Juan Orlando Hernández, culpable en EE UU de facilitar el tráfico de cocaína

Nueva York/Tegucigalpa/El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, otrora aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, fue declarado este viernes culpable de importar cocaína a este país y el uso de armas, lo que podría llevarle a pasar el resto de su vida en prisión.

El juez Kevin Castel fijó la fecha tentativa del próximo 26 de junio para sentenciar a Hernández (también conocido como JOH), de 55 años y que años atrás se jactaba de su estrecha relación con EE UU.

Sin embargo, el Gobierno de EE UU ha señalado con insistencia tanto en documentos como durante el juicio en Nueva York, que hoy culminó con el veredicto de culpabilidad, que el exmandatario dijo que quería "meter las drogas por las narices de los gringos", y que "no se iban a dar ni cuenta".

Un testigo de la Fiscalía, el contador José Sánchez, aseguró haber escuchado ese comentario durante una reunión que Hernández presuntamente sostuvo con un narco.

El contador José Sánchez aseguró haber escuchado ese comentario durante una reunión que Hernández presuntamente sostuvo con un narco

Ya había contado ese mismo diálogo durante el juicio por narcotráfico abierto en Nueva York contra Tony Hernández, hermano menor de Juan Orlando y exdiputado por el Partido Nacional, condenado en 2021 a cadena perpetua.

El exmandatario ya parecía estar en el ojo del huracán durante el juicio a su hermano -ante el mismo juez Castel-, pero él siempre negó su relación con los narcos alegando que los testimonios que lo implicaban eran falsos.

Falsos o no, esos mismos narcos volvieron a sentarse en la silla de los testigos en su juicio para acusarlo nuevamente de haber aceptado sobornos a cambio de proteger el tráfico de drogas a través de Honduras.

La larga sombra del hermano Tony

Las acusaciones contra Juan Orlando abarcan de 2004 a 2022, tiempo durante el que EE UU mantenía sus relaciones con Honduras mientras investigaba la participación del político en el tráfico de drogas, investigación que también incluyó a varios narcos hondureños y a Tony, que estuvo a su manera "presente" durante el juicio a su hermano.

Tony Hernández fue mencionado varias veces por su relación con varios carteles y haber recibido el millón de dólares que, según la acusación, donó el cartel de Sinaloa en 2013 para la campaña presidencial de su hermano.

Por su parte, su defensa presentó al ex mandatario como una especie de adalid en la lucha para detener el paso de drogas por Honduras, y destacó las leyes que adoptó desde la presidencia del Congreso nacional (2010-2014) para hacer que los traficantes fueran responsables por su crimen al impulsar una enmienda constitucional para la extradición de hondureños así como la de confiscación de bienes producto de dinero ilícito, entre otras.

Ambas leyes terminaron perjudicando a Hernández cuando fue extraditado a EE UU en 2022, dos meses después de haber dejado la presidencia, y se le confiscaron varias propiedades

Ironías del destino, ambas leyes terminaron perjudicando a Hernández cuando fue extraditado a EE UU en 2022, dos meses después de haber dejado la presidencia, y se le confiscaron varias propiedades.

La defensa también destacó su relación con John Kelly, exjefe del Comando Sur y luego jefe del despacho presidencial bajo Donald Trump, quien en 2015 elogió ante el Congreso de EE.UU. al Gobierno de Hernández y sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y proteger a sus ciudadanos de la violencia, pese a que semanas antes Human Rights Watch había señalado la "delincuencia desenfrenada y la impunidad con relación a los derechos humanos" en ese país.

"Yo tenía una política contra toda esa gente porque no los soportaba", dijo el expresidente refiriéndose a los narcotraficantes, cuando decidió declarar en su propio juicio, en el que dijo además que pidió ayuda a Kelly, entonces al frente del Comando Sur, con el que se reunió varias veces, para detener el flujo de drogas que pasaba por Honduras.

Sin embargo, EE UU lo acusó de haber convertido a su país en un "narco-estado" al que transformó en una especie de "autopista" para la entrada de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

Analistas y abogados penalistas, entre otros, coinciden en señalar que la justicia hondureña "no ha sido ciega", sino más bien "selectiva" y cómplice

La declaración de "culpable" supone un desafío para el sistema de justicia del país centroamericano, que a lo largo de la historia ha sido salpicado por denuncias de corrupción de todo tipo.

