Nicaragua sigue sumando muertos mientras la OEA prepara un debate sobre su crisis

Managua/(EFE).- Las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega sumaron ayer una nueva víctima mortal, mientras la OEA se dispone a debatir este jueves una resolución, impulsada por ocho países, que busca crear una "comisión especial" en el seno del organismo para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua.

El muerto, identificado como Hernaldo Sánchez, pereció tras permanecer hospitalizado desde el pasado 28 de junio, cuando fue herido con balas de plomo en el municipio de Juigalpa (centro), dijo la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua fijó en 265 el número de muertos, entre ellos 13 menores de edad, en el marco de las protestas contra el Gobierno que han dado lugar a la crisis más sangrienta en el país desde los años 80 del siglo pasado.

La CIDH responsabiliza al Gobierno por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven"

Del total de fallecidos hasta el 31 de julio, 241 son hombres, 11 mujeres y 13 menores de edad, indicó esa comisión, que ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia y que consideran que son más las víctimas.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 448 personas muertas, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) 302.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven", cifró en 295 los muertos.

Por su parte, el presidente Ortega rebajó el lunes a 195 el número de fallecidos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) votará este jueves una resolución impulsada por ocho países y que busca crear una "comisión especial" en el seno del organismo para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua.

El Consejo Permanente considerará un proyecto de resolución que para ser aprobado necesita el voto de 18 de los 34 estados que son miembros activos de la OEA

El Consejo Permanente considerará un proyecto de resolución que para ser aprobado necesita el voto de 18 de los 34 estados que son miembros activos de la OEA y que ha sido impulsado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú.

El Gobierno de Ortega ya rechazó el pasado lunes la creación de una "comisión especial" en la OEA para dar seguimiento a la crisis y elevó su "más enérgica protesta" al organismo continental por esta iniciativa.

Según Managua, esa propuesta pretende "inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua".

De acuerdo con el texto de la resolución, el objetivo es crear una "comisión especial" cuyo mandato "será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua".

Si se aprueba su creación, los miembros de la comisión serán designados como tarde el 10 de agosto por la presidencia del Consejo Permanente, actualmente ocupada por Costa Rica, y se intentará que la entidad tenga "una representación geográfica equitativa", según el texto de la resolución.

Amnistía Internacional denunció que el Estado y grupos parapoliciales están disparando "a matar" para repeler las manifestaciones y que la crisis ha provocado el desplazamiento de más de 23.000 personas

Durante la jornada de ayer, el Congreso de Guatemala aprobó un punto resolutivo en el que rechaza la violencia y la represión que se vive en Nicaragua y en el que insta a todas las partes a hacerse partícipes del diálogo para poner fin a esta situación.

Además, Amnistía Internacional (AI) denunció en Uruguay que en Nicaragua el Estado y grupos parapoliciales están disparando "a matar" para repeler las manifestaciones y que la crisis ha provocado el desplazamiento de más de 23.000 personas, principalmente hacia Costa Rica.

Asimismo, el senador demócrata Bill Nelson solicitó al Congreso de Estados Unidos apoyar un proyecto encaminado a sancionar a funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Ortega y a su esposa, como consecuencia de la represión a las protestas opositoras.

En tanto, las Cámaras de Comercio Estadounidenses en Centroamérica (AmChams) condenaron la represión en Nicaragua y secundaron la posición de la Casa Blanca de solicitar elecciones libres en ese país para superar la crisis sociopolítica.

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