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Los gobernadores venezolanos deberán jurar ante la Constituyente aunque no la reconozcan

Maduro advierte a los opositores de que no podrán asumir su cargo si no se subordinan a la Cámara el mismo día que el Parlamento declara fraudulentas las elecciones

Maduro amenazó con la cárcel a quienes usen la gobernación para "la violencia". (@PartidoPSUV)

20 de octubre 2017 - 09:46

Caracas/(EFE). -El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este jueves de que el gobernador electo en los comicios del domingo que no se subordine a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no asumirá su cargo, y amenazó con la cárcel a quienes usen la gobernación para "la violencia".

"Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo. Llámese como se llame, es una decisión de la Constituyente plenipotenciaria. O respetan o respetan, así de sencillo", sentenció el mandatario durante un acto oficial en el estado Aragua (centro norte).

Maduro acusó a algunos de los gobernadores electos de la oposición de estar relacionados con las protestas que se registraron entre abril y julio, en las que murieron al menos 120 personas, y amenazó con su destitución y encarcelamiento si utilizan su nuevo despacho para incentivar actos violentos.

Maduro acusó a gobernadores electos de la oposición de estar relacionados con las protestas y amenazó con su destitución y encarcelamiento si utilizan su despacho para incentivar actos violentos

"Ganaron algunos gobernadores que estuvieron en las guarimbas (barricadas en las calles) pero se van a juramentar ante la Constituyente, y si alguno de ellos se come la luz (se sobrepasa) y, asumiendo la gobernación pretende utilizarla para la violencia y la guarimba, inmediatamente sería destituido e iría preso", aseveró.

El jefe de Estado venezolano ya había advertido de que quien participara en estos comicios estaría reconociendo la Constituyente, una junta conformada únicamente por chavistas y que es considerada fraudulenta e ilegítima por la oposición y por parte de la comunidad internacional.

Pese a esta advertencia, los opositores han sostenido que no reconocerán ni se supeditarán a este suprapoder.

Según la prensa esta orden ya sale reflejada en un "decreto constituyente" publicado en la Gaceta Oficial del país. Según la ley venezolana, los nuevos gobernadores debían ser juramentados en el Consejo Legislativo respectivo de cada región.

Sin embargo, este decreto advierte de que los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellos gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante la ANC, tal y como lo indicó Maduro.

El Parlamento de Venezuela, por su parte, declaró ayer fraudulentas las elecciones y anunció que pedirá a organismos internacionales que auditen los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una sesión parlamentaria, la Cámara declaró también como fraudulentas las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, afirma, actúa en "alianza" con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Parlamento declaró ayer fraudulentas las elecciones y anunció que pedirá a organismos internacionales que auditen los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral

El Parlamento exige al CNE que "facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa" por parte de organismos internacionales y "a cargo de expertos independientes" de todo el proceso electoral en el que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en disputa.

El acuerdo contempla además crear una comisión que documente "exhaustivamente las violaciones" al proceso "perpetradas" por el árbitro electoral y el resto de órganos del Estado "que están al servicio del Ejecutivo".

El Legislativo denunciará ante la comunidad internacional "la grave violación de la soberanía popular y de los derechos políticos" que, a su juicio, ha cometido el CNE, por lo que remitirá el acuerdo aprobado a instancias internacionales que se ocupan de los derechos humanos y democráticos.

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado graves irregularidades en el proceso electoral que culminó el domingo con los comicios regionales, que ya tenían un retraso de casi un año.

Entre estas irregularidades menciona la negativa del CNE a eliminar de las papeletas a los candidatos opositores que perdieron en las primarias de la MUD para escoger aspirantes únicos, algo que la coalición antichavista consideró una maniobra para confundir a los electores.

Otra de las medidas criticadas fue la reubicación, a escasas 48 horas de la jornada electoral, de los centros donde votaban alrededor de medio millón de electores, a los que el CNE habría ofrecido información confusa sobre el cambio.

Julio Borges afirmó que tanto dirigentes de la MUD "como parlamentarios van a ir a diferentes partes del mundo no solamente a denunciar el fraude, sino a presentar al país y al mundo cuál es un sistema electoral confiable"

Además, la MUD ha presentado supuestas pruebas de resultados manipulados, para cuya forja el aparato del Estado y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habrían expulsado a la fuerza a los testigos de la oposición en los centros.

La alianza opositora no reconoce el triunfo chavista, y buscará apoyo externo a sus denuncias como también hará el Parlamento, que acudirá a organismos no gubernamentales del "mayor prestigio" y a "organismos multilaterales" para obligar al Gobierno a abrir "una auditoría total cualitativa y cuantitativa".

El jefe de la Cámara, el opositor Julio Borges, afirmó que tanto dirigentes de la MUD "como parlamentarios van a ir a diferentes partes del mundo no solamente a denunciar el fraude, sino a presentar al país y al mundo cuál es un sistema electoral confiable".

Borges informó de que las autoridades no permitieron la salida del país a la junta directiva del Legislativo, que se disponía a asistir a la reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Rusia.

El presidente de la Cámara denunció una "persecución" por parte del servicio de inteligencia, e indicó que este hecho demuestra que el Gobierno "decide quién sale y quién entra violando los derechos de la gente sin ningún tipo de prurito".

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