El Supremo descabeza el partido de Leopoldo López y da vía libre al chavismo
Los magistrados, denunciados por la oposición por su cercanía con el chavismo, decidieron suspender a la actual dirección de Voluntad Popular
Caracas/(EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió este martes a la directiva de Voluntad Popular (VP), el partido que lidera Leopoldo López, con lo que dejó vía franca al chavismo para las elecciones legislativas, cuando las tres mayores organizaciones de la oposición acudirán con juntas asimiladas.
En el caso de VP, el TSJ entregó sus símbolos electorales a José Gregorio Noriega Figueroa, un disidente del partido que había sido expulsado, a quien sus excompañeros acusan de ser sobornado por el Gobierno y que ahora presidirá una junta directiva ad hoc.
También integrarán esa junta Guillermo Luces y Lucila Pacheco, ambos diputados que habían manifestado estar en contra de los líderes tradicionales de la formación como López y Juan Guaidó, quien dejó su militancia en el partido en enero con el afán de ser reconocido como líder de la oposición en su conjunto y evitar los vínculos con un partido solo.
El TSJ entregó sus símbolos electorales a José Gregorio Noriega Figueroa, un disidente del partido que había sido expulsado, a quien sus excompañeros acusan de ser sobornado por el Gobierno y que ahora presidirá una junta directiva
Este nuevo equipo "podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio" del partido, agregó el TSJ, que suspendió además las expulsiones de Noriega, Luces y Pacheco por lo que les devolvió judicialmente una militancia que el propio partido había suspendido.
Poco tardó en llegar la respuesta, vía Twitter, de López, fundador del partido afiliado a la Internacional Socialista y su líder desde 2009. Para el político, quienes han sido designados por el TSJ son "traidores al pueblo venezolano apoyados por unos delincuentes con togas".
En su opinión, "la dictadura" que considera que ejerce el presidente Nicolás Maduro sobre Venezuela "siempre ha querido robarse la Voluntad Popular (...) a través de fraudes electorales, de persecuciones políticas, de cárceles injustas" y ahora con esta intervención judicial.
"A Voluntad Popular no la definen unos traidores impuestos por la dictadura, sino la memoria de nuestros hermanos caídos en la lucha, el sacrificio de los presos políticos y de quienes han debido ir al exilio, y la valentía de quienes luchan en las calles de Venezuela", subrayó López esa nueva directiva.
A la condena se sumó la oposición de forma individual y en su conjunto a través de la Mesa para la Unidad Democrática (MUD), la coalición con la que comparecieron a las últimas elecciones, que calificó la decisión del TSJ de "una nueva acción arbitraria del régimen de Nicolás Maduro".
"El TSJ secuestra la tarjeta, los símbolos y emblemas del partido político naranja para entregárselos a una directiva arribista y usurpadora", afirmaron también en la misma red social.
"El TSJ secuestra la tarjeta, los símbolos y emblemas del partido político naranja para entregárselos a una directiva arribista y usurpadora", afirmaron también en la misma red social
Pese a que Guaidó no se pronunció directamente sobre el caso, sí lo hizo la cuenta de Twitter de su Presidencia interina, cargo en el que es reconocido por casi 60 países, y que consideró que la decisión es inválida.
"Mediante una írrita decisión, pretenden apoderarse de la tarjeta, logos y símbolos de la organización política para entregársela a dos expulsados por corrupción y simular una falsa oposición para su próxima trampa electoral", expresó el Centro de Comunicación Nacional (CCN) de Guaidó.
Asimismo, calificó al Supremo como el "brazo judicial de la dictadura de Maduro". La oposición, mayoritaria en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) ha negado la legitimidad del TSJ e incluso ha nombrado uno paralelo que se encuentra "en el exilio", al no reconocer el procedimiento por el que fueron nombrados sus magistrados, a los que considera próximos al chavismo.
La decisión del TSJ causó cierta sorpresa, puesto que, además de la petición de Noriega para hacerse con la directiva de VP, el alto tribunal también estudia una solicitud de la Fiscalía de que el partido sea declarado una "organización criminal con fines terroristas".
El fiscal venezolano, Tarek William Saab, hizo la petición al TSJ en mayo pasado al considerar que Voluntad Popular había cerrado "el ciclo de conversión en organización terrorista trasnacional" con "una fase que comenzó el 23 de enero de 2019", cuando Guaidó juró como presidente interino de Venezuela amparado en una interpretación de la Constitución que le permitía serlo por 30 días.
Sin embargo, la entrega del liderazgo jurídico del partido a unos disidentes mucho más cercanos al chavismo está en la misma línea que las intervenciones que también decretó el TSJ a Primero Justicia (PJ), el partido de Henrique Capriles, y a Acción Democrática (AD), uno de los partidos con más implantación en el país y también miembro de la Internacional Socialista.
Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática son los partidos con más músculo y acudirán a las próximas elecciones con sus logos, símbolos y colores pero no con sus militantes
Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática son los partidos con más músculo y representación entre la oposición venezolana y, presumiblemente, acudirán a las próximas elecciones con sus logos, símbolos y colores pero no con sus militantes, puesto que las directivas que acudirán a los comicios legislativos del 6 de diciembre serán las nombradas por el TSJ.
Todas esas directivas están compuestas por militantes que fueron expulsados de sus partidos y a los que sus excompañeros acusan de haber sido sobornados. Todos ellos han mostrado también posiciones menos críticas con el chavismo gobernante y son tachados de "cómplices".
A eso se suma la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por el TSJ, ante la "omisión" que considera que ha hecho la AN, institución legalmente encargada de dichos nombramientos.
Por todo ello, la oposición considera una farsa las próximas elecciones legislativas, en cuyas papeletas los votantes encontrarán unas siglas y unos colores que reconocen y asocian a unos líderes a los que el poder judicial ha despojado de los partidos.
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