Las misiones médicas son “el gran negocio capitalista esclavista" del Gobierno de Cuba

Madrid/Cuban Prisoners Defenders (CPD) hizo pública este martes la ampliación de su denuncia ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI), presentada, el 24 de agosto, en nombre de 622 médicos de la Isla que han estado en misiones en el extranjero.

En mayo de 2019, CPD, con sede en Madrid, anunció la presentación de la primera denuncia, contra seis políticos cubanos entre los que están el presidente Miguel Díaz-Canel y su antecesor, Raúl Castro. El documento contenía los testimonios de 110 médicos que denunciaban las condiciones en las que se veían forzados a trabajar en las misiones internacionales.

"Denunciamos situaciones de auténtica esclavitud por cientos de miles de personas. Consideramos que la Fiscalía de la CPI podría perfectamente investigar esos hechos como crímenes de lesa humanidad", afirmó entonces el letrado español Blas Jesús Imbroda, integrante de CPD.

Larrondo recordó que el trabajo de estos profesionales suponen un beneficio para Cuba de 8.500 millones de dólares netos

Este martes, en rueda de prensa online, el presidente de CPD, Javier Larrondo, hizo un duro recuento de cifras y datos a partir de los testimonios de los varios centenares de profesionales incluidos en la ampliación de la denuncia, que asegura ha recibido muy buena respuesta ante las instancias internacionales.

Según los datos de esta organización, las misiones suelen durar tres años y en ellas participan anualmente entre 50.000 y 100.000 profesionales, el 70% de ellos médicos, pero también ingenieros, profesores y deportistas. Larrondo recordó que el trabajo de estos profesionales suponen un beneficio para Cuba de 8.500 millones de dólares netos (6,400 millones de dólares en 2018, según los últimos datos oficiales disponibles). Tres veces el beneficio que reporta el turismo, precisó, al tiempo que calificó a las misiones como "el gran negocio capitalista esclavista de ese país".

Los informes coinciden en que los profesionales son forzados a participar en "condiciones de esclavitud" con largas jornadas laborales y restricciones a su libertad, de forma que por ejemplo no pueden conducir un coche o tienen que pedir permiso a un supervisor para casarse. La ley, además, penaliza con entre tres y ocho años de cárcel a quienes dejan las misiones, reflejado en el artículo 135 del Código Penal.

En la mayoría de los casos, el Gobierno cubano quita a los profesionales el pasaporte para retenerlos y les paga apenas entre el 10% y el 25% del salario que cobra a los países receptores, bajo el argumento de que La Habana necesita dinero para financiar el Sistema de Salud.

Larrondo destacó que estos profesionales están sujetos a la legislación cubana y, en concreto al Decreto 306 de 2012, "Sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior", y la Resolución 168, que, entre otras restricciones, incluye regresar a Cuba al terminar su misión, informar al jefe inmediato superior "de las relaciones amorosas con nacionales o extranjeros", pedir autorización para viajar a provincias o localidades distintas, toque de queda desde las seis de la tarde o pedir permiso para "gestionar invitaciones a familiares".

Larrondo destacó que estos profesionales están sujetos a la legislación cubana y, en concreto al Decreto 306 de 2012 y la Resolución 168

"Tienen un pasaporte especial y que no sirve en las aduanas. No pueden viajar sin autorización y nunca sin familia completa".

Además, tampoco se les permite llevar su título universitario. "Sin pasaporte ni títulos, no eres persona", dijo el presidente de CPD. "¿Cuál es el esquema que se parece a esto si no es la trata de blancas y la prostitución?", sentenció.

Entre otras de las condiciones que sufren los sanitarios en las misiones, la ONG incluyó las labores políticas y de proselitismos obligadas por los jefes, bajo amenaza de sufrir actos de repudio por parte de los propios compañeros.

Dos de los médicos que integran la denuncia acompañaron la intervención de Larrondo. Uno de ellos, Manoreys Rojas, que hoy vive en EE UU y lleva seis años sin ver a sus hijos, relató cómo cuando salió de misión, a Ecuador en julio de 2014, lo hizo "para cumplir con un programa para el que no estaba preparado". Lo hizo "porque es una salida económica, la única vía para escapar del país". Rojas reclama que el Gobierno cubano instala a sus médicos en las peores zonas de las ciudades, donde a menudo sufren robos, y que los obligaban a hacer labores de proselitismo y a elaborar estadísticas falsamente engordadas. En cuanto al objetivo de las misiones, es contundente: "embolsarse dinero a toda costa y por todos los medios posibles".

Como ejemplo, puso la venta de medicamentos de Cuba a Ecuador por 13.8 millones de dólares, "unos medicamentos que ni siquiera se pudieron usar".

Otro doctor, Leonel Rodríguez Álvarez, abundó en una experiencia similar. Especialista en medicina interna, estuvo primero en Guatemala y luego en Ecuador, donde hoy se desempeña como profesor universitario. Rodríguez narró que a Guatemala enviaron desde la Isla a enfermeras con un curso de apenas unos meses en anestesia y las hicieron pasar por anestesistas especializados, lo cual provocó conflictos con los médicos locales, que se negaban a trabajar con ellas.

