Dos ex presidentes en apuros con la Justicia: Rafael Correa y Juan Orlando Hernández

Madrid/(Con información de EFE).- La Corte Nacional de Justicia en Ecuador solicitó este viernes formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y quien está prófugo de la Justicia en Bélgica, país que acaba de otorgarle la condición de asilado político con estatus de refugiado.

"El día de ayer, he firmado ya la providencia, iniciando el trámite de extradición como corresponde en derecho, del ciudadano expresidente de la República del Ecuador Rafael Vicente Correa Delgado", reveló el presidente de la Corte, Iván Saquicela, al canal televisivo local Teleamazonas.

Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el exmandatario cumpla los 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política (no pudo postularse para las elecciones de 2021) a los que fue condenado en una sentencia firme dictada por la Justicia ecuatoriana.

Correa fue condenado por cohecho agravado por recibir aportes indebidos para la financiación del movimiento oficialista Alianza País a cambio de adjudicar millonarios contratos, entre ellos a la brasileña Odebrecht

Es ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el que deberá tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.

El pedido de extradición, que ha tardado cerca de dos años en emitirse y que, según Saquicela, se demoró debido a trámites procedimentales, podría quedar en papel mojado después de que se conociera que Bélgica otorgó asilo político a Correa, quien niega las acusaciones y alega ser objeto de una persecución política.

Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso "Sobornos 2012-2016", una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.

Según el dictamen del caso, Ecuador debe recuperar 14,7 millones de dólares en concepto de daños materiales e inmateriales.

Correa, que gobernó Ecuador de 2007 a 2017, se instaló en Bélgica poco después de concluir su mandato, y no ha regresado al país desde inicios de 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación en su contra y, en dos de ellos, se emitieron órdenes de detención preventiva que no fueron llevadas a la práctica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aseguró que desconoce el "supuesto asilo" otorgado por Bélgica a Correa y anticipó que enviará a las autoridades belgas la solicitud de extradición

De 59 años y exdirigente de la denominada izquierda latinoamericana del siglo XXI, Correa siempre se ha jactado de que hasta la fecha Interpol y Bélgica han descartado cooperar con las órdenes emitidas por la Justicia de su país.

"Otro papelón, lamentablemente no solo de este, sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere", fue el mensaje que escribió Correa en Twitter tras conocer la decisión de Saquicela, a quien tachó de "sinvergüenza" y de "hacer el ridículo".

Para Correa, el otorgamiento del asilo político constituye una demostración de la persecución política de la que denuncia ser objeto desde que terminó su mandato y comenzaron las investigaciones en su contra.

En una resolución a la que tuvo acceso Efe, fechada el 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirmó que otorgaba a Correa el estatus de refugiado en este país, de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe.

El abogado de Correa, Christophe Marchand, explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador el juicio por el secuestro del opositor político Fernando Balda. Desde entonces, el exmandatario es prófugo de la Justicia de su país.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aseguró que desconoce el "supuesto asilo" otorgado por Bélgica a Correa y anticipó que enviará a las autoridades belgas la solicitud de extradición ni bien le sea remitida por la Corte Nacional de Justicia.

El juicio contra Juan Orlando Hernández comenzó este viernes con la lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas

Por otra parte, EE UU inició el proceso formal por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. El juicio comenzó este viernes con la lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que el acusado escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York.

Hernández, que llegó a la Gran Manzana a las 0:15 de la madrugada procedente de Tegucigalpa, no llevaba el uniforme del Centro Metropolitano de Detención en el condado de Brooklyn, donde estará recluido mientras dure el proceso en su contra.

El exmandatario (2014-2022), que mostraba una aparente calma, vestía un abrigo acolchado azul y una camisa blanca durante la breve audiencia, que fue transmitida en circuito cerrado para periodistas (más algunos ciudadanos hondureños que pudieron entrar) en la corte federal en Manhattan donde se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.

Con la ayuda del intérprete el exmandatario escuchó del juez Stewart D. Aaron los cargos presentados en su contra por el Gobierno estadounidense, quien fijó la próxima audiencia para el 10 de mayo.

Ese día la audiencia será ante el juez Kevin Castel, que presidirá su caso, como también hizo con el excongresista Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente y que cumple en EE UU cadena perpetua por narcotráfico.

Ante la pregunta del juez, se limitó a decir que conocía los cargos por los que está siendo acusado

Hernández, de 53 años, fue acusado de tres delitos, cometidos según la fiscalía federal, entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua.

Ante la pregunta del juez, se limitó a decir que conocía los cargos por los que está siendo acusado.

El abogado Colón indicó al juez Aaron que Hernández "por el momento" acepta la detención pero "se reserva el derecho a pedir salir bajo fianza".

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, ha dicho que Hernández dirigía a Honduras como un "narcoestado".

Hernández, que antes de que se presentaran cargos en su contra había sido identificado en un documento de la fiscalía de Manhattan como el "CC-4" sin nunca mencionar su nombre y vinculándolo con el narcotráfico, ha reiterado en varias ocasiones que es inocente.

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