Inseguridad y crisis económica, los principales retos del próximo presidente de Ecuador
Villavicencio, la cara de la ola de asesinatos de políticos, jueces y fiscales de Ecuador
Quito/(EFE).- La inseguridad y la crisis económica son los principales retos del próximo presidente de Ecuador, que tendrá diecisiete meses para dirigir un país políticamente complejo, y a la expectativa de los efectos del fenómeno de El Niño y una eventual merma de ingresos, en caso de que venza el "Sí" en un plebiscito para dejar en tierra el petróleo de un importante yacimiento en la Amazonía.
Ocho candidatos se disputan la Presidencia después de que el conservador Guillermo Lasso disolviera en mayo pasado la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, al aplicar la llamada "muerte cruzada", lo que forzó esta convocatoria extraordinaria de elecciones y la reducción de su mandato, que debía terminar el 24 de mayo de 2025.
Por ello, quien gane en las elecciones del próximo domingo, o en una eventual segunda vuelta el 15 de octubre, deberá culminar el período para el que fue elegido Lasso, que no se presenta a la reelección.
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, dijo a EFE el experto en seguridad, Fernando Carrión.
"Según información internacional, la tasa de crecimiento de la violencia de Ecuador es la más alta de América. Y eso haría que, al finalizar este año, Ecuador esté localizado, probablemente, en el tercer lugar de los países más violentos de la región", indicó.
Muestra de esa espiral de violencia atribuida por las autoridades al crimen organizado y al narcotráfico está en el reciente asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado el miércoles pasado a la salida de un mitin en Quito, y después de haber denunciado que había recibido amenazas de muerte.
El crimen de Villavicencio es sólo la punta del iceberg de la oleada de atentados atribuidos al crimen organizado contra autoridades y candidatos a cargos públicos en el país andino, y que tiene a su última víctima en el dirigente local correísta Pedro Briones, asesinado este lunes.
Estos asesinatos se concentran particularmente en la costa, y en especial en Esmeraldas, Manta y Guayaquil, zonas claves para las bandas criminales que controlan la rutas del narcotráfico y que utilizan los puertos ecuatorianos como grandes lanzaderas de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa, procedente principalmente de Colombia y también de Perú.
La violencia política ya se adueñó del país en las elecciones locales celebradas en febrero pasado, cuando en la víspera de la votación fue asesinado Omar Menéndez, candidato a la alcaldía del municipio costero de Puerto López por la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa. Menéndez, que al día siguiente ganó de manera póstuma la elección con el 46,22% de los votos, fue acribillado el 4 de febrero en una zona comercial.
La violencia política ya se adueñó del país en las elecciones locales celebradas en febrero pasado, cuando en la víspera de la votación fue asesinado Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López
En el marco de esa misma campaña electoral fue asesinado también a tiros el abogado Julio César Farachio, candidato a alcalde de la costera ciudad de Salinas por el movimiento izquierdista Unidad Popular, mientras realizaba un acto proselitista donde quedó tendido en medio de un charco de sangre.
Otros candidatos sufrieron también ataques, como el ex futbolista de la selección ecuatoriana Frickson Erazo, que durante su aspiración de ser alcalde de Esmeraldas denunció dos atentados contra su vivienda con artefactos explosivos, donde que fue incendiado su automóvil.
En mayo, Luis Chonillo, alcalde de Durán, uno de los municipios del área metropolitana de Guayaquil donde suelen encontrarse centros de acopio de la cocaína que luego es embarcada en el puerto, sobrevivió a un atentado en el que murieron dos de sus escoltas y una persona más, lo que lo llevó a pasar un tiempo en la clandestinidad y despachar de manera telemática.
Sin embargo, no corrió la misma suerte Miguel Santos, director de Terrenos de Durán, quien a inicios de agosto fue asesinado por tres personas armadas.
En estas elecciones extraordinarias, la primera víctima mortal fue Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas de la alianza Actuemos, que lidera el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, al ser tiroteado mientras circulaba en su vehículo.
Sólo cinco días más tarde ocurrió el asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, la tercera ciudad más poblada de Ecuador, que en las elecciones de febrero había sido reelegido por el 61,25% de los votos.
El mortal atentado contra Intriago estremeció al país, en medio de una campaña electoral donde la crisis de inseguridad y de violencia del crimen organizado ha sido prácticamente el único tema de discusión sobre la mesa.