Además, corroboró que a las misiones enviaban agentes de la Seguridad del Estado haciéndolos pasar por sanitarios. "Los que ya tenemos cierta experiencia, nos damos cuenta cuándo estamos intercambiando con personas que no son de nuestro gremio". Estas personas, precisó Rodríguez, son fácilmente identificables también porque tienen una actitud vigilante, censurando, por ejemplo, opiniones discordantes. Que el G2 intervenga en las misiones, asevera, "es un secreto a voces".

Además, corroboró que a las misiones enviaban agentes de la Seguridad del Estado haciéndolos pasar por sanitarios. "Los que ya tenemos cierta experiencia, nos damos cuenta cuándo estamos intercambiando con personas que no son de nuestro gremio"

Al respecto Larrondo menciona como prueba el caso de Bolivia, donde se demostró que de los 702 integrantes de la misión, solo 205 eran médicos.

La organización denunciante argumenta que la CPI sí puede exigir responsabilidades a las 58 naciones que han suscrito convenios contra la esclavitud.

Este junio, CPD acusó directamente a Noruega y Luxemburgo de contribuir a la financiación del sistema de esclavitud de los médicos cubanos en Haití y Cabo Verde, y les pidió revisar sus acuerdos de colaboración triangular para seguir siendo un ejemplo en derechos humanos para el mundo entero y no enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

La brigada en Haití se estableció en 1999 y dura hasta hoy, con casi 350 sanitarios de los que se desconoce el número total de médicos titulados. Noruega, país que no pertenece a la Unión Europea (UE), aunque sí al Espacio Económico Europeo, ha contribuido con un total de 2,5 millones de dólares mediante tres acuerdos de este tipo (triangulares) desde 2012 al sostenimiento de esa misión.

El dinero aportado por Oslo estaba mayoritariamente destinado a la construcción de infraestructuras médicas permanentes, pero una partida de en torno a 800.000 estaban previstos para los cubanos que, en ese país ganan 250 dólares al mes, una cantidad inferior al ya paupérrimo salario de los galenos locales, que se embolsan unos 400 dólares.

En el caso de Luxemburgo, este sí integrante de la UE, la cooperación se remonta a este mismo marzo, cuando firmó un acuerdo dotado con casi medio millón de euros para el establecimiento de un contingente de médicos cubanos en Cabo Verde.

Según CPD, el grupo establecido en ese archipiélago africano lo forman 79 colaboradores que prestan en diferentes áreas de salud, a los que se suman otros 33 pertenecientes a la brigada Henry Reeve para combatir el covid-19 financiados por un acuerdo tripartito con el país europeo.

En la rueda de prensa de este martes intervino Gilles Campedel, de la organización Prodie Santé, que ha puesto en marcha lo que ha llamado Brigada Internacional de Médicos Libres

En el caso concreto de los trabajadores en Cabo Verde, CPD citó un ejemplo de la vigilancia a la que son sometidos. Según un informe, el 7 de agosto de 2017 trascendió una comunicación entre la oficina del entonces ministro de Salud Pública, Roberto Morales, a la embajada en Madrid con copia al embajador en Cabo Verde en la que se pedía, por orden del coronel Jesús López-Gavilán, jefe del departamento de Salud del Ministerio de Interior, que un funcionario de la sede diplomática en España acudiera al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a supervisar la escala que debían hacer cinco galenos de Cabo Verde.

La indicación era "ser investigados y chequear la comunicación con familiares en el exterior" ya que, según el ordenante, uno de ellos había mostrado "fuertes indicios e intenciones para 'desertar'".

En la rueda de prensa de este martes intervino Gilles Campedel, de la organización Prodie Santé, que ha puesto en marcha lo que ha llamado Brigada Internacional de Médicos Libres. Se trata de un proyecto, que asegura ya presentaron a 17 países, bajo cuyo amparo los médicos cubanos podrán trabajar con remuneraciones justas –no menos de 2.500 euros al mes, aseguró Campedel– y sin intermediarios. "Tenemos médicos fantásticos y países que tienen voluntad de recibirlos", subrayó Campedel, quien destaca que la pandemia es una buena oportunidad para sacarlo adelante.

El juez Edel González, expresidente del Poder Judicial Provincial de Villa Clara, se mostró de acuerdo en que las brigadas deben "prestar un servicio, pero de calidad, con transparencia". El objetivo de cualquier análisis sobre las misiones, asevera, "no es eliminarlas sino humanizarlas". Después de analizar jurídicamente la denuncia, concluye que los castigos hacia los médicos que violen la legislación, como prohibir reunirse con su familia, es anticonstitucional.

José Daniel Ferrer, presidente de la Unpacu, agradeció la labor de Prisoners Defenders en su caso –la organización pidió en numerosas ocasiones su liberación– y elogió la creación de la brigada puesta en marcha por Prodie Santé. Ferrer, que recordó que sufre un cerco policial desde hace 74 días, se dirigió a los políticos de otros países que intervinieron en la rueda de prensa, como el español Javier Nart o la diputada argentina Lucila Lehman, para preguntarles: "¿Hasta dónde los políticos y la opinión pública de sus respectivos países están al tanto de esta situación? ¿Qué más se puede hacer para demostrar que el régimen no es solidario ni progresista?".

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