Una universidad de Madrid rompe su relación con el Instituto de Danza Alicia Alonso

Madrid/(EFE).-Se oficializará en "unas semanas" pero la relación entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso, gestionado por la fundación de la intérprete cubana, ha concluido tras 18 años al no alcanzar un acuerdo sobre la naturaleza de la adscripción del centro.

La URJC aporta anualmente al Instituto, además de sus instalaciones, cerca de un millón de euros para que asuma la formación práctica -más del 80% de la carga lectiva- de los matriculados en los estudios de grado, 267 en este curso.

El Instituto, que comenzó en 1992 en la Universidad Complutense como Cátedra de la Danza, se convirtió en el primer centro autorizado en España para impartir titulaciones de grado, que empezó a impartir desde 2001 en la URJC, la primera enseñanza oficial de danza en una universidad española.

La URJC aporta anualmente al Instituto, además de sus instalaciones, cerca de un millón de euros para que asuma la formación práctica -más del 80% de la carga lectiva- de los matriculados en los estudios de grado, 267 en este curso

La célebre bailarina y coreógrafa Alicia Alonso, señala en una carta que está "consternada" ante la decisión del rector de la URJC, Javier Ramos, de concluir su relación y cerrar el instituto que lleva su nombre, único de características privadas adscrito a la universidad.

"Se me informa de que la posición del actual rector de la Universidad (...) es un factor determinante en la crisis", algo "muy injusto" después de "tantos años" de "esfuerzo y trabajo".

"Solo me resta apelar a las múltiples personalidades de buena voluntad que siempre han mostrado su respeto y admiración" por el Instituto, añade la intérprete.

En 2015, ha explicado a EFE el vicerrector de Ordenación Académica de la URJC, Fernando García Muiña, se formalizó con el Instituto una encomienda de gestión, es decir, la subcontratación de las enseñanzas, que no es posible mantener "en el actual marco normativo".

El convenio se extendía al curso 18/19 pero ya se comunicó entonces al Instituto que la naturaleza de la relación tenía que cambiar, según García Muiña.

Hasta el pasado 24 de julio, cuando ya se habían matriculado los alumnos -de ellos 40 nuevos-, "se ha intentado negociar y se han propuesto diferentes alternativas" que no han llegado a buen puerto.

García Muiña precisa que existe otro convenio "vivo" con el Instituto suscrito por ambos, la SGAE y la Comunidad de Madrid pero que "no tiene que ver" con el que está en discusión.

Los responsables del Instituto denuncian que los alumnos no han sido advertidos "del cambio unilateral de las condiciones" pero García Muiña sostiene que estas "no han variado" porque los estudiantes lo son de la universidad y cuando se matricularon aún no estaba resuelta la relación.

El Instituto ya está impartiendo las clases de este curso, porque "el convenio sigue vivo en 2019/20", y ha contratado a los profesores, como hace cada año, pero la URJC "no paga el dinero que debería así que habrá que despedirlos"

"Los estudios tienen que estar impartidos por la universidad", ha insistido el vicerrector, que afirma que aunque es cierto que el profesorado no puede dar más de 300 horas lectivas por curso, eso no es un impedimento para impartir las clases prácticas porque se contratará a más profesores, "el doble o el triple, los que sean necesarios para cubrir la totalidad de horas docentes".

"Ha sido una relación positiva hasta ahora pero falta flexibilidad y conocimiento de la situación. Estamos negociando con ellos cuando salen y aunque no me atrevo a dar una fecha será en las próximas semanas", ha añadido el vicerrector, quien ha insistido en que no se va a abonar al Instituto los 960.000 euros que reclaman.

El Instituto, ha explicado a EFE su director, Alberto García, ya está impartiendo las clases de este curso, porque "el convenio sigue vivo en 2019/20", y ha contratado a los profesores, como hace cada año, pero la URJC "no paga el dinero que debería así que habrá que despedirlos".

García asegura que todo el conflicto nace del deseo de la universidad de "asumir un modelo mercantil": "la universidad nos plantea que tenemos que pagar las instalaciones, 186.000 euros, y el 50% de las matrículas, que son tasas publicas. Un alumno cuesta 6.800 euros y pagan de matrícula 1.280. Se supone que la diferencia es lo que financian los Presupuestos Generales del Estado".

"Pretenden llevarnos al despido de los profesores. Si no podemos pagarles el instituto está abocado al cierre", ha añadido.

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