Analistas y abogados penalistas, entre otros, coinciden en señalar que la justicia hondureña "no ha sido ciega", sino más bien "selectiva" y cómplice de la corrupción pública y privada, en un país que roza los diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, según fuentes oficiales.

"La sentencia contra Juan Orlando Hernández es una oportunidad histórica, es un parte aguas en la historia nacional que podría permitirnos poder fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, lo que está claro es que Juan Orlando Hernández solamente es la cabeza visible de una estructura que todavía sigue vigente y que ha penetrado a la institucionalidad del Estado y que no es posible hacerlo por sí sola", dijo a EFE el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.

En su opinión, ni el Ministerio Público (Fiscalía), ni la Corte Suprema de Justicia, ni la propia Policía, ni el Ejército por sí solos van a depurarse, reestructurarse, limpiarse y rendir cuentas.

Hernández fue condenado sin tener causas judiciales pendientes en Honduras y, de hecho, previo a convertirse en gobernante fue funcionario del Poder Judicial, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma y mantuvo abierto su despacho como abogado mientras iba escalando cargos en la administración pública.

El tráfico de drogas salpica a políticos y militares desde mediados del decenio de los 70 del siglo pasado, cuando trascendió el nombre de Juan Ramón Matta

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía estadounidense, Hernández se implicó en el narcotráfico desde 2004, sin que ningún organismo de seguridad y justicia local lo haya investigado.

"Me parece que es el momento adecuado para impulsar la instalación de una Cicih (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), porque la Cicih sí podría ejercer ese acompañamiento", explicó Mejía.

Sin embargo, añadió el abogado, una cuestión que le preocupa "es la poca transparencia del Gobierno de la República, en el sentido de que desde hace un buen tiempo Naciones Unidas entregó el diagnóstico con las condiciones mínimas que se requieren para poder instalarla y hasta el momento no la ha hecho pública".

El tráfico de drogas salpica a políticos y militares desde mediados del decenio de los 70 del siglo pasado, cuando trascendió el nombre de Juan Ramón Matta, quien tuvo nexos con altos oficiales de las Fuerzas Armadas hasta el 5 de abril de 1988, cuando fue arrestado frente a su residencia en Tegucigalpa en una operación conjunta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con la seguridad hondureña.

El papel de Honduras en el narcotráfico aumentó su volumen en las últimas tres décadas, favorecido por su ubicación estratégica, a mitad de camino entre los productores y consumidores, y por la impunidad vigente.

El narcotráfico se fue volviendo más visible en el presente siglo, con la llegada y despegue en pistas clandestinas de avionetas cargadas de cocaína, algunas aterrizando incluso en carreteras pavimentadas como la que comunica a las ciudades de La Ceiba y Trujillo, en el Caribe hondureño.

En varias regiones del país era una especie de "secreto en voz alta" que algunos políticos no sólo recibían financiación sino que ellos mismos se habían convertido en narcotraficantes

De manera paralela, iniciaron las denuncias de que el narcotráfico estaba financiando campañas de políticos que aspiraban a cargos de elección popular, entre ellos candidatos a las alcaldías, al Congreso Nacional y, como se puso en evidencia con Hernández, a la Presidencia de la República.

En varias regiones del país era una especie de "secreto en voz alta" que algunos políticos no sólo recibían financiación sino que ellos mismos se habían convertido en narcotraficantes, como es el caso de Alexander Ardón, quien fue uno de los testigos en el juicio contra Hernández.

Ardón, dos veces alcalde de El Paraíso, un municipio clave en el corredor de la droga que conecta a Honduras con Guatemala, es uno entre más de 40 extraditados a Estados Unidos desde 2014 a la fecha.

En ese contexto, el fallo de culpabilidad dictado hoy contra Hernández fue recibido en muchos sectores con sabor agridulce, el consenso es que se hizo justicia en Estados Unidos, pero no en Honduras.

Mientras tanto, el fallo no despertó una reacción o comunicado inmediato en la Corte Suprema de Justicia, inmersa en una intensa disputa interna por el control de la Sala de lo Constitucional.

En el juicio de Juan Orlando Hernández han estado dos fiscales del Ministerio Público para recoger información que pueda dar pie para investigar a personas que sean mencionadas por presuntos nexos con el narcotráfico.

Falta saber si serán investigados todos los implicados en el juicio contra Hernández, o en Honduras seguirán recordando al exembajador de Estados Unidos en Tegucigalpa Cresencio Arcos, quien en una ocasión dijo que "aquí la justicia es una víbora que solo muerde a los descalzos".