En esa espiral de violencia ocurrió el asesinato de Villavicencio, entre cuyos sospechosos como presunto autor intelectual está Fito, capo de la banda criminal Los Choneros
En esa espiral de violencia ocurrió el asesinato de Villavicencio, entre cuyos sospechosos como presunto autor intelectual está Fito, capo de la banda criminal Los Choneros, a quien el propio periodista y ex asambleísta había señalado como posible autor de las amenazas de muerte que había recibido días antes.
No obstante, tanto su familia como su colega Christian Zurita, quien ha asumido su candidatura (aún a espera de calificación), apuntan también a cinco exasambleístas a los que Villavicencio acusó en abril de planear un posible atentado contra su vida con sicarios.
Sólo un día después del asesinato de Villavicencio, Estefany Puente, candidata a asambleísta por la alianza que lidera el presidenciable Yaku Pérez, denunció haber sido víctima de un atentado al recibir un disparo mientras se trasladaba en su automóvil, y este mismo lunes fue asesinado Pedro Briones.
A la par que los políticos, los magistrados también han sido objeto en este último año de atentados, como los fiscales Leonardo Palacios y Édgar Escobar, acribillados en Durán y Guayaquil, respectivamente; y el juez Nelson Yánez, en Lagro Agrio; mientras que la fiscal general, Diana Salazar, denunció en junio haber recibido amenazas de muerte.
Asimismo, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre en la capital ecuatoriana y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo atentados similares, de los que lograron salir con vida.
Además, uno de los mayores focos de la violencia que sufre el país son las cárceles, donde han sido asesinados más de 400 reclusos desde 2020 en una serie de masacres entre bandas rivales, que han trasladado sus disputas de las calles a las prisiones.
"Esa debilidad de los mercados internacionales y una caída en precios de ciertas materias primas, particularmente el petróleo, han hecho que el año empiece con déficit fiscal"
La inseguridad tiene también un "costo económico enorme" y una "afectación muy grave en la producción y el consumo", señala a EFE el analista económico Alberto Acosta Burneo, quien llama la atención sobre el impacto de esta situación en la inversión y el crecimiento.
Al próximo gobernante le espera un "entorno bastante complejo", porque la situación externa se ha deteriorado, las tasas de interés internacionales siguen subiendo, y eso hace que el financiamiento externo sea más costoso y más escaso. "El mercado de capitales sigue cerrado para el país", recuerda Acosta Burneo.
"Esa debilidad de los mercados internacionales y una caída en precios de ciertas materias primas, particularmente el petróleo, han hecho que el año empiece con déficit fiscal", detalla el especialista, a lo que se suma una prima de riesgo en torno a los 2.000 puntos.
A esto se adhieren los eventuales efectos del fenómeno de El Niño, que se prevé para fines de año. "Según información oficial, la caída de la economía va a ser entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, que sería superior a lo que cayó con la pandemia del covid-19", comentó Carrión.
Este economista prevé que "se va a caer la producción agrícola, ganadera, la infraestructura de las carreteras, de energía eléctrica, (la construcción de) escuelas, etcétera", lo que incrementará la pobreza, la desigualdad y la violencia.
un plebiscito definirá si se detiene la explotación del bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad, lo que significaría una merma de 1.200 millones de dólares anuales al fisco
El próximo domingo, un plebiscito definirá si se detiene la explotación del bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad, lo que significaría una merma de 1.200 millones de dólares anuales al fisco, según cálculos gubernamentales.
"Todo esto, dentro de un entorno político que eleva la incertidumbre", porque ya en 2025 habrá nuevamente elecciones, y porque se desconoce cómo quedará conformada el próximo domingo la Asamblea Nacional.
El analista político César Ulloa cree que ningún candidato tendrá una mayoría total en la Asamblea que le permita gobernar, por lo que para combatir la inseguridad, por ejemplo, se deberá declarar la emergencia en el sector, a fin de facilitar la compra de equipamiento y tomar algunas medidas excepcionales.
Para Ulloa, la necesaria generación de empleo "sólo será posible si se instala un clima mínimo de certidumbre" en un país que, en pocos meses, estará nuevamente envuelto en una campaña electoral con miras a las presidenciales de 2025.
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