”.

“Saben ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras, que Venezuela está bajo asedio. Nuestro país recibe amenazas todos los días de quienes quieren apoderarse de los recursos”, aseguró en un acto en Caracas con motivo del “despliegue operacional” de las Unidades de Reacción Rápida (Urra) de la Fanb.

Durante la actividad, transmitida por el canal estatal VTV, el Gobierno entregó vehículos para, según explicó Cabello, “garantizar la movilidad” y “la respuesta inmediata”.

En ese sentido, destacó la entrega a “unidades que están” en la Guayana Esequiba -en referencia al territorio en disputa con Guyana-, con el fin -sostuvo- de “garantizar, en todo el territorio nacional, la respuesta inmediata donde haya que darla”.

Según la Fanb, una veintena de Unidades de Reacción Rápida se desplegaron en todo el país para “resguardar la paz”, y durante el acto, se entregaron “vehículos tácticos para garantizar la movilidad” de 2.400 efectivos.

Este operativo se lleva a cabo cuando el país vive una crisis política después de que el presidente, Nicolás Maduro, fue proclamado ganador de los comicios de julio, un resultado cuestionado por buena parte de la comunidad internacional y señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, que reivindica la victoria de su líder, Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió este sábado justicia por la muerte denunciada por varias ONG de Jesús Rafael Álvarez, el segundo detenido en el contexto de crisis poselectoral que fallece bajo custodia del Estado.

A través de X, la alianza antichavista condenó la muerte de Álvarez, de 44 años, detenido junto con su esposa de forma “arbitraria” el 2 de agosto en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y quien estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en Carabobo (norte).

“Jesús Rafael Álvarez se encontraba bajo custodia del Estado en el penal de Tocuyito y, por tanto, es su responsabilidad garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad. Exigimos justicia en este caso y la libertad de su esposa, Anny Suárez, y la de todos los presos políticos”, expresó la PUD.

En un video publicado por oenegés, el hijo mayor de la pareja, Jesús Álvarez, dijo haberse enterado del fallecimiento de su padre, quien estaba “preso inocentemente”, la noche del viernes “por una noticia en las redes (sociales)”, y exigió la entrega del cuerpo y la liberación de su madre, recluida en Bolívar.

La Plataforma Unitaria Democrática exige justicia por la muerte de Jesús Rafael Álvarez, que estaba bajo custodia del Estado

“Yo no quiero que ella también muera (…), encerrada ahí, siendo inocente, igual que mi padre, (…) un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia, todavía tenía tanto que darnos a nosotros”, expresó Álvarez, de 22 años.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Álvarez y Suárez, con tres hijos, fueron detenidos “arbitrariamente” cuando se encontraban en su vivienda, en Bolívar, “sin orden de captura” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debido a una “supuesta investigación”.

Posteriormente, indicó la ONG, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) los acusó de “terrorismo e instigación al odio”.

El comité exigió “justicia y reparación” para la familia y que se determine la causa del fallecimiento, así como “las responsabilidades de los órganos de seguridad, que no cuidaron su integridad física y mental”.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) solicitaron, a través de X, una investigación “imparcial y exhaustiva”.

El pasado 14 de noviembre, dirigentes y partidos opositores informaron de la muerte de Jesús Manuel Medina Martínez, detenido en el contexto de la crisis poselectoral.