Militares y dirigentes del PSUV manejan centenares de empresas en Venezuela

Caracas/El régimen chavista, azote del capitalismo mundial, es lo más parecido a un empresario en bancarrota. En su afán por dominar todo el sistema económico y productivo de Venezuela, la revolución bolivariana maneja un total de 526 corporaciones públicas que solo en 2016 arrojaron pérdidas por el orden de los 1,29 billones de bolívares, equivalentes a la cifra astronómica de 1,29 mil millones de dólares.

Un informe elaborado por la ONG Transparencia Venezuela resalta que el Ejecutivo Nacional administra, al menos, "526 EPE (Empresas Propiedad del Estado), cuatro veces más que Brasil que tiene 130 y diez veces más que Argentina, que cuenta con 52". Ningún aspecto de la economía le es ajeno y así como mantiene una presencia monopólica en el negocio petrolero, ha extendido sus tentáculos hacia los sectores de manufactura, agroalimentación, ganadería, pesca, finanzas, servicios, transporte y construcción.

Ni el difunto comandante Hugo Chávez ni el presidente Nicolás Maduro inventaron el intervencionismo en Venezuela, donde el modelo del Estado rentista y sus petrodólares ha marcado el desarrollo –o atraso– de la sociedad. No obstante, desde el ascenso de la revolución bolivariana en 1999, esta tendencia alcanzó el paroxismo.

"Entre 2001 y 2017, el Estado venezolano creó o expropió 390 empresas que representan 74% del total de las que es propietario. El lapso de mayor estatización fue entre 2006 y 2010, cuando el Estado se apoderó o fundó 198 empresas", revela el estudio de Transparencia Venezuela. El boom petrolero, con un barril cotizado en 100 dólares, abrió las agallas de un régimen que convirtió la palabra "¡exprópiese!" en su grito de guerra.

La mayoría de estas empresas no han reportado beneficios para el país, ni en forma de dividendos, regalías o impuestos para el Tesoro Nacional, ni bienes y servicios para la sociedad

Una de las mayores expresiones de ese gigantismo lo encarna Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que en el año 2000 tenía participación accionaria en 17 empresas y que en 2015 ya estaba involucrada en 114 corporaciones, incluidas 42 que se dedican a actividades no petroleras. Dentro de esa lista estuvo la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), que protagonizó en 2009 uno de los peores escándalos de corrupción de la era chavista con la pérdida de más de 130 mil toneladas de alimentos.

"La mayoría de estas empresas no han reportado beneficios para el país, ni en forma de dividendos, regalías o impuestos para el Tesoro Nacional, ni bienes y servicios para la sociedad", afirma Transparencia Venezuela, que resalta otro hecho: "El Estado venezolano cuenta con importantes empresas fabricantes de los rubros básicos que escasean en el país".

Las compañías públicas son un barril sin fondo que se traga el dinero que debería invertirse en áreas sensibles para el crecimiento de la nación. Sus pérdidas– 1,29 mil millones de dólares, calculada a la tasa preferencial y oficial que se reserva el Gobierno chavista de 10 bolívares por dólar–  superan el presupuesto que el régimen socialista destinó en 2016 a salud, educación, vivienda y seguridad social.

La memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación muestra que en 2006 el 65,8% de las compras que realizó ese despacho fueron nacionales y 34,2% del exterior. Nueve años después, el Estado chavista creció pero esta relación se alteró completamente, la importación alcanzó 90,03% y las adquisiciones locales apenas sumaron 9,97%. "La caída de la producción de las EPE, desde Pdvsa hasta las empresas de leche, ha sido sostenida y se refleja en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, que tiene valor negativo desde el último trimestre de 2013", observa Transparencia Venezuela.

Transparencia Venezuela apunta que "ante los pobres resultados financieros que han registrado estas empresas, el Estado ha tenido que inyectarles recursos desde el presupuesto nacional

El economista Francisco Rodríguez asevera que la "economía venezolana sufre no solo de lo que es la peor contracción de su historia, sino de toda la posguerra latinoamericana". De acuerdo con sus mediciones, entre 2012 y 2017 el PIB se ha hundido un 36%. "La acumulación de errores de política económica en las últimas dos décadas dejó al país extremadamente vulnerable frente a shocks externos".

Transparencia Venezuela apunta que "ante los pobres resultados financieros que han registrado estas empresas, el Estado ha tenido que inyectarles recursos desde el presupuesto nacional en los últimos años y aún así se encuentran críticamente endeudadas". Hasta Pdvsa, la vieja gallina de los huevos de oro, ha tenido que ser auxiliada para sobrevivir. Sin embargo, el régimen insiste en mantener a flote a estas compañías deficitarias.

"Vamos a ponernos el reto, compañeros trabajadores. En el 2014, por lo menos un bolívar de dividendo y del 2015 en adelante, dividendos en dólares y bolívares", pidió Maduro en diciembre de 2013. Tres años después y con los bolsillos aún vacíos, volvió a requerir un mayor esfuerzo a sus camaradas. "Una empresa del Estado, una empresa socialista, en manos de la clase obrera, además, debe tener la meta en producir dinero (...) si somos persistentes en todos estos puntos más temprano que tarde, Venezuela va a tener un milagro de prosperidad económica que va a asombrar el mundo entero", vaticinó.

De las 526 empresas públicas identificadas, solo se conoce la estructura accionaria del 21%, la composición de la junta directiva del 6% y el nombre del presidente o máxima autoridad del 24%

El "milagro de prosperidad" todavía no llega. La República Bolivariana cerrará 2017 con una inflación por encima de 1.000%, la escasez de alimentos y medicinas empeora, y el bolívar se devalúa cada día. A pesar de este cuadro trágico, el oficialismo continúa "emprendiendo" y a finales de septiembre anunció la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur), al frente del cual designó a un Vicealmirante.

El caso de Agrosur parece confirmar otro de los hallazgos de Transparencia Venezuela: "Las EPE también han sido utilizadas para favorecer a determinados grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y así desvirtuar su compromiso (...) En la muestra de 127 empresas de las que se conocen sus máximas autoridades, el 30% tienen algún militar activo o jubilado en la junta directiva". La ONG destaca que los uniformados suelen estar "donde se concentran los mayores recursos".

Altos jerarcas de la FANB y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) manejan con total discrecionalidad estas compañías públicas, que hasta 2016 empleaban a 440.717 personas, 5,6% de la masa laboral del sector formal, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las 526 empresas públicas identificadas, solo se conoce la estructura accionaria del 21%, la composición de la junta directiva del 6% y el nombre del presidente o máxima autoridad del 24%. La opacidad y la ausencia de controles no solo impiden evaluar a cabalidad el desempeño de estos organismos, sino que promueven la corrupción, la captación irregular de dólares preferenciales que luego son transados en el mercado negro y la irrupción de mafias que se benefician del contrabando y la reventa.

"La sociedad venezolana en su conjunto ha sido la gran perdedora en la apuesta del Gobierno por hacerse empresario, pero sí ha habido ganadores, unos pocos que han hecho fortunas", concluye Transparencia Venezuela.

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Nota de la Redacción: Reproducimos este texto y las fotos con la autorización del digital venezolano Vértice.